¿Dónde están los gobernadores?

Dos temas que han sido discutidos en el último tiempo son los problemas de seguridad y el déficit habitacional que afectan al país. En ambos vemos la paradoja entre el discurso de las autoridades locales y su oposición a proyectos cuando éstos afectan a sus comunas, lo que se conoce como comportamiento NIMBY (not in my back yard). Esto pone de manifiesto la necesidad de robustecer a los gobernadores regionales, pues difícilmente alcaldes cambiarán su comportamiento.

Si reflexionamos, una cárcel, y en menor medida las viviendas sociales, suelen juzgarse por sus externalidades negativas. Sin embargo, ante ambas crisis, es difícil pensar que no necesitamos construirlos en algún lado. Entonces, una pregunta es cómo equilibrar entre costos y beneficios para decidir dónde y cómo implementarlos.

La propuesta de una cárcel de alta seguridad en Santiago es un buen ejemplo. Esta necesidad se respalda por diversos argumentos, desde problemas de seguridad y falta de infraestructura hasta motivos de derechos humanos debido al alto nivel de hacinamiento. No obstante, el mero anuncio del proyecto provocó que varios alcaldes y candidatos expresaran su rechazo a que ésta se instale en su comuna.

Las declaraciones de la alcaldesa Irací Hassler (PC) son un caso a destacar dados sus conocidos vaivenes en materia de seguridad. Primero quiso “democratizar espacios públicos” otorgando más permisos a comerciantes ambulantes y ahora los persigue debido a los problemas que generan en Santiago. Recientemente, declaró no estar dispuesta a transformar su comuna en una “zona de sacrificio”, opinión que fue compartida por el candidato Mario Desbordes (RN). A su vez, el alcalde de Tiltil (FA) se quejó de sentirse “ciudadanos de tercera categoría”.

Aunque no existe una ubicación “perfecta”, en algún lugar se deben construir. ¿Significa esto que una comuna se sacrifica o que ahí viven ciudadanos de menor categoría? Claramente no, pero pone de manifiesto que la decisión va más allá de las alcaldías, pues su radio de acción es más amplio y el impacto trasciende a su mandato.

En relación con las viviendas sociales el fenómeno es similar. Por ejemplo, a pesar del déficit habitacional en Maipú, el alcalde Vodanovic ha descrito a los edificios de media altura como “guetos verticales” y algo que los vecinos rechazan; sin embargo, sin ellos es difícil pensar en soluciones factibles. Asimismo, otras comunas como San Miguel, Estación Central y Ñuñoa, han modificado su normativa urbana para restringir la altura de sus edificios, independientemente del déficit en cada una de estas zonas.

Si bien es natural que diversos grupos no quieran lidiar con estas “externalidades negativas”, como se vio en los vecinos de Rotonda Atenas en Las Condes, también es necesario tomar decisiones complejas e incluso mandatadas por ley, como es el caso de la Ley de Integración Social.

Entonces, la pregunta de fondo no es solo qué desean los vecinos ni qué motiva las inconsistencias edilicias, sino quién debería abordarlos desde una mirada panorámica. En este contexto, es inevitable pensar en figuras políticas que raramente se manifiestan: los gobernadores regionales.

Los gobernadores han sido poco influyentes en la agenda local, siendo más bien observadores de los emplazamientos alcaldicios al gobierno central. Y aunque el traspaso de competencias ha sido bajo, esto no significa que no tengan responsabilidades en temas que superan la escala municipal, como transporte, vivienda y seguridad.

Frente al comportamiento NIMBY de los alcaldes, es el gobierno regional quien debe velar por el desarrollo territorial. Lo anterior lo podemos apreciar en la construcción de una línea de Metro. Si bien ésta beneficia a los vecinos del sector, también fomenta proyectos condicionados al transporte para abordar el déficit habitacional en zonas bien localizadas. Win win, como diría el exministro Jackson.

Un ejemplo es el de Nueva York, donde las decisiones metropolitanas se fundamentan en principios de participación ciudadana y un proceso escalonado entre actores. Esto fomenta el diseño de medidas de mitigación antes de su implementación para que la autoridad decida en base a distintas perspectivas. En este proceso, cada etapa tiene plazos definidos, incluyendo su aprobación en caso de que no exista pronunciamiento una vez cumplidos, brindando certeza jurídica.

¿Dónde están los gobernadores? Salvo el gobernador Orrego, quien ha emitido su apoyo a la construcción de cárceles y ha solicitado diversas transferencias, otros brillan por desapercibidos. Sin un marco institucional adecuado y una delimitación clara de responsabilidades entre niveles, es probable que sigamos pagando por su ausencia. En definitiva, con las elecciones acercándose, es crucial pensar en cómo las autoridades regionales pueden aportar al bienestar local, de lo contrario, seguiremos haciéndonos trampa en solitario, pidiendo más soluciones, pero exigiendo que éstas se implementen en el patio del vecino.