Alberto Fernández explica su crítica a la justicia chilena: “No es contra el Gobierno”
En el marco de la Cumbre Iberoamericana, Alberto Fernández aclaró que sus críticas son por "los derechos vulnerados de una persona".
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró sus críticas a la justicia chilena por el proceso que vive actualmente Marco Enríquez-Ominami en el marco del caso SQM. Sin embargo, quiso dejar en claro que su postura no era en contra del país y menos contra el Gobierno.
“Esto no es contra Chile y mucho menos contra el Gobierno de Boric“, precisó el mandatario trasandino en conversación con la prensa chilena en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
En ese sentido, Alberto Fernández explicó que “no es entrometerme en la institucionalidad chilena. Es solamente reclamar un derecho, que es un derecho humano. El derecho humano no reconoce fronteras”.
Sus críticas, continuó, tienen que ver con “llamar la atención sobre algo que estoy viendo que me preocupa” y que con el Gobierno chileno “yo tengo el mejor vínculo, el mejor trato con el presidente Boric. Tengo por él un enorme respeto personal”.
“La realidad es que yo no estoy opinando sobre las instituciones chilenas, estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona en Chile”, remató Alberto Fernández, en directa alusión al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
La carta del Grupo de Puebla
En febrero, el denominado Grupo de Puebla publicó una carta expresándole su apoyo a Marco Enríquez-Ominami y entre los firmantes se encontraba Alberto Fernández junto a otros líderes como Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Ernesto Samper de Colombia y el juez hispano Baltazar Garzón.
“Acusar y no haber permitido el juicio por ocho años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo. Fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de ocho años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”, consignaba parte del documento.