Ministra Jessica López y vínculo con el mundo privado: “Este modelo tiene muchas bondades, pero se ha aplicado de manera ortodoxa y eso dificulta avanzar”

El 10 de marzo de 2023, la ingeniera comercial Jessica López (67) salió de la sede central de BancoEstado ―donde ejercía como presidenta desde 2022― con destino a La Moneda. Ahí, en la víspera del primer aniversario del Gobierno, el presidente Gabriel Boric la designó como ministra de Obras Públicas (MOP), sucediendo al arquitecto Juan Carlos García (PL).

El ex titular del MOP había dejado la institución en medio de cuestionamientos a su gestión, por déficits en el presupuesto de la cartera y retrasos en los procesos de concesiones. Así, uno de los primeros desafíos de López ―ex miembro de las Juventudes Comunistas, militante socialista e hincha de la Universidad Católica― en Morandé 59 ―a menos de 100 metros de su antigua oficina― fue reactivar las licitaciones y reordenar los recursos humanos en el ministerio.

Su balance tras poco más de un año en su cargo es positivo. “Me he sentido bien, lo he pasado chancho. Ha sido lo mejor trabajar aquí. Este ministerio es fantástico y me encanta estar aquí. Tiene todo que ver con mi forma de aportar. Yo creo que la calidad de la infraestructura es crucial para el salto al desarrollo”, comenta en entrevista con EL DÍNAMO.

Concesiones 2024-2025: “El compromiso es hacer más proyectos que en 2023”

Este miércoles, la Dirección General de Concesiones del MOP presentó su cartera de proyectos para 2024 y 2025, que contempla 24 llamados a licitación con una inversión de $12,6 mil millones de dólares. El plan contempla, en su mayoría, iniciativas de transporte y conectividad, aeropuertos, una planta desaladora y recintos penitenciarios, en diversas regiones del país. Para la ministra, esto representa un aumento en relación a lo licitado en 2022 y 2023, y permitirá dinamizar el empleo.

―Al inicio de su periodo como ministra, usted se encontró con un MOP con una cartera de proyectos recortada y con la eliminación de iniciativas emblemáticas. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Es distinto hoy el escenario de las concesiones?

―Cuando uno mira la historia del programa de concesiones, y de los llamados a licitación en particular, se encuentra con que al principio eran uno o dos al año, y después eran cuatro. En 2021 fueron 12 contratos y cerca de 20 obras. Fue una cantidad bien monumental. Lo que yo dije fue que en 2022 el ministerio estuvo digiriendo y procesando todo eso. Llamar a licitación toda esa cantidad de proyectos era una cuestión absolutamente inédita. Además, a poco andar, se encontraron algunos proyectos que se llamaron a licitación sin toda la información necesaria para que las empresas pudieran tomar decisiones.

Hubo mucho trabajo que hacer en términos de que el ministerio se adaptara a procesar esa cantidad realmente inédita de proyectos. Eso necesariamente impactó en que se llamara a licitación un solo proyecto en 2022. Yo creo que se digirió bien. Se procesó una cantidad importante de hospitales y distintas obras.

A mí me tocó un periodo donde sí pudimos hacer las dos cosas: procesar esa enorme cantidad de proyectos en licitación y preparar nuevos proyectos. Una de las cosas que uno se da cuenta rapidito aquí es que esto es un tren continuo de proyectos. Hay que estar alimentándolo y procesándolos. Se adecuaron los recursos del MOP de manera de procesar esa cantidad de proyectos y reiniciar las nuevas obras. Nos fue bien, salieron licitados en 2023 siete proyectos, la segunda cifra más alta del programa. Ahora el compromiso es hacer más proyectos que en 2023.

―Entonces, ¿el problema es que los engranajes estaban mal aceitados?

―Sí. Había una historia que permitía digerir dos o cuatro licitaciones al año, y de repente cayeron encima 20. Nosotros conseguimos un aumento de dotación por parte del Ministerio de Hacienda, que reconoció que el programa venía con una dotación de recursos que se había mantenido igual pero había crecido mucho. Una cosa es llamar a licitación, pero la cartera que tienes en administración va creciendo, porque los contratos están vivos, hay que modificarlos, mejorarlos, agregarles cosas. No es que uno licite, construye y se acaba. Todo va creciendo, y Hacienda entendió bien eso. El incremento de dotación nos ha permitido retomar el ritmo de forma más actualizada.

―Usted decía que su compromiso para 2024 es “hacer más que en 2023”. ¿Cuánto subirá la cartera de inversión estos años? ¿Cuántos proyectos esperan desarrollar?

