Gobierno evalúa crear cárcel especial para pueblos originarios
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que la propuesta fue entregada por parlamentarios oficialistas y de oposición.
El Gobierno confirmó que está evaluando crear una cárcel especial para personas imputadas y condenadas que pertenezcan a uno de los pueblos originarios.
La propuesta, según lo afirmado por el Ejecutivo, surgió a partir de una idea de parlamentarios del oficialismo y de la oposición, quienes buscan busca adaptar el sistema penitenciario del país al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, el cual habla de normas para el cumplimiento de prisión en caso de personas de pueblos originarios.
“Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello“, expresó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en una entrevista a La Tercera.
La autoridad manifestó que coincidieron con los planteamientos de los congresistas sobre la necesidad de adaptar el sistema penitenciario al Convenio 169, que “establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas”.
“En el gobierno anterior esto se comenzó a abordar y por eso se dictó la resolución 3.925 por parte del subsecretario Sebastián Valenzuela y el ministro Hernán Larraín. Los distintos sectores reconocen que tenemos un problema y un desafío como Estado respecto de este tema”, agregó Gajardo.
La postura de los parlamentarios
La idea de crear cárceles especiales para personas pertenecientes a los pueblos originarios surgió a partir de parlamentarios oficialistas, pero sumó el respaldo de algunas figuras de la oposición, principalmente por quienes representan a la Macrozona Sur.
Leonardo Soto (PS) señaló al matutino que “se necesita un cambio estructural y así surge la idea de que exista un recinto penitenciario sólo para personas pertenecientes a pueblos originarios, y me alegro que el gobierno lo esté considerando. No implicaría un trato especial ni una discriminación, pues sólo se hace cargo y acoge lo que establece el Convenio 169 de la OIT“.
El diputado Miguel Mellado (RN) precisó que se deberían iniciar las gestiones con Bienes Nacionales para conseguir un terreno para instalar una cárcel de alta seguridad exclusiva para personas condenadas por delitos vinculados a la llamada violencia rural.
“Tiene que haber seguridad para los internos, sus familias y también para los gendarmes, y así terminar con los disturbios en las calles de las ciudades donde están actualmente los penales”, manifestó.