La historia detrás de la caída de la Ley de Indulto a los “presos de la revuelta”

Para que el Senado visara la Ley de Indulto “a los presos de la revuelta” con o sin urgencia, La Moneda necesitaba 1 voto de la oposición. Sin embargo, ningún legislador de ese sector se inclinaba a favor. Asimismo, 2 de 5 los senadores DC tampoco aceptarían su aprobación. Luego, tras el plebiscito del 4 de septiembre, entre los 13 senadores del Socialismo Democrático, dos consideraban que la ciudadanía no entendería un “perdonazo” y otros dos tenían dudas, aun cuando había “algunas condenas”  que les parecían excesivas.

Sostienen en el oficialismo que, en ese marco, sumado a un aumentos de la percepción de la inseguridad por delincuencia por doquier, en el mejor escenario el Gobierno tendría 19 o 20 votos, lo que constituiría de votarse una derrota fulminante para el bloque.

Fue en agosto, cuentan en el oficialismo, que el Gobierno comprendió que aprobar una Ley de Indulto, una propuesta de campaña del presidente Gabriel Boric, para condenados del estallido social era imposible. Ahora, se necesitaría un voto de la oposición, y convencer a, al menos, a cuatro legisladores oficialistas de respaldar el proyecto. Los socialistas, se adelantaron a ello, y se lo advirtieron al Ejecutivo en una reunión.

En el Socialismo Democrático cuentan que fue en julio pasado. Otros lo recuerdan en junio. Pero coinciden que en un almuerzo con el comité de senadores del PS, con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en el Congreso, se le planteó al Ejecutivo que “la única opción viable sería por medio de indultos presidenciales individuales”. Sin embargo, testigos de la cita sostienen en la cita con ingenuidad las jefas de Estado aún creían posible una fórmula para su aprobación.

Tras esa cita, para calibrar si en medio de una ola de homicidios, robos y encerronas, el electorado entendería un indulto, surgió la idea de medirlo esa percepción en encuestas de alto nivel. Los sondeos arrojaron que causarían indignación. Los analistas, que incomodaría a Carabineros y el Poder Judicial, además de una lista larga de efectos que incluso podrían tener un impacto en el Plebiscito, ya que la propuesta de la Convención abordaba una serie de elementos sobre seguridad.

Por ello, mientras algunos funcionarios de Palacio optaron por esperar para llegar a un acuerdo, otros plantearon la idea de acelerar procesos los pendientes y analizar si era viable efectuar indultos presidenciales por razones “humanitarias”, dicen. 

 

Los autores que sobreviven a la propuesta y la puesta en escena de Jackson para presentarla

El proyecto de ley fue iniciado por una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC) y los ex senadores Adriana Muñoz (PPD) y Alejandro Navarro (MAS) para conceder, dice el escrito ingresado, “indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala”.

El grupo de los 5 lo ingresó el 9 de diciembre de 2020, se analizó en cinco comisiones, pero no llegó a la sala nunca. El 21 de marzo pasado, 10 días después de instalarse en La Moneda, ex el ministro secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, su principal defensor anunció que el Gobierno daría suma urgencia al indulto a los llamados presos del estallido social.

En una sensible puesta en escena en el Patio de Los Naranjos y acompañado de la senadora Fabiola Campillay, quien perdió su visión producto de una bomba lacrimógena lanzada a su rostro por Carabineros, en el contexto de la revuelta, mientras iba a su trabajo, Jackson expresó: “Para nosotros es importante en materia de derechos humanos, en la línea en la que se ha venido conversando en conjunto tanto con los distintos ministerios, como el de Justicia, Interior, Economía, poder cerrar o de alguna manera revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”.

El 5 de abril de 2022 el Ejecutivo puso la urgencia, calificándola de “suma”, para el despacho del proyecto. Duro poco el énfasis. Sin mayor explicación, el 4 de mayo de 2022 se retiró urgencia suma el Ejecutivo hace presente al Senado la urgencia simple.

 “Hoy día no es algo que estemos incentivando porque hemos estado teniendo discusiones y hasta que no tengamos noticias y un acuerdo en el Senado no impulsaremos una nueva discusión (…) esto requiere grandes acuerdos de todos los sectores y vamos a seguir como gobierno impulsando esos grandes acuerdos”, afirmó entonces la ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS).

