Están pasando cosas en el vecindario

Como el resto del mundo, nuestro entorno vecinal está movido y en las últimas semanas se han producido una serie de hechos significativos que trascienden el ámbito doméstico, con efectos reales o potenciales en la región y en las relaciones vecinales.

En Argentina, en un contexto político y social polarizado, con una fuerte pugna entre gobierno y oposición, a lo que se suma una aguda división gubernamental y una compleja situación económica con una inflación que supera el 100%, con las elecciones a la vuelta de la esquina (octubre del 2023), fue condenada la vicepresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.

Esta sentencia culmina una investigación de más de 3 años, que, de acuerdo con la fiscalía, develó una apropiación del equivalente a mil millones de dólares durante todo el período de los gobiernos Kirchner-Fernández en su provincia de origen, Santa Cruz, en las adjudicaciones de obras públicas.

A esta causa, que podría ser revertida ante el Tribunal de Casación o ante la Corte Suprema, se suman otras 4 en curso contra la vicepresidenta en distintos estados, augurando un panorama aún más sombrío para su futuro. Una de esas investigaciones tiene que ver con un supuesto pacto de impunidad con Irán por el atentado contra la mutual judía AMIA, en el cual murió en extrañas circunstancias en fiscal a cargo, Julio Nisman.

Lo más relevante de la condena contra Cristina Fernández, independientemente de que haya recursos pendientes, es que deja seriamente mermada su continuidad política. Esto en primer lugar por el impedimento de seguir en cargos públicos con las elecciones generales a pocos meses de distancia, pero, además, porque consagra judicialmente lo que se viene comentando por años sobre corrupción y dineros mal habidos, en un esquema que no solo tiene que ver con enriquecimiento personal sino con una forma de desarrollar la política que incluye el clientelismo y la cooptación.

De hecho, en una de sus primeras reacciones, ella señaló que no seguirá en política. Por supuesto esto no debe ser tomado literalmente, porque aún cuando no detente cargos, continuará ejerciendo una formidable influencia en la vida política argentina y particularmente dentro del peronismo.

La condena de Cristina Fernández constituye también un serio golpe para las mermadas expectativas gubernamentales de reelección. A la mala gestión, que tiene al país peor que cuando asumieron, se suma una guerrilla interna entre el presidente y la vicepresidenta y ahora esta sentencia que parece dar razón a la oposición y que mancha a toda la administración, quiérase o no.

El eje de la defensa de la propia vicepresidenta y del jefe de estado que se cuadró con ella, es que se trata de un complot político que instrumentaliza el poder judicial. Para apoyar esta tesis, en los últimos días el gobierno dio a conocer antecedentes de una reunión reservada a la cual habrían acudido jueces, fiscales, dueños de medios y empresarios y en la cual, siempre según el gobierno, se habrían coordinado previo a la sentencia. Esta acusación ha sido radicada en una fiscal federal de Bariloche, quien ha abierto una investigación.

La tesis del complot no es nueva. De hecho, durante sus gobiernos y en el actual, Cristina Fernández se ha enfrentado sistemáticamente al Poder Judicial, lo que suma intentos por reformarlo, incluyendo restarle poder a la Corte Suprema, fundándose en que la judicatura ha sido instrumental a ciertos sectores políticos, torciendo en numerosos casos la voluntad popular.

El presidente Fernández ha solidarizado con esta interpretación, lo que también se ha extendido al Grupo de Puebla, foro de izquierda “progresista” latinoamericana que agrupa a presidentes, expresidentes, dirigentes sociales, académicos y referentes políticos. Este grupo se iba a reunir el lunes 12 en Buenos Aires – lo que quedó postergado y sin fecha ante la noticia de que la vicepresidenta dio positivo en COVID – para apoyar a Cristina Fernández con una jornada denominada “Voluntad Popular y Democracia: Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia”. Dentro del bloque de actividades estaba considerada una mesa denominada “Lawfare en Latinoamérica”.

Lawfare es un concepto reciente acuñado que alude a los ataques contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad. A los ojos de un sector de la izquierda “progresista” latinoamericana, la democracia está amenazada por la judicialización instrumentalizada por sectores “conservadores”. Esgrimen que el caso de Lula y ahora el de Fernández son evidencias palmarias en ese sentido.

