Oficialismo y oposición se enfrentan por la ley para expulsar extranjeros condenados por drogas

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en su primer trámite el proyecto legislativo que permite la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por delitos vinculados a la Ley de Drogas. 

La legislación impulsada por el Gobierno plantea que estos inmigrantes, luego de cumplir una parte de la condena en prisión, podrían acceder a la alternativa de ser expulsados de Chile. La finalidad es reducir la presión y bajar la población penal en las cárceles del país.

Al ser una iniciativa que nace de la administración del presidente Gabriel Boric tiene suma urgencia. En la votación de este martes, la ley fue visada por 82 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, donde las negativas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido de la Gente (PDG), el Partido Republicano y Evópoli se hicieron notar. 

“Este proyecto en su visión general yerra en la forma de hacer frente a un peligro mucho mayor, que es el hacinamiento carcelario. Si bien es una situación que hay que abordar, el narcotráfico y el crimen organizado son delitos muchos más graves, las penas deben ser efectivas. Ningún delincuente del narcotráfico debe estar fuera de la cárcel”, dijo Flor Weisse de la UDI. 

“Existe la posibilidad de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido todos los otros delitos. La Ley de Migraciones aprobada el año pasado sólo introdujo una excepción respecto de delitos involucrados en la Ley 20.000. Lo que estamos haciendo acá es revertir una excepción que afecta los delitos involucrados en la Ley 20.000. Por lo tanto, se mantiene vigente la regulación respecto de la posibilidad de expulsar judicialmente a quienes cometieron delitos en el marco de otras sanciones”, explicó desde la trinchera contraria la ministra de Justicia, Marcela Ríos. 

Más defensa al proyecto y renovación de indicaciones 

Si bien la votación fue aprobada, nuevamente regresará a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde su presidente Raúl Leiva del Partido Socialista la defiende. 

“Las cárceles del norte del país no mantienen detenidos o privados en libertad a aquellos grandes narcotraficantes, sino muchas veces a mujeres bolivianas que hacen de burreras para traer droga al país. Lo que pretende solucionar esta normativa es que aquellas personas que han cumplido 1/3 de su condena, han tenido buena conducta y han sido condenados por ciertos delitos del microtráfico, puedan acceder a ser expulsados”, explicó Leiva. 

Asimismo, durante la jornada se votó a favor de la indicación al proyecto que realizó el republicano Cristián Araya. “El extranjero que hubiere obtenido el beneficio de expulsión y hubiera hecho reingreso al país, antes del transcurso del plazo de diez años, dispuesto en el artículo 33 bis de esta ley, cometerá el delito de desobediencia a la autoridad en grado de calificado y será condenado a la pena de presidio mayor en su grado máximo”, reza su postulado que obtuvo un respaldo de 96 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones.