Evaluación Docente: Publicidad de resultados para decisiones informadas

Hoy existen profundos cuestionamientos al proceso de evaluación al que se someten los docentes en nuestro país. En distintas sesiones de la Comisión de Educación del Senado se ha evidenciado una razonable preocupación ante la falta de transparencia tanto en el proceso de evaluación como en la publicación de sus resultados. Se ha indicado además que existen errores y que estos inciden en las remuneraciones. Así también, se ha señalado que los procesos de reclamación no son efectivos y que tan sólo un 3% en promedio son acogidos, lo cual pondría a los docentes en un estado de indefensión al no contar con un proceso facilitador de soluciones.

Esta situación se enmarca en el sistema de evaluación docente del país, y ello implica necesariamente profundizar el análisis, al entender que los sistemas de evaluación tienen por objeto esencial monitorear la calidad del profesorado y promover su mejora continua, siendo esto esencial para un impacto positivo sobre los aprendizajes de los alumnos.

Incluir criterios de publicidad y transparencia en relación a las evaluaciones, permite a los propios docentes saber en qué aspectos se encuentran bien evaluados y en cuáles requieren mejoras. Además, genera beneficios aún mayores al permitir a las familias y a los demás miembros de la comunidad educativa, tomar decisiones fundadas en la evidencia. A su vez, fomenta en los establecimientos la búsqueda de instancias de formación que permitan a sus docentes perfeccionarse demostrando con ello la calidad de la educación que en ellos se imparte. Es, por tanto, un mecanismo de monitoreo que incentiva el perfeccionamiento en todos sus niveles, además de favorecer una mayor participación de la comunidad en los asuntos educativos.

Actualmente se tramita en el Senado el proyecto de ley que tiene por objeto establecer un sistema único de evaluación docente (en segundo trámite constitucional, boletín 15715-04), y, al analizar su contenido, rápidamente se vislumbran deficiencias que transgreden el objetivo principal de todo sistema de evaluación asociado a mejorar la calidad de la educación. El proyecto quita la periodicidad y obligatoriedad de las evaluaciones y elimina consecuencias ante malos resultados. Estos aspectos deben ser corregidos, y en dicho proceso de perfeccionamiento, se presenta también una oportunidad para incluir mecanismos que aseguren la publicidad de los resultados obtenidos por el cuerpo docente de cada establecimiento educacional en sus propias páginas web y en la web oficial del Ministerio de Educación. Esto, que como se señaló previamente, contribuye al monitoreo de resultados por parte de la comunidad escolar, no genera mayores costos financieros, pudiendo fácilmente incorporarse vía indicación apenas se abra el periodo para presentarlas.

La multiplicidad de evaluaciones ha generado una sobrecarga laboral que ha motivado en gran parte la presentación del proyecto de ley, pero, dada su importancia, lo sensato sería entonces solucionar este problema, sin descuidar el sentido formativo de la evaluación docente, porque, tal como lo han señalado los autores Urzúa y Fontaine, “el aprendizaje depende, en primerísimo lugar, de lo que ocurre día a día en la sala de clases”.

El contenido del proyecto de ley y la incorporación de mecanismos de publicidad y transparencia es entonces trascendental. Es de esperarse que el Gobierno se disponga a perfeccionarlo de tal manera que logre el objetivo de generar un sistema que, incentivando la mejora continua, brinde a los estudiantes una educación de calidad.