Claves de la COP 27

La reciente cumbre para combatir el cambio climático o COP 27 en Egipto deja, al igual que sus versiones anteriores, un sabor agrio con la sensación de que, si bien hay progresos, estos son claramente insuficientes para evitar el aumento de 1,5°C de aquí a fines del siglo. De hecho, la proyección del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en función de sus últimas mediciones establece que es altamente probable que a inicios de la próxima década la temperatura promedio global ya supere esa marca. La ventana de oportunidad radica entonces, en primer término, que se produzca una masiva contracción en las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2025 (lo que desgraciadamente a la fecha no se ve factible). Una segunda línea de esperanza está en que no obstante llegar al alza de 1,5°C, la persistencia en la disminución de las emisiones y su volumen permita que esta alza sea un fenómeno temporal (cifrado en algunas décadas).

Mientras los países y organizaciones intentan llegar a acuerdos efectivos para frenar el aumento de la temperatura, el clima sigue dando señales evidentes de su cambio con impactos que se manifiestan en masivas catástrofes naturales a un costo humano y monetario creciente. Solo este año se identifican treinta eventos significativos en el período enero-septiembre entre los que destacan la sequía en Europa, el huracán Ian en América del Norte y las inundaciones en Pakistán. Estos tres fenómenos representan perjuicios directos siderales (destacando el huracán Ian cuyos estragos en las edificaciones e infraestructura aún están calculándose por los gobiernos y las aseguradoras), además de negativas consecuencias locales y globales. Concretamente la sequía, que si bien golpeó más fuerte a Europa también se reprodujo en otras zonas agrícolas relevantes, implica la amenaza cierta de insuficiencia alimentaria, cuando no de hambruna para millones de seres humanos.

Pero volviendo a la COP 27, ¿qué podemos destacar?

Los medios y analistas destacan los siguientes puntos en el documento final suscrito por los asistentes:

– Se insta a suprimir los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y acelerar la transición a energías renovables.
– Se decide establecer nuevos acuerdos de financiación para ayudar a los países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a responder por las pérdidas y los daños sufridos. Para ello se ofrecerán y movilizarán recursos nuevos y adicionales.
– Un comité de transición, compuesto de 24 países, tres de ellos de América Latina y el Caribe, elaborará recomendaciones sobre el funcionamiento y la financiación de estas nuevas disposiciones, incluyendo el fondo específico.

A lo anterior se suma la participación de Brasil con el presidente electo Lula Da Silva, quien prometió volver a poner a a su país a la cabeza del tema, especialmente en la preservación de la selva amazónica tras 4 años que definió como “negacionistas” bajo el mandato de Bolsonaro. De hecho, la COP 30 en 2025 podría celebrarse en Brasil y más concretamente en la Amazonía.

Es interesante agregar que Colombia en esta oportunidad fue el primer país de América Latina en cuantificar los daños y pérdidas generados por el Cambio Climático y los estimó en $4,3 billones. Esta estimación y la metodología detrás de ella son precedentes muy relevantes para empujar el fondo de compensación reseñado más arriba y los mecanismos de asignación.

El problema de la declaración final es que los compromisos siguen siendo mayoritariamente voluntarios y laxos. Desgraciadamente la coyuntura sigue imponiéndose sobre el mediano y largo plazo y la mayoría de los países desarrollados y los productores de combustibles fósiles, en un contexto de crisis energética agudizada por la guerra en Ucrania, establecieron una alianza de conveniencia para diluir los objetivos concretos.

La inasistencia del presidente Xi también incidió en los magros resultados, considerando que China es el principal emisor y con EEUU representan la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desgraciadamente la circunstancia de que los acuerdos plasmados en las declaraciones finales de las COP no son jurídicamente vinculantes es la principal debilidad del sistema. Además, su lenguaje en muchos casos ambiguo, como el tema del cese a los subsidios a los combustibles fósiles, dificulta una presión política multilateral efectiva, así como también diluye su implementación a nivel doméstico.

Adicionalmente hay una circunstancia objetiva muy relevante: escasean los recursos. Tras la pandemia y las complicaciones económicas, agravadas por el negativo escenario que se vislumbra para el 2023, los estados están en su inmensa mayoría desfinanciados y con poco margen político para destinar fondos a terceros, como sería el tema de la compensación por el daño, así como para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.

