Ley que regula la violencia sexual en universidades: ¿será suficiente para lograr eliminar este tipo de violencia?

Lo siguiente más que una celebración es un hecho difícil de olvidar. Un pequeño grupo de profesores de medicina y estudiantes decide celebrar el término de un semestre con una reunión en casa de uno de los médicos. En el momento en que los estudiantes ya se retiraban de la celebración, una de las compañeras se habría quedado dormida. “Cuando me incorporé, tenía mi ropa interior hasta la rodilla y él estaba sobre mí. Traté de resistirme, le dije que parara, pero él se puso agresivo”.

La víctima declaró que los estudiantes tenían una relación de confianza con el docente, por eso sus compañeros no se preocuparon cuando decidieron dejarla durmiendo en su casa. Una vez difundido el hecho, salieron a la luz nuevos testimonios, “Todos sabíamos que era una persona rara, siempre se estaba insinuando a las alumnas, con comentarios desubicados y sexuales”. La víctima denunció a las autoridades y a la universidad, pero desde esta última nunca recibió una respuesta, a pesar de escribirle directamente a las más altas autoridades.

En las Universidades y otros Institutos de Educación Superior, el cómo enfrentar el acoso y la agresión sexual aún permanecen en una zona gris. Tradicionalmente, frente a este tipo de hechos las instituciones han entregado un gran apoyo a sus docentes, pero no siempre se han puesto del lado del sobreviviente. En cambio, algunas faltas cometidas por los estudiantes, como la copia y el plagio, son consideradas graves y se sancionan con suspensión y eventualmente expulsión, mientras que las medidas por agresiones sexuales cometidas contra un miembro del estudiantado por un docente o entre los propios alumnos y alumnas, son visiblemente menos duras y, en los casos en que se aplica un protocolo definido, el tema se demora meses en resolverse, mediante procesos interminables en los que muchas veces incluso se duda del o la denunciante, revictimizándolo/a.

Considerando esta realidad, hace un par de años, autoridades del Senado presentaron un proyecto que dio origen a la ley N°21369, que Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior. Promulgada el 31 de agosto de 2021, busca que las IES cuenten con una política integral contra el acoso sexual, incluyendo un modelo de prevención y otro de sanción. Asimismo, y quizás lo más importante de la ley, es que exige que las instituciones cuenten con acciones de prevención, información, difusión, capacitación, etc.

A la fecha, las tasas de cumplimiento de las IES van desde el 71% hasta el 100% dependiendo de la región de Chile, lo que es una excelente noticia, pero no es suficiente. Como consultora experta en prevención de abusos, sabemos que incluso el más estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21.369 no asegurará que los casos de acoso sexual disminuyan radicalmente o se eliminen por completo. Para implementar un modelo que pueda realmente prevenir, es decir, que logre evitar que suceda un abuso, es necesario complementar las actuales exigencias legales con medidas adicionales que son claves, como exigencias para los procesos de selección de personal, protocolos de respuesta centrados en la víctima, desarrollo e implementación de canales de denuncia, mallas de capacitación específicas a estudiantes y personal de la institución, etc.

La invitación desde Praesidium es a trabajar desde la prevención en Universidades e Institutos de Educación Superior, los abusos sexuales sí pueden prevenirse y las organizaciones que toman iniciativas con este fin pueden lograr de manera real y eficaz que en su interior se trate con dignidad y respeto a todas y todos sus miembros, ya sean alumnas, alumnos, docentes, administrativos y otros. Prepararse para evitar los acosos sexuales en todos sus ámbitos es un trabajo que como sociedad debemos priorizar.