DC y la CPC exigen al Gobierno invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra Héctor Llaitul
Desde diversos sectores emplazaron al presidente Gabriel Boric a impulsar una medida en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien hizo un llamado a canalizar la violencia hacia el sabotaje.
El líder de la CAM, Héctor Llaitul, llamó a canalizar la violencia hacia el sabotaje generando diversas reacciones en el mundo político. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Las palabras de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), no pasaron inadvertidas en el mundo político.
“No podemos andar quitando la vida. No hacemos acciones de aniquilamiento, pese a que tenemos identificados a esbirros del poder que han cometido crímenes contra la causa mapuche”, expresó Llaitul en el medio digital Werkén. “La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinaria”, agregó.
A raíz de esto, desde diversos sectores instaron al Gobierno del presidente Gabriel Boric a tomar medidas concretas contra Llaitul y la CAM.
“Sus declaraciones constituyen una amenaza al Estado de Derecho, la seguridad y el orden público”, manifestó la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), mediante un comunicado. “Cuando una persona, que es el líder de una organización involucrada en numerosos hechos de terrorismo y violencia dice de manera pública que realizará acciones de sabotaje contra la propiedad privada, corresponde que el Gobierno y los correspondientes organismos del Estado reaccionen en forma inmediata para evitar que hagan efectivas sus amenazas”, añade el texto.
“No se puede dejar de aplicar la ley”, afirmó en paralelo Eric Aedo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, partido desde donde también condenaron las declaraciones de Llaitul. “Emplazamos al Gobierno a que nos diga con claridad a todos los chilenos y chilenas si va a tomar acciones contra el líder de la CAM invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado”, puntualizó el diputado Aedo.
Consultado al respecto, finalmente, el fiscal nacional Jorge Abbot aseguró que “para investigar al amparo de la ley de Seguridad del Estado, se requiere una denuncia o una querella por parte del Gobierno… Y esa es una decisión soberana del Gobierno, por lo que no puedo emitir una opinión”. Y aunque evitó el pronunciamiento, explicó que “eventualmente, si sus conductas son constitutivas de un delito distinto, pueden ser agrupadas a investigaciones actualmente vigentes”.
