Impulsan comisión investigadora por denuncias similares al conflicto de RD con Democracia Viva

Revolución Democrática (RD), uno de los partidos políticos que integran el oficialismo, atraviesa por un grave problema luego de conocerse el convenio entre Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta donde el seremi renunció. Esta fundación donde la pareja de la diputada Catalina Pérez era el representante legal recibió $426 millones para trabajar en los campamentos en una controversia que sigue escalando el interior del conglomerado, en La Moneda y también en el Congreso Nacional.

La parlamentaria suspendió sus funciones en la Cámara de Diputados donde es vicepresidenta y el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, profundizó más la polémica al asegurar que la subsecretaria de Vivienda estaba al tanto de este millonario pacto y que se lo comunicó de forma parcelada al ministro Carlos Montes de acuerdo a la información que fue recabando poco a poco desde la zona norte.

Frente a este problema de esta colectividad oficialista, el titular de la cartera no descartó pedir la devolución de estos dineros. Además, los parlamentarios comenzaron a presionar y la Contraloría ya está en conocimiento de este millonario convenio que fue acordado en tres pagos de $200, $170 y $56 millones durante octubre y diciembre del año pasado.

“Lamento que el ministro Montes, con la experiencia que tiene, esté en conocimiento de estas cosas y no haya puesto atajo a tiempo. Hoy día debemos velar porque estos recursos sean devueltos a sus arcas fiscales en su totalidad y además debemos hacer una fiscalización en todas las regiones para ver dónde más se repite este modelo de poder usar la plata en beneficio de unos pocos”, dijo Karen Medina del Partido de la Gente (PDG).

Comisión Investigadora

Camila Flores de Renovación Nacional (RN) fue más allá y aseguró que se impulsará una comisión investigadora frente a denuncias similares a lo ocurrido con estos miembros de Revolución Democrática, donde el seremi de Antofagasta terminó renunciando en una de las primeras decisiones políticas de este caso.

Aquí podríamos estar en presencia de una situación mucho más grande que puede tener una escalada mayor para el Gobierno”, anuncia la diputada.

“Hemos tomado el acuerdo de impulsar una Comisión Investigadora (CI) porque al parecer se sumarían y nos han llegado, a los distintos diputados de la bancada, denuncias de otros hechos de similares características en otras regiones con otros funcionarios vinculados al tema de vivienda. Por lo tanto una CI nos permitiría conocer estos antecedentes y las personas que se vean involucradas en estas situaciones de carácter irregular puedan dar testimonio y la cara en la Cámara de Diputados”, expresó la parlamentaria de la Región de Valparaíso.

“Catalina Pérez al conocer que los involucrados principales serían todos militantes de este mismo partido deja entrever que efectivamente acá habría una forma de modificación para tratar de utilizar estos recursos en situaciones que no eran las esperadas. Estamos hablando de un modus operandi que estaría siendo utilizado para probablemente defraudar al fisco. Nos alegramos de que el Ministerio Público ya esté investigando de oficio esta situación, pero nos llama la atención que por parte del Gobierno no se estén tomando las medidas políticas que corresponden. Mantener a la subsecretaria, francamente es una cuestión que a mi me parece muy grave y al parecer lo que están haciendo algunos personeros, particularmente el presidente de RD, el senador Latorre, es blindar a la subsecretaria”, cerró.