Nuestro sistema político: un laberinto a resolver (y pronto)
Históricamente, Chile ha optado por el presidencialismo, pero en tiempos recientes este sistema no ha proporcionado las soluciones eficaces que sí ofreció en los primeros años tras el retorno a la democracia
Víctor Inostroza es investigador de Fundación Piensa.
El 5 de junio de 2015, solo un mes después de que se publicara en el Diario Oficial el nuevo sistema electoral “proporcional e inclusivo”, en el contexto del “Seminario Fin al Binominal”, el reconocido cientista político y profesor de la Pontificia Universidad Católica, Juan Pablo Luna, ofreció una perspectiva crítica sobre la reforma. Argumentó que la eliminación del sistema binominal, lejos de constituir una panacea, podría no ser suficiente para solucionar los problemas subyacentes: “Incluso si el binominal era el problema, cambiarlo no garantiza una solución”, indicó. Además, manifestó sus preocupaciones sobre si esta reforma lograría mejorar la legitimidad y aumentar la participación ciudadana, mostrándose escéptico acerca de sus potenciales beneficios: “¿Mejorará la legitimidad del sistema? Probablemente no. ¿Incrementará la participación? Probablemente no”. Luna también señaló el riesgo de una fragmentación política significativa, el surgimiento de liderazgos personalistas y el aumento de candidaturas más dependientes de recursos económicos o de la popularidad. Casi nueve años después de aquel seminario, podemos afirmar que acertó en varios aspectos.
El sistema político constituye el corazón operativo del Estado, es la sala de máquinas donde se crean y procesan las decisiones importantes que deben tomar nuestras autoridades. Históricamente, Chile ha optado por el presidencialismo, pero en tiempos recientes este sistema no ha proporcionado las soluciones eficaces que sí ofreció en los primeros años tras el retorno a la democracia, en parte producto de que se materializaron varias de las predicciones de Juan Pablo Luna.
Hoy, nuestro sistema no entrega soluciones de políticas públicas a los ciudadanos, o cuando lo hace, suele ser de manera tardía. Como ejemplo de lo primero, podemos citar la urgente necesidad de una Reforma de Pensiones o una Ley de Inteligencia moderna, la cual se ha vuelto imprescindible tras el caso del ex militar venezolano secuestrado. En cuanto a respuestas tardías, se destaca la Ley de Usurpaciones o la agenda de seguridad, que además de tarde, ha sido aprobada a pesar de la ferviente oposición de los parlamentarios oficialistas, una muestra más de la crisis que enfrenta nuestro sistema.
Es por esto que una reforma al sistema político en general, y al sistema electoral en particular, es completamente necesaria. De lo contrario, estamos condenados a que líderes populistas, con propuestas de soluciones fáciles y radicales, lleguen al poder y se apoderen de él. Sin embargo, estos cambios enfrentan obstáculos significativos. Primero, nos encontramos en un año electoral, con los partidos políticos centrados en sus campañas. Segundo, la reforma del sistema político no figura entre las prioridades del Gobierno actual, como lo indicó la ministra Camila Vallejo al ser consultada al respecto. Tercero, es que aquellos en posición de impulsar el cambio, incluidos diputados y senadores, se benefician del statu quo, lo que reduce su incentivo para modificar el sistema. Esta situación se ve agravada por el fracaso de los procesos constituyentes recientes, oportunidades perdidas para implementar cambios sustantivos que hubieran mejorado la gobernabilidad.
Una posible vía para superar estos desafíos es acercando el debate a la ciudadanía, llevándolo más allá de las élites políticas y académicas. Es probable que varios chilenos no estén informados de que existen más de veinte partidos en el Congreso o de que el Frente Amplio y Chile Vamos no son partidos sino coaliciones. Informar a la población sobre la importancia de una reforma podría ser el impulso necesario para que quienes tienen el poder de cambiar el sistema actúen en consecuencia.
En enero de este año, parlamentarios de Chile Vamos presentaron un proyecto de ley que retoma algunas propuestas de la segunda iniciativa constitucional rechazada, buscando reducir el número de partidos en el Congreso y desincentivar el discolage. Aunque el proyecto no soluciona todos los problemas identificados, pone el tema sobre la mesa. Es fundamental que este esfuerzo no quede en vano y que desde la vuelta de los parlamentarios de vacaciones se aborden los problemas centrales de nuestro sistema político.