Un delito que no se denuncia es un espacio para la impunidad

La reciente Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2023 nos enfrenta a una realidad inquietante: el 52,5% de los hogares que fueron víctimas de delitos violentos no denunciaron estos hechos. Este dato no es simplemente una cifra fría, sino una manifestación tangible de una crisis mucho más profunda en nuestra sociedad: la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de protegernos. La falta de denuncias revela una desesperanza generalizada en la efectividad de nuestro sistema de justicia, y ese es un terreno fértil para la impunidad.

Cuando un delito no se denuncia, no solo se le niega al Estado la oportunidad de actuar, sino que también se crea un ambiente donde los delincuentes operan con una impunidad que debilita la cohesión social. La percepción de que la denuncia “no sirve para nada” o que “es peor denunciar” está erosionando la base misma del Estado de Derecho, donde la legalidad debería prevalecer sobre la violencia. En un contexto como el actual, cuando dejemos de recibir denuncias, deberíamos alarmarnos. Significará que llegamos tarde y que el crimen organizado ya se ha apropiado de los territorios, sometiéndolos completamente.

Pero esta crisis de inseguridad tiene un componente adicional que no podemos ignorar: la inmigración irregular. Según la Encuesta CEP, la seguridad es la principal preocupación de los chilenos, y dentro de este contexto, el ingreso descontrolado de inmigrantes se ha convertido en un factor crucial. La falta de control en nuestras fronteras ha permitido que bandas delictuales internacionales establezcan sus operaciones en el país, exacerbando los niveles de criminalidad y violencia. Sin ir más lejos, un militar se encuentra gravemente herido tras ser agredido por migrantes que ingresaban por la frontera de Colchane.

Ante esta situación, es necesario tomar medidas decisivas. Una de las propuestas que han surgido es tipificar como delito el ingreso clandestino al país, otorgando además mayores facultades a las Fuerzas Armadas para actuar en la defensa de nuestras fronteras. Esta medida busca no solo frenar la inmigración irregular, sino también disuadir la operación de bandas criminales que aprovechan la falta de control en los ingresos para expandir su influencia en el país. Como Chile Vamos presentamos un paquete de 10 propuestas destinadas a fortalecer el control fronterizo y enfrentar de manera efectiva la creciente criminalidad y el crimen organizado. Estas iniciativas son un paso necesario para recuperar el control de nuestras fronteras y proteger a los ciudadanos y esperamos que sean consideradas por el presidente Boric.

Es urgente que el Gobierno, en lugar de mantener una postura condescendiente y romántica frente a la inmigración irregular, tome medidas concretas para proteger a la ciudadanía. Esto no significa cerrar las puertas a quienes buscan un futuro mejor en nuestro país, sino asegurar que el ingreso a Chile se haga bajo normas claras y estrictas, que impidan el asentamiento de redes criminales que ponen en peligro la seguridad de todos.

Para cerrar los espacios a la impunidad, el Estado debe actuar con firmeza. La creación de una Defensoría de las Víctimas, junto con la incorporación de una Fiscalía Supraterritorial, que fortalece con al Ministerio Público, con más fiscales. Si las personas cuentan con un abogado a su lado y si hay más fiscales para investigar delitos, es claro que denunciarán más. La solución pasa por acciones legislativas firmes y decididas, además de un gobierno que respalde a sus policías e instituciones. Solo así podremos comenzar a revertir la crisis de inseguridad que nos afecta y construir un país más seguro y justo para todos.