Isapres en la lupa: ex ministros de Salud apuntan responsabilidades y proponen salidas a la crisis

La tensión entre el Gobierno, el oficialismo y las isapres -respaldadas por partidos opositores a la administración del presidente Gabriel Boric- no ha desaparecido tras la presentación de la llamada ley corta. Es más, desde La Moneda han atacado la “campaña del terror” que han hecho las aseguradoras de salud privada para intentar evitar el fallo de la Corte Suprema que las ordena a devolver más de 1.400 millones de dólares a casi 800 mil afiliados por los cobros que realizaron desde 2020 en adelante por la aplicación de la tabla de factores.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, fue el último representante del Ejecutivo que cuestionó a estas entidades y su estrategia de apegarse a los parlamentarios de derecha para intentar encontrar una solución al fallo del máximo tribunal del país que, según ellas, las llevará a la quiebra y cerrará el sistema en septiembre provocando una debacle en la salud de los chilenos.

Uno de los proyectos de ley presentados en paralelo no devuelve los dineros a los afiliados ni rebaja los planes, como el que impulsa el Gobierno, mientras que una tercera iniciativa apunta a devolver en bonos y acciones los montos, y un cuarto es el que están trabajando en sectores de la oposición con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Reformarse o morir: las salidas a la crisis de las isapres

El ex personero del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, plantea un plazo de siete años para la devolución de estos montos con una fórmula que explica en conversación con EL DÍNAMO.

“He tenido contacto con algunos parlamentarios, pero prefiero guardar prudencia. A mí me parece que para respetar el fallo, que hay que hacerlo sin duda, la forma más eficaz y breve es generar una cuenta en favor de los afiliados que tienen estos excedentes, a nombre de ellos en UF y devolverlos como beneficio de salud por un periodo a estimar. Yo estimo siete años, pero pueden ser cinco, diez, los que se analicen. De esa manera realmente tienen ese capital, pero por un periodo determinado”, sostiene.

“La ley corta debería incorporar que las isapres reformaran los contratos para darles mayor eficacia. Sería mejor que pagaran por paquetes, no por detalles como jeringas, bisturí o apósitos. Pero eso requiere una ley habilitante y quizás se puede agregar en la ley corta y permitir que se ofrezcan beneficios como lo hace Fonasa con el pago por diagnóstico con un monto fijo”, comenta el ex ministro.

“Tener la idea de que el dictamen de la Corte Suprema es contrarrestable con una reforma constitucional me parece que no es viable en la actualidad para Chile. Yo propongo esto, otros harán otras propuestas, pero hay que discutir la ley corta para que no se llegue a una situación catastrófica. Este año debe resolverse, porque por ley desde 2024 esos montos sí o sí deben ser reintegrados a las cuentas de los cotizantes como dinero en sus cuentas corrientes”, complementa.

Esta postura de oposición es refrendada por la ex ministra de Salud de la primera administración de Michelle Bachelet, María Soledad Barría. “La ley corta del Gobierno me parece que es una salida sensata. Claro que algunas isapres podrían quebrar, pero eso pasa con todas las empresas. Las posibilidades siempre están, pero me parece que es inaceptable que se busque un perdonazo a las isapres. Hay una de ellas que se creó hace poco y no tiene deuda y se podrían crear otras. La gente no quedará a la deriva como dicen, la ley presenta un fortalecimiento a Fonasa además. Llama la atención que las isapres no se sienten a conversar y se victimicen. Parece que quieren que llegue alguien con una varita mágica a aplicar este perdonazo que quieren”, sostiene la militante socialista.

Las responsabilidades de cuatro gobiernos y el Congreso

Especialistas, ex superintendentes de Salud y ex ministros de Salud coinciden en que esta crisis económica de las isapres pudo tener un atajo. Sin embargo, desavenencias en el Congreso Nacional no permitieron, recién hasta 2019, aclarar la tabla de factores mientras estas entidades siguieron aumentando los cobros al no estar claro el fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 2010 que calificó de inconstitucionales algunos puntos como la edad, el sexo y las preexistencias para fijar los precios y las alzas de los planes.

“El TC hizo el trabajo a medias, porque no reconoció inconstitucional la tabla de riesgo y las isapres la siguieron usando y no llegaron a un acuerdo para resolver el problema. El TC le entregó al Estado y al Parlamento el desafío de resolver este problema. En los dos gobiernos de Bachelet y Piñera no se pusieron de acuerdo”, dice el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez.

El ex ministro Emilio Santelices, titular de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, agrega que “tenemos que salir de las declaraciones incendiarias y ponerse a pensar en serio en este problema donde las isapres no tienen capacidad para pagar lo que ordena el fallo de la Corte Suprema. Nosotros presentamos un proyecto de ley para avanzar en la solidaridad social y un fondo mancomunado, pero se quedó en el primer trámite. Es posible un futuro sin las isapres, pero ahora no”.

Mañalich, respecto a la consulta de por qué ocurrió esta crisis si este problema viene madurando hace más de una década, argumenta que “como ex ministro tengo plena conciencia, y lo dijo el actual superintendente Víctor Torres, que si se hubiera aprobado lo que nosotros presentamos en 2011 hubiésemos evitado parte de estos problemas. Pero eso nunca se tramitó en el Senado y lleva años allí. La tabla de factores de 2019 se diseñó en nuestra gestión”.

¿Se resuelve el problema con las isapres?

Un ex ministro de Salud, que optó por entregar su visión resguardando su nombre, asegura que las isapres no han entregado soluciones, primero, para presionar al Gobierno y, segundo, porque entienden que ellas no son las que deben proponerlo habiendo un fallo judicial. “Como es un mercado regulado, están a la espera de las resoluciones”, sostiene.

Gran parte de esta discusión también se ha centrado en que el Gobierno asegura que Fonasa está preparado para recibir una importante cantidad de personas que quedaría sin cobertura de salud en caso de una debacle del sistema privado. Sin embargo, las voces más potentes difieren de esto, pues consideran que el gasto fiscal será mucho mayor, pues las prestaciones en clínicas o centros médicos las tendrían que costear los enfermos o el Estado.

“Esta ley corta tiene ripios técnicos, creo que saldrá más caro atenderse por el seguro que habrá que pagar. Nos aleja de avanzar como país en un sistema solidario”, afirma Santelices.

“La salida es cambiar el modelo de salud, pero por ahora hay que cumplir con el fallo y la ley corta es una buena alternativa… Las isapres tenían gastos de administración muy elevados, muy superiores a Fonasa y jamás pusieron ni un peso en poder contener los costos. Un seguro tiene que tratar en salud de contener el costo y no solamente traspasarlos a los usuarios”, suma Barría.

“Creo que los ánimos deben calmarse. El Gobierno esta dispuesto a escuchar, eso es importante”, cierra Mañalich.