Hermano de sargento Olivares pide aprobar Ley Naín-Retamal: “Acá hay mucha ideología, y eso no deja pensar”

Raimundo Olivares, hermano de la asesinada sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, pidió al Congreso aprobar la Ley Naín-Retamal, la que enfrenta cuestionamientos por la legítima defensa privilegiada otorgada a las policías en su defensa.

El hermano de la última mártir de la policía uniformada -cuyo caso hizo acelerar la tramitación del proyecto y de otras iniciativas de seguridad- respondió a los grupos del oficialismo que manifestaron reparos con la norma, debido a los posibles excesos que podrían cometer los uniformados especialmente en las protestas y manifestaciones públicas.

“En Chile, al parecer, hay un grupo de personas en el Gobierno que no sé en qué están pensando. Me pregunto por qué no usan el sentido común. La delincuencia está desatada, ya ni los Carabineros pueden defenderse. ¿Qué esperan en el Gobierno y en el Congreso? No sé qué quieren esas personas. Necesitamos que se apruebe la Ley Naín-Retamal“, expresó Olivares a Meganoticias.

El hombre añadió que “la gente que está en el poder político, que deberían tener mejor raciocinio, por qué no son capaces de pensar. Chile necesita un cambio y Carabineros necesita que los apoyemos mucho más“.

El llamado al Gobierno

El hermano de la sargento Rita Olivares -quien tras su muerte fue ascendida a suboficial mayor- insistió en sus emplazamientos a los sectores oficialistas, señalando que muchos no quieren avanzar en una legislación que proteja a los integrantes de la institución.

“Acá hay mucha ideología, y eso no deja pensar. Hay personas que están en el Gobierno y muñequean para dejar esto sin efecto. Los representantes de Chile, los que hacen las leyes, no quieren una buena ley para Carabineros. Parece que quieren más caos y violencia, o esperan otra muerte de un nuevo carabinero”, complementó.

La Ley Naín-Retamal será revisada este martes en el Senado, en donde se votarán las indicaciones aplicadas por el Ejecutivo al controversial artículo de la legítima defensa privilegiada, que recibió las críticas de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.