Plaguicidas en Chile

Según datos publicados por el Servicio Agrícola y Ganadero, la venta nacional de plaguicidas el año 2004 y 2019 fue de 22.799 y 54.697 toneladas kilos/litros respectivamente, aumentando un 240%. Este aumento, va de la mano con las notificaciones de transgresiones de los Máximos Residuos de Plaguicidas (LMRs) en hortalizas producidas y comercializadas en Chile y las notificaciones de intoxicaciones agudas entre 2008 y 2018, publicadas por la Vigilancia Nacional de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas (REVEP).Por otro lado, el anuncio de nuevos cambios de la normativa vigente 892 de LMRs y la tardía modificación de las etiquetas de estas moléculas, además de la escasa coordinación entre los servicios fiscalizadores, han generado una confusión sobre las carencias y usos en los agricultores.

Si bien en el país el tema prioritario es la inocuidad alimentaria, debido a la sobre utilización y mal uso de los plaguicidas, un tema fuera de la discusión es el impacto ambiental de estas moléculas, principalmente a nivel del suelo, agua (superficial y subterránea), y su flora y fauna asociada. Debido al cambio climático, el transporte y transformación de los plaguicidas pueden generar persistencia de estas moléculas, que, dependiendo de su concentración y destino ambiental, pueden causar la muerte de flora y fauna no objetiva como abejas, peces, lombrices, microrganismos, invertebrados, por mencionar algunos.

Existe evidencia científica a nivel internacional que plaguicidas altamente peligrosos comercializados en Chile, tales como imidacloprid, clorpirifós, clorotalonil, atrazina, carbendazim, linuron, y cipermetrina, entre otros, son tóxicos en polinizadores, causan problemas de alimentación, reproducción y alteración de su ciclo biológico, entre otros impactos en la flora y fauna terrestre y acuática, e incluso apareciendo en concentraciones peligrosas como el caso del clorotalonil en agua potable.

En Chile, el sistema post registro de estas moléculas es muy ineficiente, no existe monitoreo ambiental a nivel nacional para determinar la concentración residual, además de no incorporar la evaluación de riesgo para restringir, cancelar o prohibir un registro de plaguicida de uso agrícola. Por lo tanto, existe una necesidad no cubierta de crear institucionalidad y un marco normativo frente a estos riesgos, que permitan asegurar la calidad de nuestro suelo y agua, dando sostenibilidad ambiental a los sistemas de producción de alimento en Chile.