Al margen de las reglas
¿Debemos seguir financiando un canal de televisión que hace aguas desde hace años? ¿Tan valorable es en sí mismo tener una señal estatal, que las pérdidas millonarias pasan a segundo plano? O yendo incluso más allá: ¿debe el Estado seguir siendo propietario de un canal de televisión?
AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Raimundo Astaburuaga es Investigador Programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública.
La discusión parlamentaria para despachar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025 avanza a contrarreloj. Han sido varios los puntos y partidas de la ley en las que diputados y senadores se han enfrascado en debates, y el asunto del financiamiento a asignar a las empresas públicas ha salido nuevamente a flote en la discusión política y pública.
Según cifras de la Dirección de Presupuesto, a mediados de 2024 las deudas de las empresas públicas alcanzaron un monto de más de 30 mil millones de dólares, lo que supone un pasivo que equivale a más del 40% del PIB nacional. Y si miramos en retrospectiva, el escenario es aún más preocupante: entre 2010 y 2024 la deuda financiera bruta de las empresas públicas se ha casi triplicado, pasando de menos de 15 mil millones a llegar a 34 mil millones, en solo 14 años. Eso, sin contar la deuda del Gobierno Central, que a junio de 2024 llegó a más de 128 mil millones de dólares.
Las cifras son escandalosas, y pareciera no haber signos de mejoría, pero queda clara una vez más aquella máxima que tanto algunos insisten en desconocer: el Estado no es eficiente desarrollando actividades empresariales, y el resultado, casi siempre será en perjuicio de los millones de chilenos que financian dichas actividades fallidas, sin derecho a voz ni voto. Todos quienes pagamos impuestos somos accionistas forzados de empresas que sólo reparten pérdidas, pero eso pareciera no importar a la hora de seguir asignándoles presupuesto público.
Uno de los casos insignia de la grave crisis que viven las empresas públicas es el de Televisión Nacional de Chile (TVN). Solo en el primer semestre de este año, el canal público registró pérdidas por más de 10 mil millones de pesos, quintuplicando las pérdidas del año pasado en el mismo periodo. La señal, que en los índices de rating se mantiene en el cuarto lugar de los canales abiertos, detrás de sus tres competidores directos, acumula con ello pérdidas de más de 82 mil millones de pesos.
Mala administración, caídas en ingresos por publicidad, parrilla programática deficiente, miembros del directorio nombrados para pagar favores políticos, y sus altos sueldos, entre otros factores, son solo algunos de los ingredientes que han llevado a TVN a situarse como una (gran) piedra en el zapato para las finanzas públicas.
Sea cual sea la razón detrás, saltan múltiples cuestionamientos. ¿Debemos seguir financiando un canal de televisión que hace aguas desde hace años? ¿Tan valorable es en sí mismo tener una señal estatal, que las pérdidas millonarias pasan a segundo plano? O yendo incluso más allá: ¿debe el Estado seguir siendo propietario de un canal de televisión?
En la economía de mercado, todos los agentes que compiten lo hacen en igualdad de condiciones (al menos teóricamente), y aquél que lo haga en forma menos eficiente, o que derechamente no pueda subsistir por sí mismo, simplemente sale del mercado, quebrado. Las pérdidas que asuman serán carga de sus propietarios, aquellos que decidieron invertir y asumir los riesgos del negocio. Es bajo estas reglas que compiten otras señales como Canal 13, Chilevisión o Mega.
Si el negocio deja de ser rentable, simplemente quiebran, y ese es el incentivo por el que las empresas elaboran estrategias, buscan reducir costos y ofrecer mejores productos y servicios. Ahí está la singularidad del mercado: participan y compiten los más eficientes, aquellos que son preferidos por los consumidores.
Toda aquella teoría económica, explicada a muy grandes rasgos, queda en segundo plano, si es que no en tercero, al hablar de TVN (y en realidad, de casi cualquier empresa pública). No importa si es eficiente o no, si es competitiva en el mercado o no, si es viable económicamente o no, el canal tendrá siempre detrás al Estado, que con plata de todos los chilenos, continuará inyectándole dinero a pesar de todo. Y eso lleva a que el canal carezca de los incentivos que sí tienen las empresas privadas para no quebrar.
Es el círculo vicioso que se produce cuando el Estado pretende actuar como un empresario más, pero bajo reglas de juego distintas. “Si el Estado de Chile quiere mantener TVN, debe financiarlo vía presupuesto de la Nación”, señala Francisco Vidal, presidente del Directorio del canal. Quizá hay que recordarle al señor Vidal que cada peso que el Estado destina a su canal, es un peso menos que se destina a reducir las listas de espera, en invertir en educación para nuestros niños, o en mejorar las pensiones de los adultos mayores.
Ningún chileno merece que sus impuestos sigan siendo destinados a intentar salvar forados económicos de empresas que, bajo el alero del Estado, sólo reportan pérdidas. A veces el camino es dejar morir, o dejarlas en manos de privados que sí se mueven bajo los incentivos y reglas del mercado. Quizás ahí, en la tan desprestigiada “privatización”, está el remedio al dolor de cabeza que ha supuesto el canal público para las finanzas públicas.
