Jackson defiende la compra por trato directo de 700 mil ejemplares del borrador de la nueva Constitución
El ministro Secretario General de la Presidencia respondió a la denuncia que pide investigar la compra que hizo La Moneda.
Jackson argumentó que antes del 4 de julio no había certeza del texto final a imprimir. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La impresión y distribución de casi 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución encargada por La Moneda se mantiene en la controversia. Luego del trato directo que autorizó el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un grupo de abogados denunció los hechos ante la Contraloría, por lo que el órgano fiscalizador revisará los antecedentes para esclarecer si hubo o no intervencionismo.
En La Moneda argumentan que el trato directo se encargó conforme a la reglamentación vigente en materia de compras y adquisiciones; sin embargo, los juristas que impulsan la acción de fiscalización argumentan que no hay elementos que justifiquen el gasto de más de $400 millones.
La vocera Camila Vallejo respondió durante la jornada del jueves que la administración que lidera Gabriel Boric está abierta a ser fiscalizada y entregar todos los antecedentes que sean requeridos. “La Contraloría está haciendo su trabajo”, argumentó la ex diputada del Partido Comunista.
Este viernes, en tanto, el titular de la cartera que visó la compra, Giorgio Jackson, insistió en defender la determinación en forma y fondo. “Antes del 4 de julio no se contaba con el texto final de la propuesta de nueva Constitución, por lo que no se podía precisar el producto en cuando a sus especificaciones técnicas, como número de páginas, características y diagramación”, arguye el ministerio que lidera Jackson, a través de un comunicado.
“La impresión de los textos se enmarca en las obligaciones constitucionales y legales de la Segpres, siendo el trato directo la única modalidad disponible para dar estricto cumplimiento a la labor encomendada por la Convención Constitucional”, agrega.
Cabe destacar que los abogados que hicieron la denuncia, liderados por Marcelo Brunet (RN), estiman que la compra reviste “una ilegalidad”, toda vez que “se le asigna una partida presupuestaria a un órgano que constitucionalmente no existe desde el momento que la Convención terminó con sus sesiones”.