―Esto es algo que hay que mirar a largo plazo. No puede ser que yo me quede con la cartera de proyectos de 2024 y 2025 ―espero estar aquí esos dos años―. Esto es una cartera de proyectos que tenemos que seguir aumentando a lo largo de los años, e ir ejecutándola en la medida en que las disposiciones de cada gobierno lo permitan.

En el largo plazo, tenemos una cartera de 53 proyectos, que suman $17 mil millones de dólares. Naturalmente, uno tiene que ir regulando cuánto puede ir ejecutando. Pero nosotros tenemos un compromiso interno de buscar licitar 24 proyectos en 2024 y 2025. No sé si lo vamos a lograr, porque es un monto mayor a los años anteriores. Estos dos años tendremos un monto de más de $12,6 mil millones de dólares en nuevos proyectos.

Además, los proyectos, en su proceso de vida, van incrementando las inversiones. De repente hay que hacer una cosa chica acá, otra cosa chica por allá, obras complementarias, como les llamamos. O el programa Buen Vecino, que tenemos en desarrollo, que son $500 millones de dólares, que buscan mejorar las condiciones de las obras concesionadas para la gente que vive en los alrededores. Las autopistas, por ejemplo, son verdaderas cicatrices para quienes les toca vivir ahí. Por eso estamos poniendo pantallas insonorizadoras en Vespucio Sur, en varios kilómetros, o las plazas alrededor de las obras. La idea es que estas obras no sean tan duras para quienes viven en sus alrededores.

―¿Cuáles serán las iniciativas emblemáticas para este año?

―Yo destacaría dos proyectos penitenciarios. La licitación de la cárcel de Talca, que ya está construida. Lo que se busca hacer es licitar su habilitación y administración. La otra es la nueva cárcel de Copiapó. Esto refuerza la cartera de seguridad. En materia de transporte, tenemos el teleférico entre Iquique y Alto Hospicio. Si bien es bien turístico, en términos de que es bien hermoso el emplazamiento, va a ser un impacto tremendo para la gente que vive ahí y se mueve para trabajar. Es una ruta larga que permitiría reducir mucho el tiempo de viaje.

También destaco la planta desoladora en Coquimbo, que es una obra súper importante. Es crítica. La sequía nos está golpeando en esa región, no sólo en Coquimbo y La Serena, sino también en Ovalle, donde la situación es bien dramática. Además, hay tramos de la Ruta 5, relicitaciones en tramos nuevos, dos corredores de transporte público en Concepción, y la red de cuatro aeropuertos en el sur ―Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Castro―.

―Ha habido polémica, entre otras cosas, por iniciativas que no se han realizado o que su licitación se ha postergado, entre las que están el Embalse Nueva La Punilla —que es de la cartera 2021, y su ejecución volvió a postergarse— o el sistema de alerta de tsunamis. ¿Qué explicación puede dar ante eso? ¿Cómo se entienden esos desfases?

―Hay muchas explicaciones, y muy buenas. En el caso del embalse Punilla, lo que pasó fue que una disposición judicial dijo que parte del proyecto no va a ser viable, que es lo que tiene que ver con la generación eléctrica. ¿Para qué vamos a hacer generación eléctrica si no se autorizan la ejecución de la transmisión? Entonces, nos obligó a redefinir el proyecto. Vi un artículo muy doloroso para nosotros, que hablaba de abandono. ¿De a dónde? Todo lo que hemos declarado es que la ejecución de nuestro plan de embalses la vamos a acelerar al máximo. No hay ningún abandono, repito. Y aprovecho de ratificar: vamos a hacer el embalse Punilla.

―¿Y el sistema de alerta de tsunamis?

―También va. Lo vamos a llamar a licitación este año, lo estamos agregando. Lo que hay aquí es que el Ministerio del Interior le puso urgencia. Estamos viendo con el Ministerio de Hacienda la forma de distribuir los recursos. Pero el proyecto va, y este año.

―Las obras públicas generan empleos. ¿Cuántos puestos de trabajo buscan crear con este plan?

―Todo este programa de concesiones se ejecuta a través de empresas privadas. Sociedades concesionarias que, a su vez, subcontratan distintas especialidades, de consultoría, de ingeniería, de construcción, de habilitación. Entonces, son una inyección a la vena de la construcción, que sabemos lo intensivo que es, y al de la consultoría.

