Economistas estiman que implementación de nueva Constitución alcanzaría hasta US$45.000 millones por año

Un grupo de economistas y académicos realizó un estudio para proyectar los costos fiscales que implicaría la implementación de la propuesta de nueva Constitución, que será sometida a un plebiscito el próximo 4 de septiembre.

El análisis fue realizado por las académicas de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor; de la Universidad Católica, Claudia Martínez; de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín; y el investigador del Centro de Estudios Públicos, Gabriel Ugarte. A ellos se sumaron ex autoridades como el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

“Nuestra motivación es doble. Por un lado, buscamos proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto. Estamos convencidos que tener más información disponible es deseable para una mejor toma de decisiones”, expresaron los autores.

Además explicaron que “la metodología que se sigue en este estudio es similar a la que se utiliza cuando se estiman las implicancias fiscales de un proyecto de ley a través de los llamados informes financieros o cuando se estima el costo de un programa presidencial”.

Los escenarios de gastos

Los expertos decidieron realizar una proyección, estableciendo un escenario de Bajo y Alto gasto fiscal. “Los dos escenarios difieren a veces por el método utilizado y otras por supuestos o la interpretación del artículo respectivo”, precisaron. 

En ese sentido, plantearon que en un escenario de Bajo gasto el costo total anual sería de 8,9% del PIB (US$ 28.500 millones), mientras que en el alto asciende a 14,2% del PIB (US$ 45.000 millones).

En la postura conservadora se fijó 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% de costos por ajuste de stock en 10 años, mientras que para el escenario Alto el costo en régimen y el ajuste de stock en una década corresponden a un 11,4% y 2,7%, respectivamente.

Comparación con otros países

El estudio también dio cuenta de una comparación con otros países que implementaron nuevas constituciones. De acuerdo a los especialistas, los resultados fueron heterogéneos, aunque en su mayoría aumentaron considerablemente su indicador de gasto fiscal con respecto al PIB.

“En todo caso, es sugerente que la experiencia en América Latina, en particular de Colombia
(1991), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) muestra importantes incrementos en el gasto”, manifestaron.

Los economistas también se centraron en Venezuela (1999), que no muestra un aumento significativo de la razón gasto a PIB. La explicación detrás de esto sería que el gasto había comenzado en un nivel superior, a lo que se agrega la alta inflación.

Gastos por sector

El documento detalló además los gastos fiscales que implicaría la implementación de la nueva Constitución por sector, en donde la protección fiscal se llevaría la mayor parte con un 4,48% en el escenario de Bajo gasto y de 7,25% en un escenario Alto.

Tras esto viene el ítem de salud, con un 1,89% en bajo gasto y 2,75% en alto. Educación aparece con 0,81% (bajo) y 1,40% (alto); servicios públicos generales con 0,67% (bajo) y 0,94% (alto); orden y seguridad con 0,29% (bajo) y 0,53% (alto); y servicios comunitarios con 0,42% (bajo) y 0,67% (alto).

En la parte baja de los gastos se ubican las actividades creativas, culturales y religión, con gastos de 0,14% (bajo) y 0,29% (alto); protección del medio ambiente con 0,15% (bajo) y 0,29% (alto); y asuntos económicos con 0,04% (bajo) y 0,05% (alto).