El legado de AMLO

Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, está a días de terminar su mandato constitucional como presidente de México. Son 6 años de gobierno, sin posibilidad de reelección.
AMLO postuló varias veces a la presidencia demostrando gran resiliencia, hasta finalmente alcanzar la victoria en 2018. En el 2006 se dice que no ganó por fraude, el que habría favorecido al candidato del PAN Felipe Calderón. Esa duda nunca se disipó.

La carrera de AMLO es notable por su carisma y poder personal. En la política creo que hay dos grandes categorías de liderazgo: los institucionales y los personales. Sin perjuicio del factor personal básico que irradia a todas nuestras actividades, hay líderes cuyo poder radica y depende principalmente de ellos, siendo las instituciones secundarias. Claramente AMLO está en esa categoría. Fundó su propio partido en 2012, el MORENA, y endosó su popularidad a quien fue electa presidenta en junio pasado, Claudia Sheinbaum.

Toda su vida se esmeró en cultivar su popularidad y reputación, en lo que es quizá una mezcla de genuina preocupación por los más pobres con una clara noción del marketing político. En lo personal, desde su instalación en la presidencia adoptó una vida austera, renunciando a muchas prebendas del cargo. Junto con aquello, fortaleció los mecanismos de ayuda social, focalizados en los más pobres. Como consecuencia de dicha política, se estima que sacó a más de 5 millones de personas de la pobreza.

Durante todo su período, la regla general fue su conferencia matinal sobre los hechos del momento, la marcha de su gobierno y sus planes. Lo que se conoce como las “mañaneras” hicieron su figura omnipresente en todo el país.

Su sobriedad personal (aunque no en el aspecto discursivo) junto con su preocupación social, así como un intenso recurso a los medios y su implacable crítica y ataque a la élite tradicional, fortalecieron su popularidad, y, a pocos días de dejar el poder, lo tienen con más del 70% de adhesión personal. Eso se reflejó en los últimos comicios de junio que abarcaron la presidencia, 128 escaños senatoriales y 500 de diputados, así como los municipios de los 32 estados de la federación, incluyendo varias asambleas legislativas locales y 9 gobernaciones. El oficialismo arrasó con casi el 60% de los votos, quedándose con 7 de 9 gobernaciones en juego y con la mayoría parlamentaria. Considerando la experiencia regional reciente, es una hazaña que en una elección general el gobierno incumbente no sea desplazado.

AMLO por lo tanto y desde la perspectiva del apoyo popular, termina su mandato con un gran capital. Naturalmente la pregunta que surge es si hará uso de ese capital tras su retiro de la política (dijo que el 1 de octubre se iría a vivir a su rancho en su estado natal de Tabasco).
Por lo pronto lo sigue haciendo, impulsando unas controvertidas reformas constitucionales, aprovechando la instalación del nuevo congreso que en México se anticipa a la del o la presidente entrante.

La reforma más polémica y que ya fue aprobada en ambas cámaras, es la elección popular de todos los jueces federales, incluyendo los de la Corte Suprema (además de su reducción de 11 a 9). Esto se extiende también a los tribunales electorales. El nivel federal será seguido por los jueces estaduales. Este sistema reemplazará el actual de concursos y nominaciones. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Corte Suprema, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante.

Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Los ministros electos permanecerán en su cargo 8, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno. En cuanto a los jueces estaduales, permanecerán 9 años en sus cargos con la posibilidad de una reelección.
De más está decir que esta reforma generó una áspera discusión con gran movilización del oficialismo y de la oposición incluyendo a la Corte Suprema, la que acusó al presidente de querer destruir al poder judicial. Finalmente, en el senado pasó dramáticamente con el voto que faltaba de un senador del PAN (oposición).

La tensión generada se va a agudizar con la discusión legislativa de nuevas reformas. La próxima semana se verá la propuesta de AMLO de supeditar a la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo policial que creó con la intención de reemplazar a la policía federal, al ministerio de defensa.
Más adelante y si alcanza AMLO, se vienen cambios a diversas agencias autónomas. De no lograrlo, espera pasar la posta a su sucesora, quien hasta ahora se ha cuadrado con el apoyo y prioridad de estas reformas.

