Chile: 30 años más para resolver el actual déficit habitacional

Debido a la limitación de los recursos públicos, y considerando además algunos de los principios de la Administración Pública como la eficiencia, calidad, coordinación y planificación, se necesitarían al menos 30 años más, para resolver el actual déficit habitacional en Chile, considerando un esfuerzo conjunto y variadas sinergias entre actores públicos y privados.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al año 2022 el país contaba con 6,9 millones de hogares, 400 mil más que en 2020. La estimación de tendencia de ese año daba cuenta de que un 61,8% de los hogares correspondía a casa propia, 23% era arriendo y 3,6% eran viviendas con ocupantes irregulares. El déficit habitacional alcanzaba un 6,7%, incluyendo viviendas irrecuperables, hogares y núcleos allegados hacinados.

Desde 1990, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), ha profundizado su política pública destinada a resolver los problemas habitacionales de los sectores de menores ingresos. Esto, se tradujo en la entrega de 4,7 millones de subsidios para soluciones habitacionales, de los cuales, 3,5 millones han sido efectivamente financiados, con un costo total de 791 millones de UF, lo que representa un 66,7% del universo de subsidios habitacionales otorgados, incluyendo subsidios a sectores vulnerables, emergentes, y para el mejoramiento y ampliación de la vivienda.

A pesar de los esfuerzos, los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social (2020), identificaban un déficit habitacional de 438.113 viviendas, cifra que nos vuelve al nivel de déficit del año 1998 (456.629). Según la autoridad ministerial, el déficit habitacional no deja de crecer y estimó para el periodo 2022-2023 que esta cifra aumente a las 650 mil viviendas, es decir, cerca del 10% del número de hogares estimados, lo que implica un retroceso a niveles del mismo año 1998. 

Si bien en 2023 la cartera comprometió la disminución del déficit, asegurando la entrega de 260 mil soluciones habitacionales a nivel nacional, esto solo resuelve el 40% del problema. El esfuerzo público no es capaz de solucionar la complejidad del asunto, debiendo considerar otros factores, como el creciente costo de la construcción, los tiempos de resolución, la especulación en el valor del suelo y la demanda especulativa.

En este escenario, sería oportuno que el Ejecutivo fortalezca y profundice el diseño de incentivos apropiados que fomenten el uso de métodos constructivos alternativos. Por ejemplo, con la glosa vía Ley de Presupuestos referida a proyectos de “vivienda tipo industrializada”, como estrategia para diversificar la oferta de opciones de construcción, toda vez que el 88% de la oferta actual se levanta sobre hormigón.

Asimismo, disminuyendo los tiempos de ejecución, entre un 60% a un 75%, y cumpliendo siempre con las normas y estándares de calidad, tanto medioambientales, de seguridad y de eficiencia energética. Con mejoras de este tipo, podemos proyectar políticas públicas de vivienda que respondan no solo a los desafíos ciudadanos, territoriales y del mercado, sino que también estrategias que se concreten como un paso hacia adelante en materia de derechos sociales, para que miles de familias de Chile puedan salir del estado de vulnerabilidad en que se encuentran actualmente y acceder así a hogares dignos y sostenibles.