Democracia Viva: Montes dice que Latorre se equivocó y Contraloría le pone plazo al Minvu
El convenio de la fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática escaló hasta La Moneda y ahora es un nuevo problema que enfrenta el oficialismo.
El millonario y polémico convenio entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva es el nuevo problema que enfrenta el Gobierno. La fundación que representaba la pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, Daniel Andrade, recibió $426 millones desde esta oficina que dirigía otro militante de este partido oficialista, Carlos Contreras.
Tras su renuncia y la suspensión de las actividades de la parlamentaria en la mesa de la Cámara Baja, ahora es el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, es el que está en medio de la controversia.
A primera hora, el presidente de RD, Juan Carlos Latorre, aseguró que la subsecretaria Tamara Rojas, recibió información de este pacto en el norte. Pero el secretario de Estado planteó otra cosa.
“En el curso de esto, apareció algo que yo no conocí, que estaba vinculado al caso de Democracia Viva. A partir de eso, ella (la subsecretaria) empezó a recoger informaciones para investigar”, complementó Montes.
“El presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a hacer una aclaración. En la Seremi de Vivienda de esa región se estaban contratando a demasiadas personas de RD. Frente a esto, le hice ver a la subsecretaria que ella tenía que investigar qué estaba ocurriendo”, explicó el titular del Minvu.
Contraloría interviene y da plazo
Frente a este problema, la Contraloría General de la República le dio un plazo de cinco días hábiles al Minvu para que explique la entrega de fondos a la fundación Democracia Viva y otras entidades que han recibido dinero durante 2022 y 2023 para trabajar en campamentos y otras problemáticas en la Región de Antofagasta.
Los mencionados 426 millones que recibió Democracia Viva, por ejemplo, fueron entregados en forma parcelada, situación por la cual no hubo fiscalización de parte del órgano contralor. Este millonario convenio fue acordado en tres pagos de $200, $170 y $56 millones durante octubre y diciembre del año pasado.