De seguir este estado de cosas, como todo parece indicarlo en los próximos años salvo que las catástrofes naturales derivadas del calentamiento global golpeen tan duro que generen un cambio radical, el éxito de la humanidad para revertir su propio daño dependerá de acuerdos y coordinaciones a un nivel más local. Pero claramente, en ese espacio hay países o bloques que son fundamentales como son China, Estados Unidos y la Unión Europa (primeros por lejos en el ranking de emisiones en el orden establecido).

En el caso de Estados Unidos, el multimillonario paquete lanzado por Biden supone una inyección de recursos muy importante para apoyar a las personas y empresas a acelerar la transición energética, enfocándose en los autos eléctricos, las energías renovables y la construcción. La apuesta es que este subsidio conlleve un desarrollo de productos y servicios que transforme a la economía estadounidense alineándola en un plazo relativamente breve con los objetivos de la COP, generando también un efecto multiplicador por su peso mundial.

En Europa, optaron por hacer obligatorio su compromiso de alcanzar la carbono neutralidad para el 2050 con la aprobación de la Ley Europea del Clima, la que se encuentra vigente desde julio del 2021. Esta ley incluye:

– El objetivo que la Unión alcance la neutralidad climática en 2050
– Un ambicioso objetivo climático para 2030 de reducción de al menos el 55% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero con respecto a 1990.
– El reconocimiento de la necesidad de mejorar el sumidero de carbono de la UE mediante un reglamento más ambicioso, para el que la Comisión presentó una propuesta en julio de 2021.
– Un proceso para establecer un objetivo climático para 2040, teniendo en cuenta un presupuesto indicativo de gases de efecto invernadero para 2030-2050 que será publicado por la Comisión.
– Un compromiso de emisiones negativas después de 2050.
– La creación de un Consejo Consultivo Científico Europeo sobre el Cambio Climático, que proporcionará asesoramiento científico independiente.
– Un compromiso de colaboración con los sectores para preparar hojas de ruta sectoriales que tracen el camino hacia la neutralidad climática en diferentes ámbitos de la economía.

En el presupuesto extraordinario de la UE para el período 2021-27, un 30% de los fondos están destinados directamente a temas ambientales (generación, aislación térmica de las viviendas, etc.).

Por el lado de China la cosa es más ambigua y tardía, aunque el presidente Xi comprometió hace un par de años que su país será carbono neutral antes del 2060. En esta cumbre no hubo ningún anuncio relevante por parte de China ante la ausencia de su líder.

En la COP 26 hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China, los cuales acordaron intensificar la cooperación para abordar la crisis climática. Ambas partes se comprometieron a reducir las emisiones de metano, eliminar el consumo de carbón y proteger los bosques. Las dos partes se comprometieron también a compartir tecnología que permita reducir las emisiones y a reunirse gradualmente para formular acciones concretas durante esta década.

Aunque las relaciones entre estas potencias están tensas, el bienestar mundial pasa indefectiblemente por la cooperación entre ellos.

En lo que se refiere a Chile, cabe destacar que estamos a la altura de lo que significa para nosotros el problema del calentamiento global. Presentamos en la COP 27 el Quinto Informe Bienal de Actualización (5IBA), siendo el segundo país del mundo en publicar los cinco informes y en el período correspondiente. Las emisiones del país en 2020 disminuyeron un 4 % desde 2018.

En consecuencia, para la frustración mayoritaria, esta COP y las anteriores siguen sin contar con mecanismos que permitan obligar a las partes a cumplir con los objetivos y lineamientos. Se suma a eso el mal momento económico que tiene a los gobiernos en general enfocados en sus problemas domésticos inmediatos, incluyendo a los países desarrollados que necesariamente deben ser la fuente principal de los fondos para compensar y adaptarse al cambio climático.

Sin perjuicio de aquello, las COP siguen jugando un papel coordinador, impulsor y ordenador que es irremplazable y en el cual confluyen estados, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas. La presión de los últimos 3 grupos ha sido la más fuerte para ir elevando el nivel de ambición y avanzar en la exigibilidad y monitoreo de los acuerdos.

La experiencia de los últimos años nos demuestra que, si bien la implementación queda entregada a los estados, estos necesitan de un foro que los movilice, así que solo cabe seguir coordinándose y empujando mayores compromisos de cumbre en cumbre en una carrera contra el tiempo. La legítima frustración por la lentitud de los cambios no nos puede hacer abandonar el esfuerzo, sencillamente porque no hay alternativa.