Argentina: “Vivimos revolcados en un merengue”

Soy de los que tiene una fascinación por la maestría que han desarrollado los argentinos en vivir al límite, siempre al borde de la cornisa, casi a punto de caer. Quizá con pocas excepciones (entre las que incluiría Italia), en cualquier otro país del mundo la combinación de factores por los que atraviesan hubiera significado hace rato un crash económico de proporciones, caos social y político con altas probabilidades de interrupción del sistema democrático e incluso una guerra civil (o todas las anteriores). Pero ello no ha ocurrido y los argentinos nos dan lecciones no solo de resiliencia y creatividad (por algo son los reyes del marketing), también de cohesión social y de cultura cívica.

Pero esa increíble capacidad de permanecer a flote en el torrente no es por supuesto infinita y las circunstancias ya complejas, se están tornando críticas. La sociedad está perdiendo la paciencia y no es descartable que estalle en furia exigiendo “que se vayan todos”, como ocurrió el 21 de diciembre de 2001, cuando el presidente De la Rúa debió escapar en helicóptero de la sede de gobierno ante la insurrección popular y renunciando a su cargo. Le seguirían 4 presidentes interinos en 11 días, hasta llegar a Eduardo Duhalde quien culminó el período restante.

El país vive un momento crítico en lo económico. La inflación se ha desbocado. El IPC de julio alcanzó 7,4%, según el dato difundido este jueves por el INDEC, la agencia pública de estadísticas (si es que se puede confiar que no son guarismos mayores). La cifra es la más alta para un solo mes desde abril de 2002, en plena crisis del corralito. La medición interanual alcanzó el 71%, mientras que el acumulado desde enero trepó hasta el 46,2%. Las proyecciones privadas para 2022 ya oscilan entre el 95% y el 112%. Para un país acostumbrado a vivir con inflación, esto es excesivo. El gobierno ha buscado contener el aumento del costo de vida con fijaciones de precios, pero esto no solo perjudica al sistema productivo con costos superiores a las ventas por el aumento permanente del precio de los insumos, también es imposible de imponer y fiscalizar.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, ante la delicada situación financiera del país, el gobernante suscribió un nuevo plan de ayuda para el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la línea de préstamos Stand By, por el que Argentina recibiría USD50.000 millones, un monto de dinero que nunca había sido desembolsado por el organismo. Esto ocurrió en junio del 2018. En términos efectivos Argentina recibió USD44.000 millones y desde el principio quedó en evidencia que el calendario de pagos de la deuda nunca fue viable y que buena parte de los fondos se gastaron indebidamente, contraviniendo los términos del acuerdo con el FMI. En definitiva, este masivo préstamo no fue más que un balón de oxígeno para unos pocos años, sin cambiar sustantivamente el escenario económico interno y sin permitir además la reelección de Macri.

Su sucesor, Alberto Fernández, de la mano de Cristina Fernández como vicepresidenta (tras 2 períodos como presidenta antes de Macri), llegó a la Casa Rosada por la desilusión de la población ante el fracaso de Macri de cambiar la dinámica económica y el deterioro de sus condiciones de vida. Fernández, como buen líder de izquierda de estas latitudes, prometió mejor distribución y subsidios y más sensibilidad social. Como era de esperar, una cosa es el voluntarismo y otra es la provisión de recursos. El déficit fiscal argentino es crónico. En los últimos 65 años solo 5 años han sido de superávit (2003-2008) y la deuda pública alcanza el 80,62% del PIB.

Cuando se acentúa la redistribución reduciéndose al mismo tiempo la generación de recursos que la sustenta, no solo se eleva el déficit, también se impulsa la inflación.

Sin recursos frescos, que no sea en definitiva más emisión, e incluso dificultando su generación con mecanismos como la fijación de precios y los impuestos a las exportaciones, las promesas del gobierno se fueron diluyendo rápidamente.

La mala gestión económica, a la que se suma un contexto externo complicado con la guerra en Ucrania, han agudizado la crisis, lo que incluye una declarada guerra civil en el oficialismo entre Alberto y Cristina Fernández.

La negociación con el FMI para repactar la deuda fue uno de los puntos de quiebre entre los Fernández. Cristina estimó que sus condiciones eran lesivas y por lo tanto inaceptables, mientras que Alberto, sus partidarios e incluso la oposición aprobaron el acuerdo, considerando que Argentina no tenía ninguna alternativa de acceder a financiamiento externo y que arriesgaba un nuevo default inminente (peligro que por lo demás sigue subsistiendo).

