Quedó en prisión: quién es el hombre que tomó a una trabajadora de AFP Provida como rehén
Marco Antonio Solís es el hombre de 55 años que protagonizó la toma de rehén de una trabajadora en Las Condes.
El hombre tuvo a la trabajadora como rehén por más de seis horas. AGENCIA UNO.
En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la formalización de Marco Antonio Solís, que este lunes tomó de rehén a una trabajadora de la AFP Provida, en Las Condes, luego de que se le negara la entrega de los fondos de la pensión de sobrevivencia, ascendente a un millón de pesos, ya que recibía una asignación de $500.
El hombre, de 55 años de edad, llegó a primeras horas de la tarde del lunes a las oficinas de la AFP Provida ubicadas en la avenida Apoquindo, entre las calles Málaga y Asturias, pero al no conseguir su propósito extrajo de un bolso un cuchillo carnicero, con el que procedió a amenazar a una cajera, a la que mantuvo como rehén.
Rápidamente se dio aviso a Carabineros, que llegó al lugar junto con un equipo del GOPE y personal de seguridad municipal, además de equipos de emergencia.
Luego de una negociación que se prolongó por más de seis horas, el hombre depuso su actitud, liberó a la trabajadora y fue detenido por los efectivos policiales.
Tras ser liberada, la afectada fue llevada en ambulancia al Hospital del Trabajador para recibir la atención médica correspondiente y constatar lesiones. En ese lugar recibió una licencia médica, tras lo cual se dirigió a su casa, donde permanece junto a su familia.
Por su parte, el hombre, que había enviudado en 2019 y deseaba acceder a la pensión de sobrevivencia de su esposa, quedó detenido hasta que este martes se procedió a su formalización.
Su defensora, Martina Leiva, explicó a La Tercera que Marco Antonio Solís Castro es padre de cuatro hijos y tiene dos nietos, tiene como residencia Conchalí y está cesante hace dos años, apuntando que enfrenta un cuadro de depresión severa, luego que su esposa se quitara la vida en 2019.
Pero estos antecedentes fueron rechazados por la jueza Andrea Osorio como atenuante, aseverando que “si cada persona que tiene un problema mental en este país cometiera un delito, todos tendrían justificación”.
