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22 de Julio de 2022

Gobernación de La Araucanía crea fondo de $6 mil millones para víctimas de violencia en la macrozona sur

Los beneficiarios deberán tener acreditada su calidad de víctima según el artículo 108 del Código Procesal Penal, y ser parte del catastro de afectados de la Delegación Presidencial Regional. 

Por Cristián Meza
El gobernador regional explicó que generará este fondo ante la imposibilidad de que se impulse una ley de reparación para las víctimas de la violencia. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Luciano Rivas, gobernador regional de La Araucanía, anunció durante la cuenta pública que creará un fondo de reparación para las víctimas de violencia rural en la macrozona sur. 

En la actividad, que se desarrolló en la Universidad de La Frontera de Temuco, Rivas expresó que “hoy firmé un mensaje para destinar $6.526 millones para ir en apoyo de aquellos trabajadores, pequeños y medianos agricultores, comerciantes, emprendedores que han sido víctimas del terrorismo en nuestra región”.

El gobernador regional explicó que generará este fondo ante la imposibilidad de que se impulse una ley de reparación para las víctimas de la violencia, por lo que junto al Consejo Regional se determinó crear esta iniciativa para beneficiar a emprendedores afectados por ataques incendiarios. 

Luciano Rivas recalcó que “como bien saben, soy un activo promotor de la ley de reparación de víctimas de violencia rural. Nuestro equipo redactó un proyecto de ley y se lo he entregado personalmente al presidente Piñera en su momento, al presidente Boric, a distintos ministros y parlamentarios, pero mientras no exista la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento, tenemos que trabajar con los instrumentos existentes”.

“Es así como suplementaremos el fondo del Ministerio de Interior que actualmente se ejecuta por Sercotec. Con esta inyección de recursos lograremos beneficiar a 272 víctimas que llevan años esperando un apoyo estatal y reduciremos la lista de espera a cero. Cuando hay voluntad y, sobre todo, hay empatía, se pueden lograr cosas, aunque digan que la seguridad no es nuestra función o mandato legal”, detalló.

Los beneficiarios deberán tener acreditada su calidad de víctima según el artículo 108 del Código Procesal Penal, y ser parte del catastro de afectados de la Delegación Presidencial Regional. 

Estos dineros se traducirán en subsidios no reembolsables, y que se destinen a restablecer las actividades productivas de los afectados. 

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