Ley Naín-Retamal: los reparos de la ONU a la legítima defensa privilegiada para Carabineros

La Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur manifestó sus reparos con la llamada “legítima defensa privilegiada” para Carabineros establecida en uno de los artículos de la Ley Naín-Retamal, que fue aprobada por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que durante la próxima semana será discutida por el Senado, invoca la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de uniformados y policías de civil.

Este artículo del proyecto fue uno de los más discutidos, especialmente por las bancadas del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), quienes advirtieron que la propuesta podría abrir la puerta para los excesos policiales, afectando principalmente a las víctimas.

“Cuando les decimos a las policías que pueden sacar el arma de fuego sin preocuparse porque no van a ser responsables ni penalmente ni civilmente por los daños, lo que hacemos es aumentar la violencia policial y los delincuentes también van a aumentar la violencia”, argumentó la diputada Maite Orsini (RD).

La reacción de la ONU

Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, analizó los aspectos más complejos de la Ley Naín-Retamal, específicamente la legítima defensa privilegiada.

De acuerdo al representante, la normativa que llegará desde la Cámara de Diputados al Senado “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos“.

El organismo dijo que empatizaba con la sociedad chilena y con el dolor tras los asesinatos de los funcionarios policiales, destacando que todas las acciones se deben realizar basadas en los derechos humanos. Aun así, planteó que algunas propuestas del proyecto “no dan una respuesta adecuada a los desafíos que enfrentan las policías en el país”.

“La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad“, advirtió Jarab.

Pese a sus cuestionamientos, la ONU aclaró que no es preciso afirmar que la legítima defensa privilegiada “habilitará la utilización de armas letales, pues las policías ya tienen esta facultad”, aunque añadió que “en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad“.

En lo concreto, la preocupación del organismo se centró en la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas. “Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso”, expresó el representante.

“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputados, sin participación de especialistas independientes o de la sociedad civil. Alentamos al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos”, complementó.

Desde la ONU también valoraron que el Gobierno presente indicaciones para suprimir el artículo de la defensa legítima privilegiada con nuevas características.