Sobre la libertad de enseñanza
Llama la atención que la propuesta constitucional establezca el derecho a la libertad de educación. En el mismo artículo que la consagra comienzan las restricciones a esta libertad: sujeción al bien superior del niño y la autonomía progresiva (sugiero al lector informarse sobre estos conceptos que suenan tan lindo).
Queda restringida también por los principios arbitrariamente establecidos en la propuesta (perspectiva de género e interculturalidad, entre otros).
Es una evidente restricción la omisión el derecho de la sociedad civil a crear y mantener establecimientos no estatales. Será un Congreso unicameral (con cuotas para pueblos indígenas) que actúa por mayoría simple quien haga y deshaga las normas aplicables. ¿Quién invertirá en un colegio con esa incerteza jurídica?
Se restringe además porque cúpulas de apoderados y profesores podrán cambiar el proyecto educativo (cambiar las reglas del juego). Esto llevará a muchos sostenedores a entregar las llaves de su establecimiento al Estado, pues se harán responsables de algo que no comparten.
Se restringe esta libertad por la libertad de cátedra de la que gozarían los profesores desde la educación preescolar. Otro incentivo para la entrega de llaves del colegio al Estado, pues la dirección del colegio no tendrá control alguno sobre el método de enseñanza del profesor.
Hay más: esta libertad limita con el derecho de cada niño para recibir educación sexual integral ESI. La ESI es resistida por muchos apoderados y colegios que no conciben una sexualidad orientada a su “disfrute pleno”, comenzando su pedagogía en primero básico. Esto deja a colegios confesionales obligados a enseñar lo que no quieren. Menos colegios privados, más colegios estatales, menos libertad.
Para ser coherentes, los convencionales deberían haber incluido un artículo del siguiente tipo: “se entenderá como libertad lo que esta Constitución establezca como tal”. A falta de eso, el derecho a “la libertad de enseñanza” es una frase vacía, ornamental y, hay que decirlo, engañosa.
Felipe Varela, director de Mi Derecho a Educar