Cuando uno licita, pone en el mercado el proyecto, las empresas lo empiezan a estudiar, y primero se inicia una demanda por consultoría. Eso genera empleo más calificado. Cuando yo lo adjudico, se genera otra demanda de trabajo, con estudios de ingeniería, estudios ambientales, participación ciudadana. Todo eso se mira medio a huevo, como que lo único que generara empleo fuera la construcción. Hay mucho empleo previo.

―¿Cuántos puestos de trabajo estiman que se crearán con este plan 2024-2025?

―La estimación es de más de 30 mil empleos.

Permisología: “No podemos bajar la protección, pero estoy segura de que podemos mejorar la forma en que lo estamos haciendo”

―Una de las grandes preocupaciones del sector privado a la hora de invertir es la permisología, que puede hacer demorar años la ejecución de un proyecto. ¿Qué mea culpa se hace desde el Estado, sobre todo teniendo en cuenta el escenario económico?

―Todos los proyectos que nosotros hacemos, tanto en forma directa como a través de nuestro programa de concesiones, tienen que pasar todos los estudios, etapas, permisos e informes igual que cualquier proyecto privado. Pasan por todo lo que se llama la permisología. Y aquí todo el Estado tiene que ver, porque todos otorgamos permisos. La Dirección General de Aguas otorga permisos, la Dirección de Vialidad también, la de Obras Hidráulicas también. Todo, dentro de la enorme maraña de permisos. Por otro lado, vivimos y sufrimos el impacto de todos los permisos que cualquier proyecto tiene que tramitar, porque son nuestros proyectos.

Ahora, tú me preguntas qué responsabilidad tiene el Estado. Toda, toda la responsabilidad. Pero los privados también tienen responsabilidad. Y yo diría que este Gobierno se está haciendo cargo del problema de la permisología. Nunca dejo de recordar que, si tú miras todos los gobiernos para atrás, en el primer gobierno del presidente Piñera se creó una oficina en el Ministerio de Economía para monitorear los grandes proyectos y ver cómo podíamos empujarlos. Eso partió en 2010. Hoy estamos en 2024, y este es el primer Gobierno ―y el único― que está haciendo una propuesta en serio, a la base de cómo se estructura el sistema de permisos en Chile.

Entonces, ¿responsabilidad? Sí. Es súper responsable avanzar, de manera de terminar con esto de que voy a tratar de apoyar este proyecto, cambiando la carpeta, llamando por teléfono, y cambiar el sistema de permisos en Chile. Después de tantas décadas, existe una posibilidad de hacerlo más racional, más asociado a la dimensión de los proyectos, su criticidad y su riesgo. Este es el Gobierno que está iniciando un cambio estructural en el sistema de permisos. Hay que hacer un cambio en el sistema.

―Un ejemplo de eso es que los proyectos se demoran, en promedio, 885 días en obtener la Evaluación de Impacto Ambiental…

―Y se demoran lo mismo en todos los países. Hay varias cosas que se pueden hacer en paralelo. Pero, yo creo, lo más responsable es que vayamos al fondo del problema.

―¿Y cómo se va al fondo del problema?

―Yo creo que el fondo del problema está en la propuesta de ley que está haciendo el Ministerio de Economía, que apunta a varias cosas. Una es distinguir entre los tipos de permisos y de proyectos. Una cosa es construirse la casa, otra es construir un conjunto habitacional. Hay distinto impacto y distinta criticidad. Yo creo que hay proyectos públicos que son más críticos que otros, y debiésemos tener un reconocimiento en ese sentido.

Hay muchas cosas que mirar. Una de esas es la responsabilidad de los privados. No puede ser que el sector privado diga ah, chuta, yo meto un proyecto y no soy responsable de nada más. El Estado me tiene que decir. No, no es así. La calidad y responsabilidad con que presento un proyecto, con que acojo las observaciones que me resultan, es también una responsabilidad del sector privado y de quienes ejecutan los proyectos. Aquí es responsabilidad de todos.

Pero sumo algo más: cuando ejecutamos proyectos, nosotros tenemos muchos permisos que obtener de empresas privadas. De eléctricas, para mover postaciones, de sanitarias, para interferir en instalaciones sanitarias, de empresas de gas o de comunicaciones. Todos esos permisos los otorga el sector privado. No es sólo un tema de permisos públicos. Así que, si queremos que esto cambie, tenemos que ponernos todos las pilas. Insisto, este Gobierno ―y ningún otro lo había hecho antes― está haciendo una propuesta para cambiar los fundamentos del sistema, y eso es lo más responsable.