Vallejo confirmó que por el momento no reingresarán la urgencia, “pero estaremos siempre evaluando todo como corresponda para responder esos compromisos programáticos”.  

Boric advierte inviabilidad entre un indulto y la prioridad de “ganarle a la delincuencia”

En mayo, las cifras indicaron que la delincuencia se alzó como preocupación entre la ciudadanía , principalmente en delitos de homicidio y bandas de crimen organizado. Ese mes en el Gobierno se comenzó a subrayar que la seguridad era una prioridad.

En junio el indulto era cada vez más incómodo y en La Moneda se comenzó a debatir frenarlo. Según comentan en Palacio, a mediados de mes la Secom mandó a elaborar al menos dos sondeos de opinión, que buscaba “identificar requerimientos y prioridades ciudadanas, respecto a tópicos de interés público” y “potenciales tendencias en la preocupación ciudadana”. Uno de ellos a Go Research. Los resultados advirtieron que seguridad pública, homicidios, encerronas y crimen organizado eran un foco de temor en la gente superior a lo económico.

Semanas después en Presidencia se definió difundir la idea de que la seguridad pública era una prioridad para el mandatario.

 “Vamos a recorrer cielo, mar y tierra para golpear a la delincuencia”,  “la seguridad es una prioridad, porque que sin seguridad no hay derechos”, “No vamos a permitir que la delincuencia siga ganando espacio”, “quienes eligen el camino del delito, de la asociación ilícita, del narcotráfico, les vamos a decir que no les vamos a dar tregua, les vamos a ganar”, fueron las frases que irrumpieron en los discursos del ex dirigente estudiantil, en un año antes defendía la ley.

Según comentan en Palacio, en julio pasado, el Gobierno amplió querellas por Ley de Seguridad del Estado a Hector Llaitul por atentados en La Araucanía, en medio de otra polémica sobre seguridad en el conflicto mapuche. 

En agosto, el Ministerio del Interior, principalmente el subsecretario Monsalve (PS), comenzó a pulir una lista de medidas contra bandas del crimen organizado, dedicadas a robos, saqueos, y narcotráfico. De hecho, una idea que se analizaría es la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública para separar lo político del combate a la delincuencia.

El factor del subsecretario Monsalve y el desplome del indulto de las prioridades

Tras el 4 de septiembre, si bien la idea del indulto no había sido desestimada por completo, se transformaba en un problema político a semanas del tercer aniversario del 18-O.

En ese contexto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habría expresado al presidente que no era viable políticamente la aprobación en el Congreso del proyecto de indulto, en medio de un aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad, Mucho menos que fuera una prioridad legislativa, mismo tiempo el fortalecimiento la seguridad pública.

En el PS sostienen que se le hizo ver al Mandatario un cuadro de realismo político. Explican que si bien el proyecto de indulto continúa en tramitación, este ha perdido fuerza y legitimidad, por lo que insistir en una tramitación exprés crisparía las conversaciones con la oposición en prioridades clave para la marcha del Gobierno: seguridad, reforma tributaria, pensiones y economía.

Asimismo, en el oficialismo reconocen que la relevancia que le daba Jackson a la moción de los tres senadores que la presentaron y permanecen en el Congreso, era más entusiasta que la que le atribuye su sucesora, Ana Lya Uriarte, y la ministra del Interior, Carolina Tohá. A ellos se suman dos autores del proyecto, Alejandro Navarro y Adriana Muñoz, ya no están en el Congreso, mientras que las senadoras Isabel Allende y Yasna Provoste no han insistido en su urgencia. Solo el quinto autor, su par por Valparaíso, Juan Ignacio Latorre (RD), ha continuado defendiendo su necesidad.

El proyecto se encuentra para ser debatido y luego votado en la sala del Senado desde julio. En agosto pasado, los senadores oficialistas optaron por no dar prioridad en la tabla legislativa, aun cuando sus pares de oposición insistían en que se votará antes del plebiscito de salida. Hoy el proyecto no cuenta con los 25 votos que requiere para ser aprobado. Más bien, estaría cada vez más lejos de llegar a eso.