Urge la modalidad educativa de reingreso

La deserción escolar del sistema regular observada entre 2022 y 2023 es la más alta en los últimos seis años (Acción Educar, 2023).  Sólo un tercio de los estudiantes que abandonaron el sistema entre 2021 y 2022, volvió a matricularse. El Ministerio de Educación informó recientemente que este año, 50.814 estudiantes se encuentran desvinculados del sistema educativo.

Lo anterior deja en evidencia que la deserción va en aumento y que la revinculación no se logra exitosamente. ¿Qué futuro espera a esos niños, niñas y adolescentes? El propio Mineduc explica que “la desvinculación es una situación crítica para niños, niñas y jóvenes con consecuencias gravísimas: quienes no finalizan su trayectoria escolar suelen tener peores perspectivas de empleos en el futuro, tener menores ingresos, estar menos satisfechos/as con sus labores y tener menores probabilidades de conseguir y mantener un trabajo; a la vez, son más proclives a consumir sustancias ilícitas o a involucrarse en actividades delictivas, además de que participan menos en la sociedad civil.” En otras palabras, la exclusión escolar afecta la trayectoria vital de una persona, lo priva de recursos y herramientas para desenvolverse y evidentemente le quita oportunidades.

El Plan de Reactivación Educativa impulsado por la cartera, estableció una línea de acción llamada “Asistencia y revinculación” con el objeto de establecer medidas para revincular a estudiantes que hayan desertado. Sin embargo, aún no logra tener efectos significativos, ni sabemos si en el futuro los tendrá, dado que no cuenta con un modelo de implementación eficiente ni con los recursos suficientes para el logro de una revinculación efectiva. 

Frente a este escenario hay una alternativa. El año 2021, luego de un proceso de análisis extenso, el Consejo Nacional de Educación aprobó la propuesta del Ministerio de Educación para la creación de una nueva modalidad educativa de reingreso escolar. Dado que para su real implementación requería dotarla de financiamiento, ese mismo año se presentó el proyecto de ley.

El objetivo de esta modalidad, es ser una alternativa para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios en forma pertinente a su realidad, ya que hoy en día sólo cuentan con la Modalidad de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la que fue diseñada para estudiantes adultos que no han completado sus años de escolaridad obligatoria.

Se hace necesario, por tanto, contar con una modalidad que atienda las necesidades específicas de niños, niñas y jóvenes en un espacio seguro y propicio para el aprendizaje. Tal como señala el propio proyecto, lo que se necesita es “atender a las necesidades específicas de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes entre los 12 y los 21 años, que se encuentran fuera de los niveles educativos obligatorios del sistema escolar por más de dos años”. Para ello se establece “una nueva subvención educacional que sea flexible y adaptable, con el propósito de que puedan contar con los apoyos pedagógicos, socioemocionales y técnicos necesarios para alcanzar un desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos y destrezas que entreguen posibilidades de reingreso y de egreso de la educación escolar”. Ante las altas cifras de deserción, y sabiendo – como señala el propio Mineduc – que “cada día cuenta”, ¿por qué el Gobierno, a pesar de las numerosas solicitudes, entre ellas la del propio Consejo para la Reactivación Educativa,  no le ha dado prioridad ni urgencia a un proyecto de ley que efectivamente puede ayudar a paliar la crisis? La estimación es que 118.476 de niños, niñas y jóvenes se podrían ver beneficiados con esta modalidad.

Una mirada obtusa y rígida no es pertinente cuando en juego se encuentran las trayectorias vitales de todos ellos. Pero el Gobierno, a pesar de numerosas solicitudes, no ha querido reanudar su tramitación a pesar de que el panorama es complejo y aún más luego de que en Atacama los estudiantes perdieran más de ochenta días de clases.