“Ordenar los balances requiere tiempo”: así respondió Comunes al Tricel para evitar su disolución
La colectividad presentó un documento de 114 páginas donde apuntaron contra el Servel, principalmente.
El partido Comunes presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sus descargos para evitar la disolución que solicitó el Servel en diciembre de 2023 por “infracciones graves y reiteradas” en sus balances.
En el documento de 114 páginas, que dio a conocer La Tercera, la colectividad apuntó a que los responsables de los problemas fueron militantes que ya fueron expulsados, quienes integraban la directiva que presidió Jorge Ramírez.
“Sabemos que Comunes ha tenido desórdenes financieros, sabemos también que esos desórdenes provienen en gran parte de las labores de una directiva que ya no está en ejercicio. (…) La actual directiva lleva un par de años haciendo un gran esfuerzo para ordenar financieramente el partido para efectos de cumplir a cabalidad con las exigencias legales”, consignaron, según reveló La Tercera.
Si bien detallaron las medidas que han tomado ante esta situación, también apuntaron contra el Servel, solicitando más tiempo para poder ordenarse.
“Todo este esfuerzo de ordenar los balances del Partido Comunes requiere de tiempo y dedicación. El Servel sabe que estos problemas no se corrigen de la noche a la mañana y que los problemas de gestión financiera de la directiva anterior siguen generando efectos en la actualidad. Lo que nosotros pedimos es tener ese tiempo para enmendar las labores financieras”, aseveraron.
Tres fundamentos
La defensa de Comunes ante el Tricel también se enfocó en tres fundamentos. El primero de ellos, es que “la denuncia no describe infracciones específicas y no fundamenta el porqué éstas serían graves y reiteradas en el tiempo“, por lo que la denuncia del Servel “no cumple con los requisitos de cualquier solicitud de intervención judicial”.
En el segundo, indicaron que “la denuncia se basa en hechos sobre los que existen procesos administrativos en curso ante el Servel”, por lo que el organismo “da por hecho infracciones que todavía son objeto de análisis“.
Por último, en el tercero, plantearon que “la disolución de un partido político es una medida de última ratio”, ya que “implica la desaparición de éste del sistema político. Por lo mismo, es una sanción que sólo puede usarse en casos extremos y excepcionales, frente a hechos graves“.
Ante esto, sostuvieron que el Servel “no debe olvidarse que se pretende excluir de la política a un partido político que tiene representantes en el Gobierno, a saber, cuatro diputados, un alcalde, doce concejalías, dos consejeros regionales, una ministra, dos subsecretarios, diecisiete secretarios regionales ministeriales y cuatro delegaciones presidenciales, junto con tener militantes que se sienten representados en el proyecto político de Comunes”.
Por último, también apuntaron contra Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servel, recordando que “señaló de forma expresa que la finalidad de la acción de disolución era evitar que Comunes recibiera financiamiento público para las elecciones municipales de 2024“.
“Entonces existe una clara diferencia entre finalidad establecida por parte de la acción ejercida y la finalidad que ha señalado de manera expresa el presidente del consejo directivo. (…) Para el presidente del Servel, la forma de evitar esto era a través de la disolución de nuestro representado como organización política. Existe entonces una clara desviación de poder”, cerraron.