Relaciones económicas internacionales: ¡con la brújula perdida!

La política exterior de Chile ha tenido desde 1990 a hoy  pilares centrales asumidos desde el retorno a la democracia. Si bien, a lo largo de más de treinta años, éstos han variado en intensidad y sobre todo en cumplimiento, han logrado trascender como políticas de Estado a los gobiernos de turno.

Búsqueda del multilateralismo y darle valor a bloques como forma de interlocución política y particularmente económica, orientación macroeconómica y una decidida apuesta por el comercio exterior libre y apertura económica a un país pequeño, geográficamente lejano y de vocación por exportaciones nacionales con valor agregado. Ello llevó a que Chile se transformase en una plataforma de negocios, pero también a convertirse en un país donde el mecanismo de Tratados de Libre Comercio (TLCs) permitió el crecimiento, el desarrollo y la disminución de la brecha de pobreza, como nunca antes en la historia republicana.

Nadie en una discusión seria podría contrarrestar, que el círculo virtuoso de apertura al mundo y de asociación público-privado, y en especial con nuestros principales consumidores en el exterior, trasformaron un pequeño país lejano en un modelo éxito. Nuestro modelo de inserción en el mundo, es probablemente uno de los más abiertos, competitivos y por cierto exitoso en términos de desarrollo, generación de innovación, emprendimiento y mejora en los precios de consumidores locales. En Latinoamérica, una región que durante los sesenta y setenta apostó a un modelo de desarrollo interno, el ejemplo de Chile sigue siendo admirado, salvo por nostálgicos de un pasado no vivido.

Pese a la historia de éxito, que como todo relato, nunca carece de absolutos, en los últimos años, ha aparecido una corriente revisionista sobre dicho éxito de apertura, que vuelve a creer en modelos trasnochados de relaciones comerciales internacionales y apuesta a una difusa nebulosa de ideas que cuestionan el modelo de Tratados de Libre Comercio celebrados por Chile, impidiendo el acceso a nuevos mercados, lo que incluso se contradice con otras naciones de corte político progresistas y democráticas que han apostado firmemente por éste modelo. El ejemplo de Nueva Zelanda, Australia o Canadá, que tanto gusta citar en otros temas apuesta, sin lugar a dudas, a nuevos tratados comerciales, que ya no sólo contemplan esta esfera, sino también materias tan relevantes como los avances en materias de derechos humanos, mejora de la democracia o respeto al medio ambiente.

En este sentido, el nuevo texto constitucional, arrastra, inexplicablemente algo de esa nostalgia, que encuentra razones ideológicas de consigna, pero carece de propuestas para insertar y mejorar la posición de Chile en el exterior. Una ideología profunda que apuesta por la “producción nacional” allí donde Chile carece de competencias, innovación o donde producir y exportar no resulta fácil, menos en un entorno donde nuevos temas como la huella de carbono encarecerán prontamente los productos chilenos debido a la lejanía para su transporte o bien la falta de infraestructura necesaria para dotar al país de esa capacidad.

Si bien las declaraciones del nuevo texto apuntan al fortalecimiento de los principios de derecho internacional en materia de democracia, derechos humanos y cuidado del medio ambiente, una primera expresión llama la atención al fijar como área prioritaria de sus relaciones internacionales a América Latina y el Caribe, fijando en un texto constitucional áreas de influencia que no necesariamente se condicen con nuestros socios comerciales, políticos o modelos de desarrollo que Chile apuesta observando los países escandinavos, europeos o potencias económicas de amplio desarrollo en corto tiempo como Japón, Corea o China, por sólo nombrar algunos.

Pero lo que resulta más complejo, es que tras los ideólogos del texto constitucional y varios funcionarios de Gobiernos en puestos claves de relaciones internacionales, tanto en La Moneda, como en la Cancillería, existe una posición en que por primera vez, desde el retorno a la democracia el Estado de Chile comienza a poner en entredicho la apertura comercial de Chile, a la espera de la aprobación de un texto constitucional, dañando irreparablemente las relaciones internacionales y aún más la generación de desarrollo, innovación y empleo, tan necesarios en esta hora. En el primer año de vigencia del CPTPP, también conocido como TPP-11, las exportaciones chilenas cayeron un 36% dentro de los países del bloque. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, dónde su representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aún con preocupación, no puede despejar las dudas y dificultades con un gobierno, como el nuestro, que incluso llegó a sostener que haría “consultas populares” para definir la política exterior en materia comercial.

El Gobierno del Presidente Boric se reconoce altamente refractario a la firma del TPP-11, cuyas negociaciones se iniciaron bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet y Europa no logra cerrar las negociaciones de la actualización del Tratado de Libre Comercio vigente desde 2003. Mientras, el Presidente Boric y especialmente su equipo de relaciones económicas liderado por el novato y sobre ideologizado subsecretario José Miguel Ahumada, ponen en pausa cualquier negociación a la espera de un texto constitucional que contribuye a la incerteza jurídica de las inversiones en Chile. Todo lo anterior, mientras el valor del dólar aumenta por causa de las pesimistas proyecciones económicas, el peso se devalúa frente al dólar y la inflación aumenta la canasta básica y los combustibles para el consumo de los chilenos.

En estas ultimas semanas, el Subsecretario Ahumada ha ido más allá y ha revuelto innecesariamente el ambiente de las negociaciones con la Unión Europea y con los países miembros del TPP-11, quienes han visto con preocupación su escaso desempeño diplomático y lo añejo de sus postulados. El prestigio de nuestro país está en juego, pero ello poco parece importarle al Subsecretario, dándose incluso el lujo de cuestionar el sistema de solución de controversias del TPP-11. 

Es tiempo de reaccionar. Un país abierto al mundo no se puede dar el lujo de estar en compás de espera y creer que las relaciones exteriores son sólo fotos de colección para el muro del poder. Un Presidente tiene la obligación de conducir las relaciones exteriores con seriedad y sentido de urgencia. Ya no hay tiempo, mientras las oportunidades pasan por caprichos políticos anticuados. Para que el gobierno del Presidente Boric recupere la brújula perdida se requiere un golpe de timón, y para ello, la continuidad del Subsecretario Ahumada es un obstáculo mayor.