Elección de fiscal nacional acentúa críticas oficialistas a la gestión de la ministra de Justicia

La gestión de la ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS) , volvió al centro de las miradas del oficialismo y la oposición tras la nominación del presidente Gabriel Boric de José Morales como fiscal nacional , quien tiene que ser ratificado por el Senado.

Ello, debido a que las candidatas favoritas del Gobierno para el puesto estuvieron lejos de tener éxito, con las tratativas para conseguir votos a su favor, tanto entre los 21 ministros de la Corte Suprema como con los 50 miembros del Senado.

Varios parlamentarios oficialistas consideran que las gestiones de la ministra Marcela Ríos buscando apoyo en la Corte Suprema fracasaron y afirman que quedó al descubierto su debilidad política frente a su principal interlocutor en materias de Justicia.

Así, explican en el oficialismo, Ríos no fue capaz de instalar en la quina que la Corte Suprema propuso al presidente Gabriel Boric a ninguna de sus candidatas afines. Y agregan que sólo fue considerada por los jueces una mujer, de las seis en carrera. Esto, en circunstancias de que desde el inicio del proceso, el Gobierno definió impulsar a una mujer para el cargo, como un emblema del feminismo, pero no pudo finalmente persuadir a los jueces.

En la nómina de 17 postulantes que llegó a manos de la Corte Suprema había seis mujeres. Las candidatas eran las abogadas Karinna Fernández, Marta Herrera, Erika Maira, Nayalet Mansilla, Patricia Muñoz y Nelly Salvo. Estas dos últimas eran las candidatas del Ejecutivo, aunque Salvo era la carta mejor vista por Justicia.

Como suele ser en estas decisiones, las aspirantes que buscaba el Gobierno debían ser impulsadas por el Ministerio de Justicia en rondas de conversación con los ministros del máximo tribunal del país. Según reparan en los partidos oficialistas, ahí se notó el déficit político de Marcela Ríos, ya que el Gobierno logró apenas 2 de los 63 votos para sus candidatas preferidas.

Asimismo, en el Senado, varios representantes sostienen que la relación de la ministra de Justicia con la Cámara Alta quedó tensionada y resentida. Congresistas afirman que no se sintieron escuchados por Ríos en las rondas de conversaciones o bien que sus planteamientos para designar a un candidato “quedaban en un saco roto” durante días.

El fracaso de Justicia ante los ministros de la Corte Suprema

Conforme al proceso de la Ley Orgánica Constitucional, cada uno de los 21 jueces de la Corte Suprema tenía la facultad de emitir tres votos, para tres candidatos. Los más votados conforman la quina que se le presenta al presidente.  

Es decir, el “universo electoral” era de 63 votos en disputa. Por ello, consideran que la gestión de la ministra Ríos y su equipo, que recabó en la contienda solo dos votos para Nelly Salvo, fue calificada de pobre. No solo en Apruebo Dignidad, y en el Socialismo Democrático, sino también en la oposición. 

En el acta de votación de las magistradas el resultado fue el siguiente:

 -Nelly Dámaris Salvo Ilabel: 2 votos.

– Patricia Alejandra Muñoz García: 2 votos.

-Karinna Cecilia Fernández Neira: 2 votos.

-Marta Ximena Herrera Seguel: 9 votos.

-Erika Alejandra Maira Bravo: 1 voto

En el oficialismo, desde Valparaíso, plantean que el resultado de las gestiones en la Suprema fue paupérrimo. 

Según los senadores, Salvo y Muñoz habrían necesitado solamente el voto de cuatro ministros de la Corte para superar en sufragios al abogado Rodrigo Ríos, quien obtuvo 3 votos. Sin embargo, cuestionan que la ministra logró la mitad.

El sucesivo “cambio de caballo”

Según sostienen en el Ejecutivo, tras la mala evaluación de Justicia en el proceso de nominación de la quina ingresaron a reforzar la gestión de Marcela Ríos en las tratativas las ministras del Interior, Carolina Tohá (PPD), y Ana Lya Uriarte (PS), que según advierten a diferencia de Ríos, son abogadas. En ese matiz, comentan los parlamentarios, al ser socióloga la titular de Justicia debió asesorarse mejor en las conversaciones con tribunales.

A esas alturas los senadores que hablaron con la ministra de Justicia, fueron claros: no votarían pensando en una política de género, sino en en una mejor política de combate a la delincuencia.

Por ejemplo, el senador independiente Pedro Araya no tenía dudas: “Aquí el tema de género no corre. El país necesita un buen fiscal nacional, sea hombre o mujer”, sostuvo.

Había desconformidad por el enfoque que se daba y el ambiente en el oficialismo estaba tenso.

 “El proceso ha sido algo tormentoso porque se ha prestado para descalificar a candidatos, no le hace bien al proceso”, aseguró la semana pasada el senador socialista Juan Luis Castro.

El senador por Magallanes, Karim Bianchi, deslizó una cierta ausencia del Ministerio de Justicia. “Se necesita una fiscalía potente en tiempos de inseguridad. No tengo una evaluación de la ministra de Justicia, la verdad desconozco el trabajo que realizó”, aseguró a EL DÍNAMO.

En el Senado advierten que dado que la única mujer en la quina era Marta Herrera, se optó por apoyarla aun cuando no gustaba en el oficialismo. Sin embargo, los análisis de los senadores apuntan a que el Gobierno tampoco tuvo éxito para obtener apoyos ni del oficialismo ni la oposición en la Cámara Alta para su nueva candidata.

En ese sentido, hace algunos días, el senador de RD, Juan Ignacio Latorre expresó en El Mercurio: “Lamento que la Corte Suprema sólo haya elegido a una mujer en la quina”.

Desde el Ejecutivo comentan que como último recurso, las ministras en el proceso se abrieron a buscar un consenso para apoyar al fiscal Carlos Palma, pero tampoco hubo frutos.

“Lobby descarado e impresentable “

La ayuda de Tohá y Uriarte, explican, llegó cuando había muy poco margen de acción ya que las tratativas habían estado concentrada en Justicia. Algunos senadores tampoco recibieron bien sus esfuerzos.

 “La ministra de Justicia ha actuado correctamente. Las ministras políticas Tohá y Uriarte son las que andan realizando un lobby descarado e impresentable”, aseguró el senador socialista Fidel Espinoza a EL DÍNAMO.

No obstante, los sectores oficialistas más críticos de Ríos sostienen que su rol en la nominación de fiscal nacional graficaría su gestión en Justicia y recuerdan que estuvo a punto de ser removida en el cambio de gabinete de septiembre pasado.

En el Congreso, afirman además que la reforma a notarias y al Código Civil se mantienen pendientes y que diputados de RN amenazaron con una acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos luego del traslado de presos mapuches desde la cárcel de Angol.