Reactivación Educativa: una promesa incumplida

Comenzando el año 2023, hace casi dos años, el presidente de la República anunciaba el lanzamiento del Plan de Reactivación Educativa, una medida de emergencia para intentar paliar y revertir los efectos perniciosos del prolongado cierre de las escuelas durante la pandemia. Si bien varias de sus iniciativas van en la dirección correcta, estas han sido rezagadas y han carecido de alcance, presupuesto y de un mecanismo de seguimiento claro que permita evaluar su efectividad.

La situación es alarmante: en 2023 aumentaron las denuncias de convivencia a la Superintendencia de Educación; casi 200 mil alumnos perdieron más de la mitad del año escolar; aumentó la cantidad de estudiantes que desertaron del sistema; disminuyó la asistencia promedio a los establecimientos dependientes de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); y los puntajes SIMCE siguen por debajo de los niveles prepandemia.

El Plan de Reactivación contempla políticas para abordar cada uno de los problemas aludidos, pero estas no cuentan con la escala necesaria ni con evidencia suficiente que las avale. En un intento por mitigar los crecientes problemas de convivencia escolar, el Mineduc amplió el alcance del plan Habilidades para la Vida, el cual, paradójicamente, no reporta un impacto significativo sobre sus beneficiarios (De Chaisemartin y Navarrete, 2023). Por otro lado, ante el alarmante número de alumnos que desertaron el sistema, el presupuesto para contratar equipos de revinculadores fue limitado: actualmente, 167 comunas del país (54,9% de las que no forman parte de un SLEP) no cuentan con un profesional para sus equipos de revinculación. Finalmente, los esfuerzos por levantar los aprendizajes están lejos de tener una cobertura deseable. Las tutorías de lectoescritura implementadas en 2023 abarcaron a 21 mil estudiantes, apenas un 0,6% de la matrícula escolar subvencionada. Además, la Estrategia de Reactivación de la Matemática asistió a tan solo el 4,1% de los docentes vinculados a una escuela en 2023.

¿Se trata entonces de un déficit de recursos de la cartera de educación en general? Ciertamente no. El presupuesto fiscal para el año 2024 deja las prioridades claras: el gasto designado a la educación superior aumentó en más de $313 mil millones de pesos, mientras que el monto asignado exclusivamente a la reactivación escolar fue cercano a los $31 mil millones (9,8 veces menos). Para colmo, en el nivel parvulario se recortaron los aportes estatales. Asimismo, muchas de las iniciativas en reactivación han aparecido demasiado tarde. Recién en noviembre de 2023, tras meses de paralización de actividades en el SLEP de Atacama y luego de rechazarse el proyecto de ley de presupuestos para la educación pública, se elaboró un Protocolo de Acuerdo para fortalecer el sector. A esto se suma el atraso de más de un año en la elaboración del catastro que dará a conocer el estado de la infraestructura de las escuelas públicas del país. Este último también será incompleto, al abarcar tan solo las regiones Metropolitana, Maule, Ñuble y Biobío.

A la fecha, la reactivación educativa ha sido una promesa incumplida y ha estado lejos de ser una prioridad para el Ministerio de Educación. Es inadmisible permitir que se normalice la aguda crisis que enfrenta el sistema educativo. Hacen falta recursos y sistemas de monitoreo activos que permitan tanto expandir las iniciativas exitosas como reformular las infructuosas; de lo contrario, seguiremos cargando gran parte de la reactivación educativa sobre las ya exigidas comunidades escolares.