Reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, creado para proteger y promover los derechos fundamentales, enfrenta serios desafíos que demandan una reforma urgente. El proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley N° 20.405 busca revitalizar esta institución, asegurando una representación pluralista, un control parlamentario efectivo y un ámbito de acción ampliado para abordar delitos graves como el terrorismo y el secuestro.

Los derechos humanos son universales e inalienables, esenciales para la dignidad de cada persona. Sin embargo, el INDH ha sido cuestionado por su enfoque parcial y politizado, lo que ha erosionado la confianza en la institución. Su actuación ha sido inconsistente, apareciendo con fuerza en casos mediáticos contra Carabineros, como el caso del Puente Pío Nono, mientras ha brillado por su ausencia en otros donde las víctimas clamaban por justicia.

Esto es especialmente preocupante porque el INDH actuó rápidamente para condenar a Carabineros por la caída de un joven al río Mapocho, un hecho ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Sin embargo, durante el mismo período, no mostró la misma diligencia en los casos de violencia y terrorismo en Macrozona Sur, donde familias mapuche y no mapuche han sido víctimas de ataques violentos y amenazas constantes. Esta disparidad en la respuesta del instituto pone en duda su imparcialidad y eficacia. Este proyecto de ley busca corregir justamente estas deficiencias, ampliando su margen de acción para intervenir en delitos graves como el terrorismo y el secuestro.

Recordemos también el escándalo de las pensiones de gracia mal otorgadas que evidencia otra área donde el INDH ha fallado en su misión. La falta de rigurosidad por razones políticas favoreciendo los sesgos ideológicos alejados de la tan preciada imparcialidad. Es imperativo que la reforma al INDH contemple mecanismos más estrictos de control y rendición de cuentas para evitar que situaciones como esta se repitan.

Actualmente, el proceso de nombramiento en el INDH no garantiza diversidad, favoreciendo principalmente a un sector político. Corregir esta situación es esencial para que la institución recupere su credibilidad y cumpla efectivamente su misión.

Además, es importante ampliar la interpretación del concepto de derechos humanos para incluir violaciones cometidas por particulares, no solo por agentes del Estado. Organismos como la Defensoría del Pueblo en Colombia ya reconocen que los derechos humanos pueden ser vulnerados tanto por particulares como por autoridades. Adoptar esta perspectiva en el INDH permitirá una protección más integral y equitativa.

Finalmente, la reforma propone un control parlamentario adecuado sobre el INDH. La ley actual no proporciona mecanismos efectivos para la supervisión de sus actividades, lo que ha sido paliado de manera inconsistente a través de leyes de presupuestos temporales. Un control parlamentario riguroso y permanente garantizará la transparencia y rendición de cuentas necesarias para el buen funcionamiento del Instituto.

No pueden existir ciudadanos de primera y segunda clase en la defensa de los derechos humanos. La modernización del INDH es esencial para que recupere su rol como defensor imparcial de los derechos fundamentales en Chile. Solo con una representación diversa, un mandato ampliado y una supervisión adecuada, esta institución podrá cumplir su misión y responder a las necesidades de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin importar quién sea el perpetrador. La reforma propuesta no solo revitalizará al INDH, sino que también fortalecerá la protección de los derechos humanos en el país, garantizando justicia para todos.