Krist Naranjo y un duro golpe a la descentralización
El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió destituir a Naranjo de su cargo por "notable abandono de deberes" y le prohibió ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.
Víctor Inostroza es investigador de Fundación P!ensa.
El 13 de junio de 2021, Krist Naranjo se alzó como ganadora en la Región de Coquimbo al ser elegida Gobernadora Regional con un contundente 61,96% de los votos en segunda vuelta. Esta victoria de la candidata independiente respaldada por el Partido Ecologista Verde, fue vista como un símbolo del triunfo de la independencia política en un momento en que la idea de alejarse de las estructuras partidistas estaba en pleno auge. En sus primeras declaraciones tras el triunfo, Naranjo afirmó: “Estamos desarrollando un estilo que es mucho más cercano a las personas”. Sin embargo, esa cercanía prometida rápidamente se distorsionó en una gestión marcada por el caos administrativo, el mal uso (y abuso) de recursos públicos y, finalmente, su destitución.
El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió destituir a Naranjo de su cargo por “notable abandono de deberes” y le prohibió ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años. El fallo fue claro al señalar que la ahora exautoridad “ha tenido una conducta reprochable éticamente al privilegiar intereses personales por sobre los generales”.
Uno de los cargos más graves que pesó en la decisión fue la deficiente ejecución presupuestaria. A mediados de diciembre de 2022 -sí, diciembre- Naranjo había ejecutado solo el 48,02% del presupuesto, lo que derivó en una ejecución apresurada de casi el 50% en el último día del año, alcanzando finalmente un 90%. Esta ejecución de última hora fue vista por el tribunal como una “excesiva tardanza” que no aseguró la eficiencia y eficacia en el manejo de los fondos públicos, exponiendo la falta de planificación y gestión por parte de la Gobernadora.
Otro punto crucial para su destitución fue el maltrato laboral. Naranjo despidió de manera irregular a catorce funcionarios, lo que resultó en demandas laborales que costaron al gobierno regional 37 millones en indemnizaciones. El Tricel no dudó en catalogar estas acciones como un abuso de poder y una falta de respeto hacia los derechos de los trabajadores.
Además, el Tricel criticó la falta de transparencia y el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de Naranjo en sus viajes internacionales a México, Argentina y Egipto. Estos viajes no solo carecieron de justificación adecuada ante el Consejo Regional, sino que también implicaron un gasto de más de 11 millones, inflado por multas por cambios de pasajes a última hora y viáticos excesivos.
El uso indebido del vehículo fiscal es quizás el ejemplo más llamativo de cómo Naranjo transgredió las normas básicas de probidad. Según el fallo, la Gobernadora utilizó el vehículo oficial para atender asuntos personales y familiares, como llevar a su hijo a diversos lugares. El testimonio de uno de los choferes fue lapidario al declarar que se sentía más como “un mayordomo” que como un funcionario público. A pesar de que inicialmente este cargo fue desestimado, dos ministros del tribunal lo consideraron lo suficientemente grave como para ser incorporado como una contravención a la probidad administrativa.
La promesa de una gestión cercana y libre de corrupción se transformó en una pesadilla administrativa que ha dejado a la Región de Coquimbo en un estado de incertidumbre. Proyectos clave como el Mercado del Mar y el centro de reciclaje en Las Cardas ahora enfrentan un futuro incierto debido a la inestabilidad generada por la mala gestión de Naranjo.
El caso de Krist Naranjo representa un duro revés para la descentralización en Chile, un proceso esencial en uno de los países más centralizados de la OCDE. Su gestión ineficaz no solo ha dejado a la Región de Coquimbo en la incertidumbre, sino que también socava la confianza en la capacidad de las regiones para autogobernarse. Cuando autoridades incompetentes fallan en su labor, se erosiona la legitimidad del proceso descentralizador, lo que podría llevar a que la ciudadanía y los tomadores de decisiones duden en seguir transfiriendo competencias y recursos a los gobiernos subnacionales. La descentralización no puede permitirse estos errores si queremos un país más equitativo y desarrollado.