Defensa de Martín Pradenas solicitará anulación del juicio que lo condenó a 20 años de cárcel
El imputado fue declarado culpable de delitos de violación y abuso sexual.
Desde la Fiscalía valoraron la condena a Martín Pradenas, mientras que la familia de Antonia Barra no quedó conforme. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
La defensa de Martín Pradenas, quien fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual, solicitará ante la Corte de Apelaciones de Temuco la nulidad del juicio, acusando “infracciones que han perjudicado” a su representado.
“Vamos a hacer valer todas las garantías que tiene todo imputado que es condenado por la sentencia de un tribunal, tanto en lo orgánico como en lo adjetivo y en lo sustantivo”, aseveró el abogado Javier Jara en conversación con Radio Cooperativa.
El defensor de Pradenas indicó que “es sumamente importante que Chile haya suscrito y ratificado los tratados que defienden a la mujer, pero también creemos importantes todos los tratados que le dan garantías, primero, a la presunción de inocencia y, luego, al debido proceso legal”.
“Creemos que en este proceso se han producido infracciones que han perjudicado a nuestro cliente”, reiteró Jara.
Reacciones a la condena
Fue durante este viernes que se conoció la condena en contra de Martín Pradenas, la que no dejó satisfechos a los familiares de Antonia Barra.
La madre de la joven que se quitó la vida tras el abuso. que sufrió por parte del imputado, esperaba que el tribunal aceptara la solicitud de la Fiscalía, quienes solicitaban 41 años de cárcel.
“No es justo ¿cuál de todas las víctimas quedó sin justicia? Se pidieron 41 años y le dan la mitad. O sea que tú puedes violar, puedes abusar, puedes matar a alguien y es un dos por uno”, afirmó Marcela Parra.
Sin embargo, desde la Fiscalía valoraron la condena en contra de Martín Pradenas, asegurando que es “la tercera mayor pena” que se ha aplicado en la legislación chilena y que “está acordé de acuerdo a la vulneración de bienes jurídicos que se acreditaron a lo largo de las jornadas de juicio”.
El fiscal Miguel Ángel Rojas detalló que “se trata de 20 años de privación de libertad efectiva, más penas accesorias como por ejemplo: la prohibición de acercamiento a las víctimas en el lugar donde se encuentren después de 10 años de cumplida la condena originalmente impuesta. Además de la toma de muestras ADN, para el registro de condenados por delito sexual”