A la lucha fratricida gubernamental se suma la acumulación de investigaciones y juicios contra Cristina Fernández, su familia y entorno por corrupción y enriquecimiento ilícito, sin que hasta ahora haya habido alguna consecuencia judicial ni política. La vicepresidenta enfrenta 10 juicios, de los cuales 5 están para fase oral y 5 en etapa de instrucción.

Producto del enredado escenario, Alberto Fernández ha tenido una fuerte merma de popularidad y está jugando lo que (desde la perspectiva chilena) parecen ser sus últimas fichas.

Nombró a Sergio Massa, hasta hace poco presidente de la Cámara de Diputados y uno de los líderes del peronismo, como súper ministro de economía. Esto fue una hábil maniobra política que ha traído cierta calma en los agentes económicos, pero que no tiene asegurado un final feliz. Massa se juega la posibilidad de ser el próximo presidente argentino si logra desactivar la bomba de tiempo.

El desafío es enorme. Por un lado, se debe cumplir con las reformas y metas exigidas por el FMI, lo que implica reducir el déficit y por lo tanto las prestaciones y subsidios públicos, en momentos en que hay una fuerte presión sindical y social por aumentar los salarios y por más recursos fiscales.

Massa estructuró su plan de acción en torno a 4 ejes: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión.

La primera medida que anunció Sergio Massa será conseguir el “orden fiscal” mediante el cumplimiento de la “meta del 2,5% del déficit primario del sistema público nacional” establecido en el Presupuesto 2022. En esa línea, el ministro de economía hizo hincapié en el congelamiento de la planta del Estado. En materia de subsidios a las cuentas de luz y gas, se anunció un sinceramiento de las tarifas, básicamente con un consumo mínimo subsidiado, pero sin apoyo para lo que lo exceda.

En materia social, que es el tema más sensible, los menores recursos disponibles se enfocarán en la creación de empleos formales, con un subsidio importante a cada contratación adicional que hagan las empresas. Se proyecta con esto sumar a 200.000 personas en trabajos formales en el 2023, lo que aumentaría en función de los mayores recursos que se obtendrían con una economía más dinámica.

Finalmente, estos ejes definidos debieran reforzarse con un acuerdo de precios y salarios al que llamará el presidente Fernández, sentando en la mesa a empresarios y trabajadores con el Estado para plantearse objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Pero una cosa es estabilizar la economía y otra es permitir su desarrollo a la altura de su potencial, y ahí es donde el sistema político argentino no ha sido capaz de hacer un cambio de paradigma. El peronismo inauguró una dinámica que ha privilegiado los subsidios y un rol importante del Estado en la economía incluyendo su excesiva regulación, lo que se ha traducido en un menor crecimiento y en el surgimiento de un sector informal (que no podría subsistir o prosperar de otra forma) que llegaría al 50% de la actividad. Esa receta está agotada, pero ninguna opción política ha sido capaz de construir otra alternativa. Lo de Menem fue una ilusión sobre un tipo de cambio fijo, sin desmontar otros obstáculos ni facilitar el emprendimiento.

En las últimas encuestas ha subido en su intención de voto Javier Milei, el derechista libertario, quien se ha posicionado como el candidato individual con más apoyo. De llegar al gobierno, sería el único que hipotéticamente haría cambios sistémicos importantes en materia económica.

En suma, el gobierno de Fernández está muy debilitado y amenaza con convertirse en un pato cojo muy pronto, tanto si a Massa le va mal como bien, porque si sucede lo segundo será el principal beneficiario del aprecio popular. Si Massa no logra sacar al país de la crisis, no solamente podría venir un estallido social, también podría abrirse la opción para alguien radicalmente distinto como Milei en 2023.

Como dice una de las estrofas del famoso tango “Cambalache” “…Vivimos revolca’os en un merengue – Y, en el mismo lodo, todos manosea’os – Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor – Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador – Todo es igual, nada es mejor…”

A ambos lados de la cordillera debemos observar con atención lo que ocurre en el otro país porque el margen de error para nuestros gobernantes es cada vez más reducido, pero también lo que ocurra en uno podría ser un anticipo de lo que va a pasar en el otro.

Por último: qué genial es la letra del tango Cambalache y por lo mismo, plenamente vigente.