Colegio de Abogados defiende libertad de juristas para representar “todo tipo de causas” tras polémica con Ángel Valencia

El Colegio de Abogados entregó una declaración a propósito de una de las polémicas surgidas en medio del proceso de elección de un nuevo fiscal nacional, el que se ha visto dificultado tras el rechazo del Senado de los dos candidatos propuestos por el Gobierno, los que salieron de una quina elaborada por la Corte Suprema.

En su escrito, la entidad gremial abordó -sin mencionarla directamente- la situación del postulante Ángel Valencia, quien habría recibido un supuesto veto por parte de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por haber participado de la defensa legal del ex juez Luis Barría en un proceso por denuncias por acoso y abuso sexual.

Desde el Ejecutivo han descartado una “cancelación” hacia el jurista, mientras que la oposición cuestiona que nombres como los de Valencia -que generarían un respaldo más transversal en el Senado- no sean los elegidos por el presidente Gabriel Boric.

Ante esto, el Colegio de Abogados señaló que “ha estado atento a la discusión que se ha generado en torno al ejercicio de nuestra profesión, en el actual contexto de la designación del o la nueva Fiscal Nacional del Ministerio Público”.

“Queríamos esperar un tiempo prudente para pronunciarnos sobre esta materia, de forma tal de evitar cualquier acusación de intervencionismo en favor de algún candidato o candidata en particular, pero la gravedad de la afección profesional, nos obliga a declarar nuestro total rechazo a cualquier cuestionamiento que se formule y que considere el ejercicio legítimo de la profesión, cualquiera sea la naturaleza de la causa en que se haya participado o el o los clientes que hayan sido representados, a lo largo de la respectiva carrera profesional”, mencionó.

Libertad de abogados para representar causas

En su declaración, el Colegio de Abogados explicó que “dentro del catálogo de derechos fundamentales existe un derecho que es primordial para los abogados y abogadas, cual es el derecho a la defensa jurídica y a la debida intervención del letrado, el que es a su vez conditio sine quo non para que nos encontremos en presencia de un justo y racional procedimiento e investigación. En nuestra Constitución Política ese derecho está consagrado en el artículo 19, numerando 3º inciso segundo. A su vez, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reconoce en su artículo 8º”.

“Un ejercicio adecuado del derecho a la defensa exige necesariamente el poder ser asistido por un abogado o abogada, sin importar el delito o infracción por el que se acusa a una persona, aquella siempre tiene este derecho. La labor de los abogados, en especial considerando su condición de colaboradores de la administración de justicia, es necesariamente concurrir para que una defensa sea efectiva. En este sentido, ética y legalmente los abogados y abogadas deben tener total libertad para representar todo tipo de causas, sin que corresponda por ello someterlos a reproche alguno por los delitos o infracciones que se imputen a su vez a su cliente”, precisó.

Además, el organismo añadió que “el Estado de Derecho descansa, entre otros, en el reconocimiento del libre ejercicio de la profesión y en la facultad de los abogados de defender sin restricciones a sus clientes; la que se vincula con la función que realizan los abogados, quienes, como lo indica el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de los partes litigantes“.

“Hacemos un llamado, en lo inmediato, a cesar en el cuestionamiento de abogados y abogadas en razón del ejercicio profesional de aquellos, de la causa en que hayan intervenido o de la persona representada, en cuya defensa pudieron participar, puesto que nunca debe olvidarse que los abogados somos auxiliares de la administración de justicia, que cumplimos una labor fundamental para el ejercicio del derecho natural a la defensa, el debido proceso -pilar del Estado de Derecho- y el acceso a la justicia”, enfatizó el escrito.