―De hecho, hay dos proyectos en el Congreso. Uno es el de permisos sectoriales, que se está viendo en la Cámara de Diputados, y la reforma a la ley de Bases Ambientales, que está en el Senado. Y el Gobierno ha puesto indicaciones. ¿Hacia dónde apuntan?

―Uno lo lidera el Ministerio de Economía, el de permisos sectoriales, y ya se aprobó la idea de legislar. Y las bases ambientales y el sistema de evaluación ambiental, después de varios años, también ameritan una revisión. Eso es lo más responsable. Así que hay que avanzar en el Congreso con eso.

Gobierno y empresarios: “La relación siempre ha sido difícil. No fue algo de esta Enade”

―A su ministerio le toca, como a ninguno –quizás–, articular la colaboración público-privada en el Gobierno. ¿Ha visto resistencia del empresariado a colaborar con esta administración?

―He visto, en las empresas contratistas del ministerio, la mejor disposición, y también en la Cámara Chilena de la Construcción. También he visto mucha demanda de mejoras en el operar del Estado para que todos los procesos sean más fluidos. Nos reunimos regularmente con la Cámara Chilena de la Construcción y con la Asociación de Concesionarios buscando mecanismos para mejorar. Porque el ministerio así como es un demandante muy grande de obras por miles millones de dólares todos los años, tiene que ser el mejor pagador. El MOP tiene que ser el que hace que las obras fluyan, y tenemos mucho por mejorar ahí.

Hemos hecho una cantidad de reglamentos para mejorar la relación entre proyectos, y también en materia de platas. Ahí hemos metido a BancoEstado, como banco estatal, que puede ser un apoyo bien importante a las empresas contratistas del MOP, en el entendido de que este es un ministerio que paga. Entonces, yo creo que hemos tenido una actitud súper proactiva respecto de un mejor operar entre el sector público y el sector privado. Estamos avanzando en esa línea.

―¿Pero cree que existe, realmente, una tensión entre el Gobierno y los empresarios? Antes y después de Enade 2024, este fue un tema recurrente. ¿Cree que quizás este ánimo tenso se fuerza en el pre y el post del evento?

―Yo soy una asidua asistente a Enade, desde los años del presidente (Ricardo) Lagos, cuando lo acompañaba, y después iba con la presidenta (Michelle) Bachelet. La Enade es una reunión empresarial con quien es difícil operar y relacionarse para los gobiernos de centroizquierda. Yo estuve en la Enade en que al presidente Lagos le dijeron déjennos trabajar tranquilos.

La relación siempre ha sido difícil, porque es una relación donde el Gobierno y todo el sector público está empujando para que toda nuestra forma de operar permita que más personas se beneficien de los progresos del país. Entonces, ha sido difícil.

―¿Pero existe esa tensión?

―Sí, siempre ha existido. No fue algo de esta Enade. Esta Enade fue lo mismo que todas las Enade anteriores en que fui con Lagos y Bachelet. Hay una tensión, porque los 30 años no fueron pan comido, no fueron miel sobre hojuelas. Fueron años duros, de peleas, de tensiones súper duras, para ir moviendo el límite de lo posible, porque este modelo, que tiene muchas bondades, también se ha aplicado en Chile de manera muy ortodoxa, y eso dificulta avanzar en ciertas cosas. Pero vamos a seguir dando esa pelea siempre.

―Pero esta relación tensa contrasta con que ministros de este Gobierno tuvieron, por ejemplo, reuniones con gerentes –no con empresarios– para dialogar sobre estos proyectos en la casa del militante UDI Pablo Zalaquett. ¿Puede ser que en público se mantenga esta tensión y estos dimes y diretes, y en privado la situación sea distinta? ¿Existe esta dualidad?

―No creo. Yo me reúno permanentemente con asociaciones gremiales y empresas cuando ellos lo necesitan. No tengo ningún problema, al contrario. Lo mejor es sostener un diálogo abierto, franco, de nuestras convergencias y discrepancias. Yo nunca le he negado una reunión a nadie. Creo que es bueno hablar, desde la transparencia, porque a lo mejor tenemos diferencias en el cómo hacer las cosas, pero queremos todos llegar a un mismo lugar.

Socavones en Concón: “Queda la reflexión de si vamos a seguir construyendo en campo dunar”

―¿Qué le han parecido las críticas al Aeropuerto de Santiago? En una entrevista con Radio Bío Bío, el gerente de Sky Airlines, Holger Paulmann, aseguró que “es una brutalidad” y que “el diseño no está bien hecho”. Cuestionó, además, las distancias que hay que recorrer dentro de los terminales.

