Necesitamos un defensor

Aun a riesgo de resultar monotemático, creo útil insistir en la idea que propuse al Consejo Constitucional en orden a crear la Defensoría del Ciudadano, a partir de la institucionalidad que ya existe. El tiempo lamentablemente me ha dado y me seguirá dando la razón. No hay ninguna institución que nos defienda coordinada y estructuralmente de los males que cómo sociedad nos afecta. Es cierto que existe la Contraloría y que le compete a ella controlar los actos de la administración. Pero, también es cierto y lo ha dicho el propio contralor, que su control es limitado y formal. Para que decir el control político que es sesgado, parcial, e ideológico.

Las Defensorías del Pueblo (también llamadas Ombudsman) son, en términos generales, instituciones estatales que actúan con las misiones principales de supervisar o controlar el ejercicio de las funciones administrativas públicas y de coadyuvar en la promoción, protección y garantía de los derechos y las libertades tuteladas en la Constitución y la ley. En la forma que la concibo, actuaría ante fallas o mala atención en la prestación de servicios públicos y frente a los incumplimientos de los deberes legales que le atañen. También lo haría en los casos que los derechos humanos de los ciudadanos sean violentados por individuos que recurren a la violencia (molotov y piedras) para imponer su agenda política (pingüinos).

Aunque el modelo que impera en el derecho comparado para que cumplan sus cometidos institucionales es el de la difusión, la persuasión y la influencia, y sus facultades se limitan por lo general a llevar adelante actividades de promoción de derechos —educación, generación de conciencia, diseminación—, a proveer asesoramiento, a mediar entre particulares e instituciones, creo que acá debemos ir más allá y revestirlas de la facultad de representar al colectivo social en las instancias políticas y judiciales que correspondan. De este modo y siguiendo la línea que he esbozado, esta institución habría intervenido en la colusión de los privados (Confort). También en los casos que se comprometa la fe pública (La Polar, platas políticas), o se robe y/o malverse la plata pública (Fundaciones). Indudablemente que, de haber existido, y siempre que sea como la imagino, esta institución habría perseguido la responsabilidad material e ideológica de quienes nos hicieron retroceder 30 años, quemando el Metro y destruyendo la propiedad pública y privada. Lo habría hecho, porque su función sería recibir las denuncias bajo cualquier formato, recabar toda la información posible de los distintos actores del Estado, procesarla, y ejercer todas las acciones civiles y penales que correspondan para efecto de lograr el restablecimiento del imperio del Derecho con la venía del Poder Judicial, y el resarcimiento completo de los daños causados.

Cabe subrayar que con el Ministerio Público no alcanza, porque su función es investigar con objetividad los hechos que constituyan delitos, a partir de la existencia de una denuncia penal o de una querella. Su función no es representar a las víctimas, ni procesar datos cuando solo hay indicios de irregularidades, fallas y/o negligencias. Tampoco lo hace la Defensoría Penal, que por el contrario defiende a los imputados. Menos lo hace el INDH, que desde un tiempo a esta parte, se ha centrado solo en perseguir a los agentes del orden, cuando en ejercicio de sus deberes constitucionales y legales, han terminado lesionando a quienes propiciaron y participaron en el desorden. No quiero que se malentienda. No me estoy oponiendo a que gente proteste o se manifieste contra la autoridad. Es un derecho constitucional hacerlo. A lo que me opongo es que se justifique y/o valide el uso de la violencia, o que en las manifestaciones haya grupos que terminen saqueando, quemando o destruyendo la ciudad. Cuando eso pasa, en cualquier país más o menos civilizado, interviene y con fuerza todos los poderes del Estado, los que en conjunto se ponen del mismo lado, esto es, en el lado del Derecho. Obran así, porque saben que aunque resulte paradójico, la paz social se basa en la existencia de normas que si no se cumplen, puedan aplicarse coactivamente, esto es, recurriendo a la fuerza. En otras palabras, en una sociedad democrática y de Derecho, la policía que es el brazo del orden y la paz interna, está facultada para aplicar gradual y legítimamente la fuerza a quienes no quieran someterse voluntariamente a las reglas. Nadie quiere que en esta parte los políticos se pongan creativos y traten de inventar la rueda. Solo decimos que deben replicar las fórmulas que tienen y aplican cuando enfrentan estos problemas, otras sociedades más avanzadas y consolidadas que nosotros.