Otra óptica, a la que suscribo, es felicitar a varios poderes judiciales de la región, incluyendo al argentino, por intentar sancionar la corrupción y otros delitos que tienen en tan mal estado a la política y consecuentemente a la gobernanza. En esa línea, sin duda que dan cuenta de la fortaleza institucional y de la resiliencia democrática de varios de nuestros países, gravemente afectados por el flagelo de la corrupción y sus derivadas de desconfianza y desafección hacia las instituciones por parte de la ciudadanía, lo que se constituye en un directo estímulo al populismo

Para concluir: la condena a Cristina Fernández, aunque pudiera ser revertida en otras instancias, está generando y generará efectos políticos importantes partiendo por sacar de la primera línea a quien ha marcado decisivamente la política argentina de las últimas dos décadas. También afectará las ya bajas posibilidades del gobierno de Alberto Fernández de ser reelecto, lo que se extiende a alguna alternativa de su coalición. Es por eso muy probable que en octubre del 2023 triunfe la opción de la oposición, en lo que puede ser el comienzo de un otro cambio de signo en la región y por supuesto implicar una nueva dinámica en la relación con nuestro país.

Con Bolivia acabamos de terminar el litigio ante la Corte Internacional de Justicia, confirmándose la condición de río internacional del Silala. Sin entrar a los detalles de este fallo, uno de sus efectos es que golpeó directamente a la figura de Evo Morales, quien fue el promotor de la estrategia judicial contra Chile y, además, junto a su exvicepresidente García Linera se la jugó por apoyar el proyecto de la convención constitucional, lo que hubiera dejado la estructura política chilena muy alineada con sus objetivos geopolíticos. Desde que Morales fue removido del poder por intentar perpetuarse, ha seguido teniendo un rol protagónico tanto en la política boliviana sin cargo formal, como en el escenario regional, lo que junto con incomodar al presidente Arce que fuera su ministro, irrita sobremanera a la oposición y es un factor adicional de conflictividad local y vecinal. Con la doble derrota judicial (mar y Silala), se ha erosionado su capital político, al mismo tiempo que ha crecido la demanda interna para que responda por su fracaso, lo que significa en otras palabras que se le cierren los espacios para seguir influyendo en los asuntos públicos desde una primera línea.

De perder esa influencia, sin duda que abrirá la oportunidad para retomar en mejor pie la relación bilateral e iniciar una nueva etapa habiéndose despejado los litigios entre las partes.

Finalmente, en Perú durante algunas dramáticas horas se vivió un intento de autogolpe por parte del presidente Castillo, lo que fue rápidamente revertido con un ejemplar alineamiento de las principales instituciones, la ciudadanía y las fuerzas armadas y de orden y seguridad para preservar la democracia. En esto la sociedad peruana dio una admirable señal a la región y al mundo, sin violencia ni víctimas que lamentar.

Este episodio representó la ocasión para poner en práctica las declaradas prioridades de nuestra política exterior en materia de democracia y Derechos Humanos. Como sabemos hubo dos comunicados gubernamentales, con una condena al intento de ruptura constitucional solo en la segunda. Dentro de lo delicado del contexto y la corta ventana de tiempo, habrá que revisar lo realizado y asegurar que en una próxima oportunidad seamos más oportunos y contundentes, porque ante intentos de quebrantamiento del orden constitucional, la oportunidad y tono de un comunicado puede ser muy relevante para la suerte del derrotero de un intento golpista.

Afortunadamente se restableció el orden constitucional y Perú cuenta con una nueva presidenta. La pregunta es si terminará su período o se acordarán elecciones anticipadas. En cualquiera de las opciones, pienso que las alternativas de izquierda han quedado seriamente dañadas. Si tomó décadas para que pudieran ser electoralmente competitivas y sacudirse de la identificación con el terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ahora el intento golpista de Castillo les significará un nuevo lastre, mermando sus posibilidades de continuismo, por lo que es muy posible un cambio de signo hacia la derecha en la próxima oportunidad. Pero no hay que descartar, si no se llega a algún acuerdo que permita destrabar la agenda inmovilizada por la pugna entre la presidencia y el congreso, que se potencie alguna alternativa radical y populista, como podría ser la opción de Antauro Humala.

Como se puede apreciar, hay muchos elementos que observar y seguir en materia de política vecinal, tomando debida nota para anticipar distintos escenarios.