Caso Convenios: Gobierno pide al CDE solicitar la disolución de Democracia Viva
El Ministerio de Justicia acudió al Consejo de Defensa del Estado después de una fiscalización que comenzó el 22 de junio tras el destape de las irregularidades.
La Subsecretaría de Justicia, previo procedimiento iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) disolver la Fundación Democracia Viva. Esta organización, que recibió 426 millones de pesos de parte del Serviu de Antofagasta, dio inicio al Caso Convenios que derivó en una serie de investigaciones por la entrega de fondos del Estado de manera irregular y sin garantías de por medio.
Según la cartera que conduce el ministro Luis Cordero, se realizó esta solicitud después de las graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de organizaciones. La decisión la tomó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, luego de un procedimiento de fiscalización iniciado el 22 de junio tras las denuncias de eventuales irregularidades en Antofagasta.
Una vez concluido el procedimiento de fiscalización desarrollado en el Registro Civil y la Municipalidad de Ñuñoa (domicilio de Democracia Viva), las autoridades resolvieron solicitar al CDE la disolución de la entidad por sentencia judicial, “conforme con el artículo 559 letra c) numerales 1 y 2 del Código Civil”, explicaron.
“Lo anterior en razón de que se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la Fundación lo que hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica”, informó el Gobierno.
Democracia Viva como “consultoría”
El ministro Luis Cordero abordó este pasó que dio el Gobierno para intentar disolver a la Fundación a través de una sentencia judicial. “No es admisible que una entidad sin fines de lucro se utilice como medio de consultoría para otro tipo de fines”, comenzó diciendo el secretario de Estado.
“Democracia Viva tiene una serie de incumplimientos en relación a su objeto social, pero en segundo lugar al fin al cual está destinada. En otros términos, una entidad sin fines de lucro que ha realizado actividades con otros fines. Eso tiene que ver con la forma y modo que se gestionaban los recursos al interior de ella”, explicó Cordero.
“El estándar establecido en ese oficio es el estándar que el Ministerio de Justicia se va a encargar de resguardar para cualquier entidad sin fines de lucro que se distraiga del objetivo central para el que han sido constituidas y que la ley autorice a constituir”, cerró.