El lado oscuro del financiamiento de litigios por terceros: el caso de la soberanía de Malasia y sus implicaciones para América Latina
A medida que América Latina sigue navegando su propio camino en el paisaje jurídico mundial, deben tenerse en cuenta las lecciones de la experiencia de Malasia para salvaguardar los intereses nacionales y preservar la independencia de las naciones soberanas.
Cada día se hace más patente la creciente influencia de la financiación de litigios por terceros (TPLF) en el ámbito del arbitraje y los litigios internacionales en Malasia. Freepik.
La lucha judicial de Malasia contra los herederos autoproclamados del desaparecido sultanato de Sulu, por un valor de 14.920 millones de dólares, suele considerarse un medio de igualar las condiciones para que los demandantes con recursos limitados puedan reclamar justicia. Este caso, además de poner de relieve el potencial de abuso inherente a la TPLF, sirve de dura advertencia para los países de América Latina que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad similar.
El gobierno de Malasia está actualmente envuelto en una disputa legal de alto riesgo que afecta el corazón mismo de su soberanía. La reclamación surge de un laudo arbitral otorgado a personas que afirmaban ser herederos del Sultanato de Sulu, un sultanato que dejó de existir hace más de un siglo. Estos demandantes alegan que Malasia violó un tratado territorial de la época colonial que involucraba a Borneo del Norte, ahora el estado malasio de Sabah. A pesar de la firme posición de Malasia de que Sabah es una parte indiscutible de su territorio y de que el reclamo es frívolo y carece de fundamento legal, la nación se ha visto obligada a gastar recursos considerables para defenderse.
En este tema es fundamental el papel del TPLF, en concreto la participación de la empresa financiera Therium, con sede en Londres, que financió la batalla legal contra Malasia. Que los demandantes pudieran llevar su caso a un arbitraje internacional fue posible gracias a este respaldo financiero, a pesar de que su caso tenía poco mérito. Además, el procedimiento arbitral estuvo plagado de irregularidades, como la controvertida actuación del árbitro español Gonzalo Stampa, que desobedeció múltiples órdenes judiciales y continuó el arbitraje en París, donde finalmente dictó el laudo masivo. Esta decisión fue posteriormente anulada en apelación en Francia, pero no antes de que Malasia se viera obligada a emprender una extensa y costosa batalla legal.
Este caso muestra cómo se puede explotar el TPLF para perseguir algunos reclamos oportunistas contra ciertos estados soberanos, que pueden socavar su soberanía nacional y agotar los recursos públicos. Las implicaciones para América Latina, una región con su propia historia de complejas disputas legales e intervenciones extranjeras son profundas.
Las naciones latinoamericanas, muchas de las cuales son mercados emergentes con sistemas jurídicos en desarrollo, podrían ser especialmente vulnerables a las manipulaciones observadas en el caso de Malasia. La implicación de empresas financieras extranjeras en litigios nacionales o regionales podría abrir la puerta a abusos similares en los que demandantes con escasa capacidad jurídica se envalentonan con la promesa de respaldo financiero para presentar demandas extravagantes. Esto puede generar una avalancha de litigios contra los gobiernos dirigidos contra los bienes públicos y el dinero de los contribuyentes al tiempo que se ejerce una presión adicional sobre unos sistemas judiciales ya sobrecargados.
Es más, el potencial de abuso se ve exacerbado por el hecho de que el TPLF opera en un entorno en gran medida no regulado. El secretismo que rodea a los acuerdos de financiación, la falta de transparencia en los procedimientos de arbitraje y la ausencia de normas éticas para los financiadores crean un terreno fértil para la explotación. En zonas como América Latina donde la corrupción y la inestabilidad política son problemas constantes, la influencia incontrolada de TPLF podría tener consecuencias de largo alcance.
El caso de Malasia constituye un estudio crítico para los países latinoamericanos. Pone de relieve la necesidad de contar con marcos jurídicos sólidos y una supervisión reglamentaria para evitar el uso indebido del TPLF en litigios que podrían amenazar la soberanía nacional y la estabilidad económica. Las naciones latinoamericanas deben ser proactivas a la hora de protegerse de retos similares asegurándose de que sus sistemas jurídicos no son secuestrados por intereses financieros externos que buscan beneficiarse a expensas del bienestar público.
Aunque el TPLF puede desempeñar un papel positivo a la hora de facilitar el acceso a la justicia, el caso de Malasia ilustra el lado oscuro de esta práctica cuando no se controla. A medida que América Latina sigue navegando su propio camino en el paisaje jurídico mundial, deben tenerse en cuenta las lecciones de la experiencia de Malasia para salvaguardar los intereses nacionales y preservar la independencia de las naciones soberanas.
