Balance de dos años desprolijos
A mitad de camino de la presidencia de Boric, el balance denota una gestión no solo desprolija, sino que derechamente deficiente y bordeando el desinterés en hacer las cosas bien.
Bastián Romero es investigador de la Fundación para el Progreso
Después de dos años desprolijos, hemos llegado al punto medio de la presidencia de Chile a cargo de Gabriel Boric. Han sido 24 meses marcados por volteretas, rabietas y papeletas que tienen hartos y confundidos a los chilenos. Lo más molesto, quizás, ha sido la inoperancia y la arrogante falta de autocrítica del gobierno a la hora de ofrecer soluciones efectivas a los problemas que más nos aquejan, como el auge de la delincuencia y la lentitud de la economía.
Sería incorrecto culpar directamente a Boric o al gobierno actual por la totalidad de los problemas que enfrentamos en materia económica. La inversión y la productividad, por ejemplo, llevan al menos una década estancadas producto de diferentes factores estructurales. Pero, aún así, mucho de lo que amenaza nuestro progreso económico en la actualidad sí se debe a acciones directas del gobierno.
La economía creció un poco en 2022, siendo impulsada por el consumo anormalmente alto que arrastramos del año anterior. Sin embargo, al igual que en 2023, el crecimiento fue decepcionante, ubicándose por debajo de las ya humildes proyecciones del gobierno. Cargados cada uno con su propio proceso constitucional y con malas propuestas de reformas tributaria y previsional, los años 2022 y 2023 estuvieron marcados por una incertidumbre económica de casi el doble de lo que promediamos entre 2012 y 2019, cerrando el último trimestre de 2023 con una caída de 2 por ciento real anual de la inversión.
Nuestro mercado laboral también se encuentra en aprietos. Durante los dos años que Boric ha estado en el gobierno, los avisos laborales por internet (ofertas de trabajo) cayeron a la mitad de lo que fueron a fines de 2021. Así, la tasa de desempleo subió 18 porciento en el mismo período. Aún quedan por recuperar más de 200 mil empleos que se destruyeron en la pandemia, y alrededor de 1 de cada 4 personas que sí trabajan lo hacen en la informalidad, es decir, sin ahorrar para su jubilación ni otros tipos de seguridad social.
Los empeños del gobierno para mejorar el mal momento laboral se han amarrado a reformas que están lejos de ser aprobadas y a leyes que podrían tener un efecto contrario al deseado. Por ejemplo, la ley que reduce gradualmente la jornada laboral a 40 horas debería ir acompañada sí o sí de un crecimiento en la productividad, pero ese no es el caso, ya que productividad de los chilenos cayó al menos 1,8 porciento en 2023, ¿cómo pretendemos entonces que las familias mantengan el mismo nivel de ingresos trabajando menos? Además, la brusca alza de 43 porciento del sueldo mínimo desde abril de 2022 a julio de 2024 (cuando llegará a $500 mil pesos) es veneno para la creación de empleo de las personas más desaventajadas de la sociedad: bajos ingresos, baja educación y baja experiencia.
El débil mercado laboral, sin embargo, no es tan notorio en la creación de empleos públicos, que aceleró más rápido que los empleos privados y ofrece sueldos 24 por ciento mayores.
El domingo en la mañana, la ministra Vallejo celebraba la reducción en desigualdad de ingresos y tasa de pobreza que dio a conocer este año la encuesta Casen 2022. Pero, recordemos que la subida de ingresos de los hogares se debió principalmente a una mayor participación de las transferencias monetarias del Estado hacia las familias. Los ingresos autónomos de los hogares, por el contrario, bajaron en comparación con años anteriores. Además, críticas a la metodología de estimación de la línea de la pobreza dejaron fuertes sospechas de que la tasa de pobreza debería ser casi del doble de lo que habíamos calculado.
Las remuneraciones reales de las personas llevan 11 meses creciendo. Eso es bueno, pero no es una señal de que la economía esté repuntando. El alza se debe principalmente al buen manejo de la inflación que nos entregó el Banco Central y a un gasto público controlado.
En cuanto a las arcas fiscales, el gobierno celebraba hace unas semanas que no se había pasado de lo que dijo que iba a gastar en 2023. Pero, las prioridades del gobierno son evidentes al observar que el gasto público priorizó pagos a personal (+4,1% real anual) por sobre la inversión pública en materias como educación y vivienda (-8,7% y -3,1% real anual, respectivamente). Eso se suma a que los ingresos fiscales no alcanzaron a cumplir las optimistas expectativas del gobierno (cayendo 12,5% anual) y, por ende, fue necesario que nos endeudáramos más de lo planeado, llegando al 39,7% del PIB de deuda bruta.
Dado que las expectativas de déficit fiscal del gobierno se ajustaron al alza, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la deuda no tiene garantizada su prudente sostenibilidad (bajo el 45% del PIB). Y cuando la deuda pública sube, también suben los pagos de intereses que, en algún momento podrían requerir pagarse con impuestos más altos a los chilenos.
A pesar de lo anterior y de afirmar estar tan preocupado por aumentar la recaudación fiscal, durante estos 2 años, el gobierno, en general, ha continuado sus promesas –siempre cambiantes– sobre la condonación del CAE: otra política pública que no sirve para ayudar a quienes más necesitan ayuda. Tan solo en 2023, el gobierno desembolsó US$300 millones en su papel de aval, o sea, una cifra mucho más alta que en años anteriores debido a un incremento en el número de personas que pasó a la morosidad esperando el perdonazo de su deuda. En perspectiva, ese desembolso es aproximadamente lo mismo que el Estado podría ahorrar mejorando la eficiencia del gasto público según las conservadoras estimaciones de la OECD.
Por último, respecto de las principales reformas que impulsa el ejecutivo, la tributaria y la previsional, se extrañan las recomendaciones que expertos vienen haciendo hace años. En tributaria, es claro que necesitamos ser más ambiciosos con la disminución de impuestos corporativos, con las mejoras de eficiencia del gasto público y con la reducción de la permisología, además de ampliar la base tributaria.
En pensiones, es imprescindible subir la tasa de cotización de forma gradual pero agresiva, y destinando los fondos a las cuentas individuales de los trabajadores; emparejar la edad de jubilación entre hombres y mujeres (recomendado por el mismo Marcel en 2006), además de crear un plan de ajuste gradual de la edad de jubilación acorde a las crecientes expectativas de vida; y reforzar una PGU focalizada y sostenible.
Sabemos que Chile lleva buen tiempo sin ser el modelo económico que otros países envidiaban. Recuperar la senda del crecimiento es posible, pero, nuestra actualidad no da atisbos de ser un punto de inflexión. A mitad de camino de la presidencia de Boric, el balance denota una gestión no solo desprolija, sino que derechamente deficiente y bordeando el desinterés en hacer las cosas bien.