CFT estatales: una política que requiere revisión
Los datos analizados revelan una situación de ineficiencia e ineficacia que no puede ser tolerada en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Se debería situar la política pública de CFT estatales en una estrategia nacional de largo plazo, que considere la adecuada transición de cada individuo al mercado laboral como un elemento central de los programas estatales. AGENCIA UNO/ARCHIVO
El 21 de marzo de 2016 se promulgó la ley de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, que estableció la obligatoriedad de constituir al menos una de estas instituciones por cada región. Recientemente, en Acción Educar redactamos un estudio sobre la eficiencia y la eficacia de la implementación de esta política, buscando evaluar la pertinencia, costo y suficiencia de la oferta estatal de la educación superior técnica.
En plena crisis económica, la eficiencia del gasto público es casi tan importante como su magnitud. En la provisión pública de educación, es necesario combinar la garantía de acceso a los estudiantes más aislados y vulnerables con un diseño hecho para evitar el malgasto de dinero fiscal. El análisis de los datos disponibles sobre los CFT estatales muestra que este no es el caso de la política estudiada. La capacidad ociosa en la matrícula de primer año de dichos centros (vacantes no ocupadas) no ha bajado del 20% en los últimos 3 años, alcanzando un 31,2% en 2022; notoriamente mayor a sus equivalentes privados.
En su objetivo de brindar la provisión de educación superior técnica a ciudadanos que antes no hubieran podido acceder a ella, se revisó la pertinencia de la oferta estatal en 2022. Los resultados muestran un panorama complicado: uno de cada 5 programas (20,8%) ofrecido por un CFT estatal ya era parte de la oferta de un privado en la misma comuna y horario. La introducción de programas estatales redundantes parece haber tenido un efecto negativo sobre la matrícula en primer año de los centros afectados; ella cayó significativamente en los años posteriores.
La caída en la matrícula que siguió a la repetición de la oferta podría ser devastadora para la estabilidad financiera de los centros privados, que no reciben, a diferencia de los CFT estatales, un flujo constante y generoso derivado de las arcas fiscales.
Los datos analizados revelan una situación de ineficiencia e ineficacia que no puede ser tolerada en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Ante esto, se realizan tres recomendaciones a la autoridad. Primero, solicitar una auditoría independiente para la evaluación de la eficacia y eficiencia de la política de CFT estatales. Segundo, considerar la pertinencia de la oferta de estos centros. Por último, se debería situar la política pública de CFT estatales en una estrategia nacional de largo plazo, que considere la adecuada transición de cada individuo al mercado laboral como un elemento central de los programas estatales.
Manuel Villaseca Vial
Investigador en Acción Educar
