Impuestos correctivos: ¿solución o problema?

Recientemente el gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley para el segundo semestre de este año, que pretende hacer modificaciones impositivas, específicamente, sobre los denominados impuestos correctivos. Por tanto, el objetivo de esta columna es reflexionar sobre la pertinencia de esta modificación, en base a nuestra legislación actual.

En primer lugar, se debe precisar que la definición básica de impuesto, corresponde a un tributo que se hace en función de la capacidad económica de cada contribuyente y que nace de la mano de un concepto denominado poder de imperio. El primer objetivo que tienen los impuestos, es el de financiar los bienes públicos, así como sustentar el aparato estatal, quienes son los que deben proveerlos. En la misma línea, los impuestos tienen también un carácter redistributivo, vale decir, sirven para mejorar la distribución del ingreso, toda vez que los que más recursos tienen, son los que tienen cargas tributarias más gravosas, siendo destinados estos recursos a financiar, por ejemplo, ayudas sociales. En esta orientación están todos los impuestos que se aplican sobre la riqueza, como el impuesto de primera categoría o el global complementario.

Adicionalmente, algunos impuestos tienen como objetivo principal modificar conductas en el mercado, ya sea incentivando o disminuyendo el consumo de un bien o servicio. Estos impuestos se denominan correctivos. Nuestra legislación incluye varios de estos impuestos, como el impuesto al tabaco o al alcohol, que buscan aumentar el precio de estos productos y, de esta manera, disminuir su consumo, dadas las externalidades negativas que para la sociedad implican. Recientemente, el 2014, se incorporó en nuestra legislación un impuesto a las bebidas azucaradas que busca precisamente reducir el consumo de estas, debido a las enfermedades que pueden provocar.

La propuesta del gobierno está centrada en el tabaco, alcohol y azúcar. Según fuentes oficiales, actualmente el gasto en salud, correspondiente a enfermedades derivadas del tabaco, asciende a un estremecedor 1,7% del PIB. En la misma línea, el gasto asociado a enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol, tienen un costo para el estado de casi 1% del PIB. Por otro lado, el costo económico de la obesidad, que en parte deriva del consumo excesivo de azúcar, asciende a casi el 4% del PIB y se espera que crezca hasta un 4% del PIB de aquí al 2030.

En ese sentido, las creaciones de este tipo de impuestos obedecen a una lógica importante y son de vital importancia que se mantengan en el tiempo y que, efectivamente los recursos recaudados, sean destinados, no tan solo a financiar gasto en salud, sino que a generar planes tendientes a evitar el consumo excesivo de este tipo de productos.