Con todo esto AMLO aspira a avanzar sustantivamente en lo que denomina la “cuarta transformación de México”. En su visión, las tres primeras vinieron de la mano de la independencia, la Guerra de la Reforma (Benito Juárez) y la Revolución (Porfirio Díaz). Ahora cree que es la oportunidad para dejar bien encaminados los objetivos de las fases anteriores como dar atención especial a los pueblos indígenas; acabar con la corrupción y los privilegios; que el pueblo sea libre y democrático; justicia social basada en las necesidades populares; distribución equitativa del ingreso y la riqueza, y la recuperación del papel del Estado en la economía.

Pero más allá de los objetivos y del activismo del presidente saliente, ¿cuál es su legado?

Ya mencionamos que sacó a más de 5 millones de personas de la pobreza. El problema es que eso se ha hecho fundado en ayudas sociales que han ido más allá de la recaudación fiscal. Eso ha impulsado un enorme déficit que en algún momento exigirá ajustes. Y como lo demuestran numerosas otras experiencias, si esas ayudas no vienen de la mano de un robusto crecimiento económico que amplíe la base tributaria y genere oportunidades laborales, más temprano que tarde se interrumpe el esfuerzo y generalmente una parte importante de esas personas que surgieron de la pobreza vuelven a ella.

La Venezuela de Chávez pasó por lo mismo. Hugo Chávez, aunque era mucho más locuaz, compartía muchas similitudes con AMLO. Ambos buscaron una conexión popular y la lograron en buena parte a punta de subsidios. Los une también su obsesiva fijación con la élite tradicional y su afán refundacional.

La diferencia es que uno se perpetuó en el poder, mientras el otro estaría circunscrito a un solo período.
Otra característica que comparten es que ambos usaron su capital electoral para debilitar la institucionalidad democrática, desde adentro y con sus reglas formales. Esto es quizá lo más pernicioso.

El partido MORENA y sus aliados ya controlan el ejecutivo nacional y buena parte de los estados y municipios del país. También es mayoría en ambas cámaras. Ahora acaba de asestar un golpe al poder judicial y si no lo copa con sus representantes, lo dejará fragmentado y sin mucho poder. Esto se parece cada vez más a la historia del Partido Revolucionario Institucional o PRI, que como bien lo indica su nombre, se institucionalizó en el control de todo el Estado.

Hay que decir que la elección popular de los jueces es una de esas reformas que en el papel se ve bien. Pero las experiencias de la región, como el caso de Bolivia, no son buenas. Se politiza la función jurisdiccional y considerando la penetración de los carteles en la política local, es muy factible que pongan a su gente o coopten candidatos a jueces. Si antes corrompían o amenazaban a los jueces designados, ahora tendrán a potenciales colaboradores revestidos de legitimidad electoral, lo que hace más difícil ir contra ellos, más aún cuando la comisión a cargo de la probidad judicial también será electa.

En materia de seguridad, la penetración del crimen organizado no ha cesado, y en este ámbito, la estrategia de AMLO fue un total fracaso y México ha avanzado en el camino de convertirse en un narcoestado, que además extiende sus tentáculos a toda la región con sus carteles. Sheinbaum tendrá que tomar duras decisiones para revertir este contexto y seguramente se pondrá mucho peor antes de mejorar.

En materia económica, digamos que AMLO ha despilfarrado buena parte de las oportunidades que el reordenamiento productivo mundial está provocando. A México le ha ido bastante bien, pero podría haberle ido mucho mejor. Su política energética y un mayor rol estatal, incluso revirtiendo privatizaciones, ha impactado en las inversiones. También el auge criminal. Sus reformas constitucionales y la crítica posición de Estados Unidos y de Canadá a las mismas podría amenazar la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se debe revisar el 1 de julio del 2026.

En suma, AMLO está tratando de dejar “todo atado y bien atado” (frase de Francisco Franco cuando pensaba que había marcado el derrotero institucional de España para después de su partida). Si esto resulta o no dependerá principalmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá implementar las reformas con leyes. Ella podría frenar o diluir estos cambios con su bajada legal. Habrá que ver si tiene el peso propio para hacerlo, porque tendrá encima a AMLO, quien podría convertirse en su peor opositor.

Como todo gobierno, el de AMLO tiene luces y sombras. En mi opinión su mayor oscuridad es el debilitamiento que ha generado a la institucionalidad democrática y que podría sufrir aún más con la implementación de sus reformas constitucionales.

En otra similitud con Chávez, los efectos de sus acciones podrían verse en varios años más, y no estar ahí a la hora de asumir la responsabilidad.

El tiempo y los mexicanos dirán.