―Es que él se quedó atrás, porque eso ya lo resolvimos. Hasta yo me quejé. Te dejaban en un vuelo nacional y tenías que caminar como siete kilómetros. Había que dar una vuelta muy grande para poder acceder a los retiros de equipaje. Se hizo una obra, y ya no hay que hacer eso.

―Quien también se quejó por problemas en el aeropuerto el año pasado fue Don Francisco, esta vez por dificultades en la accesibilidad. ¿Se han hecho cambios en esa materia?

―Sí, claro. Lo que pasaba era un problema de calidad y cercanía del servicio. Había que caminar no sé cuánto para pedir el apoyo de una silla de ruedas. Ridículo. No he recibido más reclamos, pero entiendo que está bien resuelto. Había una empresa que estaba a cargo de eso y que, naturalmente, sufrió cambios bien importantes en el servicio que prestaba.

―¿Y cuánto pueden influir ustedes, desde el MOP, en lo que hace o no la concesionaria? ¿Pueden llamar la atención por algo que no está funcionando bien?

―Sí pues. Tenemos un contrato, y el contrato incluye calidad del servicio. Además que, para nosotros, la calidad del servicio es clave por la reputación del aeropuerto. Este es el principal punto de entrada a nuestro país. Para la concesionaria es clave que los pasajeros queden felices con su paso por el aeropuerto. Todos queremos que la cuestión funcione bien. Entonces, siempre vamos a estar disponibles a mejorar el contrato y a buscar las formas de financiamiento para eso. Yo no tengo ningún susto.

―¿Y han resultado bien las relaciones con el concesionario?

―Sí. Eso no significa que no tengamos unas demandas grandes, porque pasamos la pandemia y eso le generó problemas al aeropuerto. Se cayó el tráfico a cero, y ellos están en obras todavía. Primero se hizo el nuevo terminal internacional y todavía estamos adaptando el terminal nacional, hasta el próximo año. Todos aquí queremos que el aeropuerto sea una joya, y siempre hemos encontrado la mejor disposición para arreglar eso. Las disputas que tenemos tienen que ver con cosas pasadas.

―Respecto de los socavones en Concón, ¿en qué van las obras de mitigación? ¿Existen fechas y plazos concretos?

―Tenemos hasta fines de este año para terminar las obras. Ya se terminó el colector secundario, que busca poder hacer las obras definitivas con tranquilidad durante este invierno. No queremos que nos agarre una lluvia y que de nuevo se genere un daño. Estamos, también, viendo cómo reponer lo más rápido posible las calles, y para eso se están haciendo los muros. Hemos avanzado bien de acuerdo a lo que proyectábamos y estamos comenzando las obras del colector definitivo, que tiene que estar resuelto de aquí a fin de año.

―¿Han identificado otros puntos críticos en la zona para este año?

―No, porque las estimaciones de lluvia son menores que el año pasado. Siempre estamos sujetos al riesgo de una lluvia de río atmosférico, que es convectiva y violenta, en cortos periodos de tiempo. Pero estamos esperando el término de las obras. Eso sí, queda la reflexión general respecto a si vamos a seguir construyendo en campo dunar o no.

―Otra imagen que vimos el invierno pasado fueron los ríos y canales desbordados en ciudades y pueblos. ¿Se están tomando medidas de prevención en ese sentido?

―Es bueno tomar conciencia de que Chile es una larga y angosta faja de tierra, con la Cordillera de los Andes y el mar. Entonces, cuando hay lluvias convectivas y la isoterma está baja ―o sea, no se acumula nieve―, las aguas bajan. Nosotros tenemos identificadas a lo largo de nuestro territorio muchas quebradas, donde se genera riesgo aluvional. Hemos desarrollado en la ciudad infraestructura que permite canalizar al mar estas aguas, sin que se genere daño en la ciudad.

Es muy importante, por las inundaciones ―como las del año pasado―, pensar en los embalses, que aparte de guardar agua, permiten regular los caudales. Hay que tener muy claro cómo son nuestros ríos y cuáles son las protecciones que tienen que tener. Estamos desplegados en la construcción de muchas protecciones de riberas de ríos. La Dirección de Obras Hidráulicas está todavía cuidando y limpiando todas nuestras quebradas y cauces, para evitar aluviones e inundaciones. Lo primero que hay que hacer es, además, encauzar los ríos. Por eso no tienen que tener tanta agua. Y después, en donde corresponda, hay que enrocar. Esto en las más de 100 cuencas y 1.200 ríos en el país.