Cámara de Diputados aprueba segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco
Los parlamentarios cuestionaron la labor desarrollada por la ex magistrada, puntualizando que fue removida del máximo tribunal por "atentar contra los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial".
La Cámara de Diputados aprobó por 131 votos a favor y 1 abstención (María Luisa Cordero) la segunda acusación constitucional en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
El libelo da cuenta que Vivanco entregó indebidamente información por causas vinculadas a miembros de las FFAA y Carabineros, tuvo influencia en el nombramiento de jueces, entregó consejos procesales para la integración de una Sala Penal y su participación en irregularidades en una causa relacionada a Codelco.
Juan Carlos Manríquez, abogado de Ángela Vivanco, recalcó que no revisaría nuevamente los argumentos presentados en la acusación anterior, pero puntualizó que, tanto su fundamento como el cuaderno de remoción visto en la Corte Suprema, se basaron en evidencia sacada de procesos pendientes.
Por su parte, los parlamentarios cuestionaron la labor desarrollada por la ex magistrada, puntualizando que fue removida del máximo tribunal por “atentar contra los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”.
Daniel Manouchehri (PS) aseveró que “la élite no se da cuenta de la indignación que se acumula en el pueblo cuando ve que la impunidad en Chile se compra”.
“Esto se hace con juezas corruptas como Ángela Vivanco, que manipulan la justicia y participan de operaciones impropias”, agregando que Añadió que el caso Hermosilla reveló “la pudrición que hay en las instituciones y la pregunta de fondo es ¿qué recibía la señora Vivanco a cambio de actuaciones corruptas? ¿tenía tarifario en sus fallos? ¿hay más jueces corruptos? (…) son preguntas que esperamos que la justicia pueda responder”.
En tanto, Johannes Kaiser (IND) declaró que que reformar el sistema de nombramientos judiciales y despolitizarlo, apuntando que “hay que alejar a los políticos de los jueces y dejar a los jueces que no son corruptos (…) la institucionalidad se protege cuando salen todos los corruptos”.