Marcel por acuerdo con los camioneros: “Reducir el precio de los combustibles equivale al presupuesto de salud primaria y dos veces el bono invierno”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó de plano la última demanda de algunos gremios de transporte terrestre que actualmente están paralizados, en torno a reducir en un 30% el precio de todos los combustibles y mantenerlos estables por seis meses.

En primer lugar, la autoridad recordó que se llegó a un acuerdo firmado con varias asociaciones del sector que recoge las demandas planteadas durante las últimas semanas sobre valores de los combustibles y tarifas de transporte, seguridad en las carreteras, formalización de los trabajadores e inversión. 

“Por algo el documento se llama Acta de Acuerdos: no es una propuesta del Ejecutivo o un borrador, fue algo que se discutió todo un día y concluyó con una reunión en la cual los dirigentes presentes se manifestaron satisfechos. Más allá de manifestar la contrariedad que genera tener un acuerdo y, al día siguiente o subsiguiente, tener una demanda de estas magnitudes, es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de peticiones” indicó el ministro Marcel. 

Inmediatamente precisó los recursos fiscales que costaría la demanda de los gremios. “El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del MEPCO, y mantenerlo por seis meses es del orden de los US$ 2.500 millones, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy. Pero si el tipo de cambio sube un 10%, el costo de esta solicitud sube a US$ 4.500 millones, y si a eso se suma un aumento de 10% en los valores internacionales de los combustibles la cifra alcanza los US$ 6.500 millones”, estimó la autoridad.

Incluso, la autoridad comparó los montos de reducir el valor de los combustibles con el financiamiento de políticas públicas.

“El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó US$1.000 millones, es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y medio veces un beneficio que alcanzó a 7 millones de personas. Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria que es de U$ 3.000 millones; es decir, esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto”, ejemplificó el ministro. 

Y añadió que “el crecimiento del gasto público en el Presupuesto 2023 es del orden de los US$ 6.000 millones. En otras palabras, para poder financiar esta demanda, la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a reducción de lista de esperas en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse a subsidiar los combustibles”.

Y si se toman las proyecciones más altas, el costo de la demanda antes mencionada superaría, según señaló el ministro Marcel en un punto de prensa en el Congreso, a todo lo que se destina actualmente para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que cuesta alrededor de US$5.500 millones.

“Demandas desproporcionadas ligadas a una amenaza de paralización que dificulta el derecho de las personas, de todos los chilenos y chilenas, de transitar por las carreteras del país, de poder concurrir a sus trabajos, de poder ir a un hospital o a una cita médica, todo eso tenemos sobre la mesa. El Gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible, tuvo un proceso de diálogo con las organizaciones y sigue disponible para hacer cumplir lo que está en el pacto de acuerdo. Pero reabrir una negociación que se cerró positivamente, sobre la base de dificultar la vida de chilenas y chilenos, nos parece totalmente inadecuado e improcedente y además tiene los problemas de legalidad que ha planteado el Ministerio del Interior”, finalizó.