Principios para el financiamiento público de la educación superior

El Gobierno del Presidente Boric se ha comprometido, desde su inicio, a abordar sistémicamente el financiamiento público de la educación superior en Chile. En su programa de Gobierno prometía condonar de forma universal las deudas estudiantiles, avanzar hacia una política de gratuidad universal con un sistema de créditos transitorio y fortalecer los aportes basales a las instituciones públicas.

Recientemente, el Presidente y el ministro realizaron declaraciones que dejan en claro que la condonación universal ya no es una prioridad para el Gobierno. Sin dejar de reconocer los problemas asociados al sistema de créditos y las situaciones de parte de los deudores, se trata, sin duda, de una mala medida, que ignora el premio salarial a la educación superior y el escenario actual de la gran mayoría de los individuos que tomaron el crédito. Pero más profundamente, intrigan las declaraciones del nuevo subsecretario de Educación Superior: el Gobierno está trabajando en una propuesta de financiamiento a la educación superior, que sea “justa, gradual y progresiva” (El Mercurio, 14/03/2023).

El financiamiento fiscal de la educación superior chilena distingue por los tipos de instituciones, dependencias administrativas y organismos colegiados. Generalmente, una universidad recibe mayor cantidad de dinero fiscal que un centro de formación técnica o un instituto profesional. Al mismo tiempo y también generalmente, una universidad del Consejo de Rectores (Cruch) recibe más dinero fiscal que una universidad que no pertenece a dicho organismo.

Asimismo, el financiamiento se distingue por los métodos utilizados para su distribución. Algunos métodos son determinados directamente por la matrícula efectiva de las instituciones: la gratuidad, las becas y los créditos personales como el CAE. Otros obedecen a características institucionales, a saber, los aportes basales.

Es razonable que el Estado invierta, por ejemplo, en la instalación e infraestructura de sus universidades y, por ello, le dedique mayor parte del erario a las instituciones de su dependencia. Al contrario, no parece justo que, por la mera pertenencia a un organismo colegiado, una institución reciba trato y financiamiento preferente.

Además de la importancia del diseño del sistema de financiamiento —suprema, ya que impacta sobre su sostenibilidad, eficiencia y cumplimiento de objetivos—, los principios que inspiran la distribución del dinero fiscal entre las instituciones de educación superior son fundamentales para un sistema que no sólo busque ser justo en sí mismo, sino que también sea percibido como tal.

Son tres los principios que deberían guiar el perfeccionamiento del actual sistema de financiamiento público a la educación superior. En primer lugar, la adecuación, o que los apoyos estudiantiles logren que ningún individuo se quede fuera de la educación superior por razones económicas. En segundo lugar, la protección de la autonomía de las instituciones, o que el financiamiento fiscal no comprometa la integridad de los proyectos de educación superior. En tercer y último lugar, la igualdad de trato a los estudiantes, o que dos individuos que estudian el mismo programa en instituciones de características similares no vean diferencias en el subsidio per cápita que les asigna el Estado. Estos tres principios, junto a un adecuado diseño, permiten que el Fisco financie la educación superior sin entrometerse en demasía ni dañar los principios de igualdad de trato que inspiran la República.

La corriente ideológica que inspira al Gobierno no comulga plenamente con estos principios. La igualdad de trato a los estudiantes en el financiamiento fiscal de la educación superior, que se traduce necesariamente en pagos a las instituciones por su matrícula efectiva, es catalogada como una “lógica de mercado”, algo inaceptable en el sector político del Presidente Boric. La entrega de financiamiento a las instituciones, sin imponer criterios ideológicos en los proyectos institucionales, es impensable.

El Ministerio de Educación tiene el desafío de compatibilizar su visión respecto del financiamiento de la educación superior con la realidad: no es posible un sistema que crezca y se desarrolle si se le ponen trabas innecesarias a la creación y al desarrollo de proyectos institucionales. Lo anterior, claramente, no es incompatible con la exigencia de mínimos en transparencia y cumplimiento de la normativa.