Congreso extiende por octava vez el estado de excepción en La Araucanía y provincias de Biobío y Arauco

Por 38 votos, 1 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó renovar, por octava ocasión, el estado de excepción constitucional en La Araucanía y provincias de Biobío y Arauco, con lo cual se mantendrá la medida por otros 15 días.

Durante el debate,  los parlamentarios hicieron presente a las autoridades, la necesidad de abordar una estrategia que permita aumentar los estándares de seguridad y de desarrollo en la zona, especialmente, tras el ataque que dejó al cabo segundo de Carabineros, Jorge Geissbuhler baleado y en estado de gravedad y del atentado con el descarrilamiento de tren en Perquenco.

Asimismo, junto con valorar la promulgación de la ley que persigue el robo de madera en troza, se recordaron los compromisos en orden a impulsar los proyectos que permitan actualizar y reforzar la legislación para investigar y perseguir los delitos de alta complejidad, como narcotráfico y terrorismo. Entre ellos, se mencionó el proyecto sobre infraestructura crítica, la ley corta antiterrorista, el que eleva las penas por el delito de usurpación y el relativo al sistema de inteligencia del estado, entre otras.

Asimismo, acogiendo la sugerencia del senador José García, la Sala encomendó a las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad analizar junto al Ejecutivo, los antecedentes de la aplicación de los planes de seguridad, desarrollo e inversión para la zona, resguardando en lo necesario la publicidad de información reservada.

Al respecto, la ministra Carolina Tohá aseguró que “avanzamos en paralelo en lo inmediato y en desarrollar un plan más de fondo. Antes de la próxima renovación incorporaremos indicaciones para un proyecto de resguardo y protección de la infraestructura que permita ir focalizando la acción militar en áreas específicas, mientras tenemos un cambio de fondo con las policías”.

Agregó que “en el plan Buen Vivir, iniciativa análoga a lo que otros gobiernos han hecho queremos que sea un laboratorio que permita generar una política de estado con un mecanismo legal que permita la reducción de brechas y una mayor inversión”.

Por otro lado, la ministra Tohá anunció que “vamos a instalar un diálogo de alto nivel con la comunidad regional, las comunidades indígenas, el mundo económico y la sociedad civil”. En ese sentido, comprometió la voluntad del gobierno para trabajar en conjunto con organismos gremiales a fin de tener diagnósticos de cifras comunes.