Reactivación educativa en el presupuesto
La gravedad y alcance de lo perdido por la pandemia requieren esfuerzos extraordinarios, pero apenas se ha visto un tímido ademán de hacer algo sustantivo en la materia.
Más allá de lo que el discurso pueda indicar, la distribución de los aumentos en el gasto educativo muestra las intenciones del Ministerio en la educación. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Manuel Villaseca Vial es director de Estudios Acción Educar
El gobierno presentó un proyecto de ley de Presupuesto para el año 2024, que en el ámbito educativo representa una decepcionante continuidad con la ley vigente. La mayor parte de los aumentos en el gasto se deben a leyes permanentes y no existe un cambio en la actitud del Ejecutivo frente a la reactivación educativa. La gravedad y alcance de lo perdido por la pandemia requieren esfuerzos extraordinarios, pero apenas se ha visto un tímido ademán de hacer algo sustantivo en la materia.
El año pasado, el gobierno comenzó a implementar un plan de reactivación denominado Seamos Comunidad: un conjunto de programas de bajo alcance, mínimo presupuesto y baja justificación en la evidencia científica. Su sucesor, el Plan de Reactivación Educativa, no es significativamente distinto. Después de más de un año de implementación, en ambas de sus versiones, los resultados están a la vista: la asistencia continúa empeorando, una minoría (38%) de los alumnos desvinculados entre 2021 y 2022 han vuelto al sistema, la convivencia escolar está en un estado crítico y los aprendizajes han retrocedido de manera brutal, como lo mostraron los resultados SIMCE.
Más allá de lo que el discurso pueda indicar, la distribución de los aumentos en el gasto educativo muestra las intenciones del Ministerio en la educación. Por un lado, una disminución en los recursos asignados por capítulos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (-2,2%) y a la Subsecretaría de Educación Parvularia revelan que la enseñanza inicial, aquella que rinde más beneficios para la sociedad, no está dentro de las principales prioridades de la cartera. Esto es aún más grave si se considera que la tasa de cobertura neta en educación parvularia cayó 2,4 puntos porcentuales entre 2017 y 2022. Se trata de la primera vez que cae en 30 años.
Por otro lado, un aumento de $590 mil millones en el total del presupuesto se ve mayoritariamente absorbido por el programa de Educación Superior, que alza su gasto en $313 mil millones (53,1%). Si más de la mitad del aumento en educación se va a políticas de financiamiento de estudios superiores, no se puede decir que ha existido un énfasis en lo que el país, en este momento, necesita: un enfoque en reactivación de los aprendizajes, de la asistencia y de la convivencia.
¿Qué hacer? Reformular y expandir el plan de reactivación, reemplazando programas inefectivos, concentrando los esfuerzos del Fisco en medidas eficaces y costo-eficientes. Inyectar recursos y dotar de autonomía a los establecimientos escolares, para que éstos gestionen de mejor manera los problemas que les aquejan. Ambos enfoques requieren que la autoridad educativa reconozca el momento histórico al que se enfrenta: uno que requiere su atención y esfuerzo extraordinario. No nos podemos dar el lujo de esperar 10 años.
