¿Existe falta de cupos en la educación pública?: las razones del déficit de 3.000 matrículas escolares en Chile
Mineduc y organizaciones civiles se enfrentan sobre las causas que han provocado la falta de matrículas para estudiantes de enseñanza básica y media.
La subsecretaria Arratia también detalló que hay más de 1.700 estudiantes que figuran con doble matrícula, esto es, ser reconocidos como alumnos en dos o más colegios. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La alarma se encendió en los últimos días, cuando agrupaciones de padres y apoderados denunciaron el déficit de cerca de 3.000 matrículas para estudiantes de la educación básica y media en todo el país.
Desde el Mineduc abordaron la situación y la subsecretaria Alejandra Arratia explicó que la falta de cupos se concentra en zonas específicas como Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Copiapó, además de estar focalizadas en los primeros medios.
Por su parte, el ministro Nicolás Cataldo aseveró que esta problemática no es exclusiva de este año, ya que “es un proceso que se viene arrastrando desde hace años, dado que hay una demanda superior a la oferta disponible en determinados territorios”, indicando que durante la municipalización del sistema educacional, una postura habitual era decretar el cierre de establecimientos.
Junto con ello, la secretaría de Estado apuntó a un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos años: la migración. Esto, puesto que desde 2022 se crearon más de 152 mil Identificadores Provisorios Escolares (IPE), número que se entrega a los niños y adolescentes extranjeros, que no cuenten con RUN y deben incorporarse al sistema escolar.
Pero la subsecretaria Arratia también detalló que hay más de 1.700 estudiantes que figuran con doble matrícula, esto es, ser reconocidos como alumnos en dos o más colegios.
Ley de Inclusión: la traba según las organizaciones
Por contrapartida, diversas organizaciones civiles vinculadas al mundo educacional sostienen que hay otro aspecto que explica la falta de matrículas para los estudiantes y es la Ley de Inclusión promovida por el Gobierno de Michelle Bachelet, que puso fin a la selección y al lucro, además de decretar la gratuidad.
Teresa Romero, presidenta de Escuelas Abiertas, planteó que esta norma traía consigo la prohibición para que privados pudieran levantar nuevos establecimientos particulares subvencionados.
“Durante la década de los 80, la cobertura se fue solucionando por que se dieron incentivos a crear nuevos establecimientos. Luego de la Ley de Inclusión en el segundo Gobierno de Bachelet se eliminaron las posibilidades de hacer colegios. El problema de cobertura hay que solucionarlo invitando a privados a participar en invertir y desarrollar nuevos proyectos educativos”, argumentó Teresa Romero.
Este planteo es compartido desde Acción Educar, donde su director ejecutivo Daniel Rodríguez, agregó que “un sistema debería estar adaptado a variaciones de matrícula y ser capaz de prever y de poder recibir a todos los niños que lo necesiten, y ahí es donde creo que hay un punto central: la Ley de Inclusión Escolar, las limitaciones burocráticas que se pusieron para la creación de nuevos colegios particulares subvencionados y la ampliación de cupos”.
Entre las limitantes de la legislación para Acción Educar está que “al prohibir que los colegios estuvieran constituidos como sociedades con fines de lucro, también hiciste muy difícil que los colegios se endeudaran, porque si no tienen excedente no tienen cómo pagar un crédito, y por lo tanto no pueden endeudarse para construir más infraestructura. Entonces al sistema se le limitó el crecimiento por todos lados, y obviamente no es capaz de adaptarse”.
“Todas las restricciones, las amarras, la desconfianza al sistema particular subvencionado, el control centralizado de la oferta… Todo eso se origina en la Ley de Inclusión”, puntualizó.
