“El sistema se acaba en septiembre”: el plazo fatal y las razones de las isapres para no pagar

El debate está abierto y las desavenencias están lejos de terminar después de la presentación de la ley corta del Gobierno que busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema que indica que las isapres deben devolver a casi 800 mil cotizantes cerca de 1.400 millones de dólares por los cobros en excesos que fueron cobrados desde 2020 en adelante.

En un principio el plazo expiraba a fines de mayo, sin embargo, las aseguradoras ahora tienen seis meses para presentar la fórmula de reintegro de estos valores que fueron cobrados por la adecuación a una tabla única de factores.

La administración del presidente Gabriel Boric espera que se apruebe su moción legislativa y no la que presentaron representantes de Amarillos y Chile Vamos que no incluye la devolución de los cobros excesivos ni la rebaja en los planes como la del Ejecutivo. La tensión es alta y el mandatario llamó este martes a no intentar evadir la resolución del máximo tribunal del país. “Los fallos deben cumplirse”, expresó.

En medio de este debate, las isapres intentan evitar el camino que deberán seguir en caso de que el Senado aprueba la ley corta del Gobierno. Presionan con que sería el final del sistema privado, situación que afectaría a Fonasa por tener que recibir a gran parte de las personas que quedarían a la deriva. Este discurso es apoyado e impulsado en la moción paralela por Matías Walker (Amarillos) y Rodrigo Galilea (RN). Esta alternativa es denominada “la ley del perdonazo”.

El plazo que ponen las isapres

“Lo que dice el proyecto es que, una vez el proyecto tramitado, la Superintendencia tiene solo treinta días para emitir la circular, y ella tiene que indicar que al mes subsiguiente, es decir, a los sesenta días, tiene que estar hecho el ajuste o la adecuación. Eso quiere decir que, si en mayo sale el proyecto de ley tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema“, expresó Gonzalo Simón de la Asociación de Isapres en una versión que no es compartida por el Gobierno.

“La caída es tan importante que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones que hoy día están funcionando puedan seguir funcionando. La sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse, eso no se discute, pero tenemos la convicción que aquí no ha habido cobros indebidos, sino cambios de criterio que, en este caso, implican devoluciones”, agregó en la Comisión de Salud.

“Lo que aquí se está planteando es una caída de $31 mil millones en un mes. Eso quiere decir que las isapres necesitarían tener márgenes doce veces superiores a los que tienen hoy día para poder enfrentar esto, porque recordemos que una vez que se produce esta caída, ya no hay forma de recuperarla, es permanente, se mantiene en el tiempo”, explicó Simón, representante que lidera una agrupación que trató de “engaño” la iniciativa del Ejecutivo.

“No existe aquí una lectura explícita de cómo interpretan el fallo. Simplemente se ha ahondado respecto al dilema que implica el cumplimiento, cosa con la que nosotros coincidimos, por lo cual estamos presentando un proyecto de ley, tratando de hacernos cargo y de mitigar los efectos financieros de la sentencia. Y sin embargo, no aparece su propia estimación de lo que significa la sentencia. Estamos dando propuestas respecto a la gradualidad de la aplicación, estamos abiertos a recibir propuestas del Congreso, por eso se presenta un proyecto de ley. Se está llamando a otro poder del Estado, justamente, para dar cuenta de las incertidumbres relacionadas con la sentencia, pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que les plantean”, respondió la ministra de Salud, Ximena Aguilera.